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Chile tiene un problema de salud mental. Lo sabemos desde hace años, lo medimos, lo nombramos en discursos presidenciales y lo archivamos en informes.
Casi un tercio de la población mayor de 15 años ha tenido un trastorno psiquiátrico a lo largo de su vida, y solo el 38,5% de quienes reciben un diagnóstico accede a algún tipo de atención. Seis de cada diez personas diagnosticadas quedan sin tratamiento.
El cuadro varía según la edad. Según los datos de la Defensoría de la Niñez, entre 2020 y 2024 el suicidio pasó de ser la cuarta a la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. Y un 13% de los escolares reconoce haber contemplado la idea de terminar con su vida.
En los adultos de entre 30 y 39 años, la crisis toma otra forma. Son el grupo con menor satisfacción laboral y mayor prevalencia de síntomas moderados y severos de depresión. Uno de cada cuatro se siente solo. Son la generación que paga arriendo imposible, trabaja sin red de apoyo y construye vínculos por pantalla. La columna vertebral productiva del país se está quebrando en silencio.
En los adultos mayores, el problema se vuelve invisible. El 39,8% de las personas mayores de 60 años presenta depresión, Son los que trabajaron toda su vida esperando una vejez digna y llegaron a ella solos, sin lenguaje para nombrar lo que sienten y sin sistema dispuesto a escucharlos.
El hilo que conecta todos estos grupos es el mismo, Chile destina apenas el 2,4% de su presupuesto de salud a salud mental, frente al 6% recomendado por la OMS. Esa diferencia es la distancia entre un adolescente que recibe ayuda a tiempo y uno que llega a urgencias.
La salud mental ya no puede seguir siendo tratada como un problema individual. En una sociedad cada vez más demandante, donde el cansancio, la incertidumbre y la soledad forman parte de la experiencia cotidiana de millones de personas, el bienestar emocional se ha transformado en un desafío colectivo. Hacernos cargo de esta realidad es una responsabilidad compartida entre el estado y la sociedad. Porque no se trata solo de atender enfermedades, sino de construir un país donde vivir no signifique resistir permanentemente.
Las propuestas existen y son conocidas. Primero, triplicar el presupuesto en salud mental hasta alcanzar el estándar internacional, con foco en atención primaria y no solo en hospitalización. Segundo, instalar psicólogos en todas las escuelas del país, no como piloto sino como política permanente, porque los trastornos que se tratan a los 12 años no se hacen crónicos a los 30. Tercero, crear programas específicos para hombres adultos mayores, el grupo con mayor tasa de suicidio y menor tasa de consulta. Cuarto, regular el uso de redes sociales en menores con estándares vinculantes, no con recomendaciones voluntarias.
Vivimos una emergencia silenciosa, pero no inevitable. La salud mental puede mejorar cuando existen políticas públicas adecuadas, comunidades que acompañan y una sociedad que entiende que el bienestar emocional es tan importante como la salud física. Los diagnósticos están hechos y las herramientas existen. Lo que falta es convertir esa conciencia en acción. Porque un país que cuida la salud mental de sus habitantes también construye mejores oportunidades para vivir, aprender, trabajar y envejecer con dignidad.
