Carta a la directora: La música chilena necesita más que multas

Hace algunas semanas se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputadas y Diputados que busca endurecer las sanciones por incumplimientos a la denominada “Ley del Telonero”,  mecanismo de promoción cultural incorporado a la Ley de Fomento de la Música Chilena. La iniciativa contempla multas de entre 50 y 500 UTM para los organizadores de eventos que no incorporen artistas nacionales, como teloneros, en los conciertos beneficiados con la exención de IVA, y prohíbe las cláusulas que obligan a los teloneros a renunciar o devolver parte de sus ingresos por concepto de derechos de autor asociados a su presentación.

Su motivación es legítima y necesaria. Durante los últimos años se han revelado prácticas abusivas que contradicen el espíritu de la ley y que se deben rechazar sin matices como, por ejemplo, la exigencia a artistas nacionales de  transferir parte de sus ingresos por derechos de autor como condición para abrir conciertos internacionales.

Sin embargo, no se trata solo de sancionar: multas cada vez más severas no son, por sí solas, la mejor forma de promover la música chilena. Más allá de corregir las prácticas abusivas que puedan darse en casos puntuales, la pregunta de fondo es más ambiciosa: ¿cómo construimos un marco regulatorio realmente integral para un sector que, en un contexto económico exigente, es un aporte real a la cultura, al mercado laboral y al ecosistema creativo de Chile? 

La propia definición de la ley en cuestión del concepto de “telonero” revela una mirada formalista e insuficiente. Exige la participación de artistas nacionales, pero no fija estándares mínimos para sus presentaciones ni asegura un acceso real a la audiencia. Así, la obligación puede cumplirse de manera puramente simbólica: un músico que se presenta ante un recinto aún vacío cuando el público se programa para llegar al espectáculo principal, difícilmente accede a una instancia genuina de exposición, aunque la ley se dé por satisfecha.

Algo similar ocurre con la cuota de música chilena en las radios. Es una herramienta valiosa, pero la industria ha cambiado profundamente desde que se creó: hoy el descubrimiento musical ocurre principalmente en plataformas de streaming, redes sociales y algoritmos de recomendación, espacios donde un artista chileno compite en igualdad de condiciones técnicas con cualquier producción del mundo, pero sin ningún incentivo público que lo respalde. Una política de fomento moderna debería explorar mecanismos equivalentes para esos entornos −fondos de promoción digital, acuerdos con plataformas, apoyo a la distribución internacional− sin abandonar, por cierto, lo que ya funciona.

En ese sentido, la experiencia internacional nos muestra algunos caminos que podríamos seguir. Por ejemplo, Canadá complementa sus cuotas con programas permanentes de financiamiento para grabación, promoción y exportación; Francia suma incentivos tributarios y subsidios a la producción fonográfica; Suecia, Noruega y Australia han apostado por la internacionalización de sus artistas. En todos estos casos, el fomento no se limita a garantizar espacios de exhibición, sino que crea condiciones para que los músicos locales se profesionalicen, accedan a financiamiento y compitan con artistas internacionales en un pie de igualdad. Chile tiene masa crítica para aspirar a algo parecido: una escena musical activa, plataformas de distribución ya instaladas y un historial de exportación cultural que podría escalarse con la arquitectura de incentivos adecuada.

La música chilena (al igual que todas las industrias creativas locales) sí necesita políticas públicas activas y ambiciosas. No obstante, la verdadera medida del éxito no es cuánta música nacional suena, sino cuántos músicos logran construir carreras viables, generar ingresos estables y proyectar su trabajo más allá de nuestras fronteras. Por eso, antes de aumentar las multas, es necesario abrir una conversación más amplia sobre el fomento musical: una mesa de trabajo que reúna a los diferentes actores del ecosistema con la autoridad. De ese diálogo −y no de nuevas sanciones− surgirán las políticas que la música chilena realmente necesita.