Adelanto del libro “Impunidad”, sobre el escándalo Penta-SQM y su visita a La Moneda: “Mire, compañero, el problema central de este país no es otro que la corrupción”

“Salí de La Moneda con una orden tácita: no presentar querellas contra todos los implicados. No se esperaba justicia, sino contención. Nadie lo dijo en voz alta. No hacía falta.

Unas horas antes una invitación inesperada me había llevado, por primera vez, al palacio. Yo no era un hombre de gobierno ni frecuentaba los pasillos del poder político. No pertenecía a ese mundo, aunque trabajara dentro del Estado. Mi lugar estaba más abajo, lejos de los salones, en una oficina con vistas al expediente. Entonces era subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, un cargo que debía ser técnico, pero que contenía una atribución sensible: la de querellarse por delitos tributarios. Por eso me habían convocado.

Imaginé —con una ingenuidad quizá impropia— que la conversación giraría en torno al alcance legal de las investigaciones sobre Penta y SQM, al papel que correspondía al servicio y al respaldo que requería para actuar. Hablamos de eso, sí. Pero no en los términos que yo esperaba.

Crucé las puertas de La Moneda con la sensación de estar ingresando a una réplica, no a un edificio vivo. Me hicieron pasar a una oficina en apariencia tranquila, donde el silencio se quebraba por el rumor de la calle que se colaba por una ventana entreabierta, más para dejar salir el humo del cigarro que para ventilar el aire.

La quietud aparente contrastaba con la tensión que sentí mientras escuchaba al alto funcionario que empezaba a hablar con lentitud con un lenguaje equívoco. En parte, sus palabras había que interpretarlas con cuidado para comprender lo que en realidad decía.

Algo conocía de la trayectoria de aquel hombre. Había hecho su aprendizaje político en la oposición a la dictadura, transitando por corredores donde la claridad era una desventaja. Ahora estaba sentado frente a mí, con semblante grave y unos ojos escrutadores, que parecían estar en constante evaluación de si era conveniente revelar o reservarse información.

—Mire, compañero —dijo con voz ronca y profunda, expulsando el humo gris del cigarrillo hacia el techo del despacho—, el problema central de este país no es otro que la corrupción. Desde el papel de las impresoras que se roban en los ministerios hasta las platas negras que circulan en campañas electorales.

Su mirada se detuvo en mí, para medir el efecto de sus palabras. Bajo su postura severa y comprometida con la institucionalidad, adivinaba el instinto de conservación de un orden que él mismo había ayudado a edificar durante la transición. Este era su hábitat.

—SQM no es solo un problema de delito tributario —agregó, bajando la voz—. ¿Cuáles otras sociedades han salido hasta ahora? —preguntó sin esperar respuesta, con un gesto de desagrado. Una de esas se constituyó precisamente para estas operaciones. Gran parte del Parlamento llegó ahí con estas prácticas. Toca el corazón del sistema. Persiga a todos si quiere, tiene la razón jurídica y moral. Pero si aprieta demasiado, el país colapsa. —Hizo una pausa, midiendo mi reacción—. No me malinterprete, no se trata de encubrir a nadie. Es política.

Lo observé con atención. Su semblante, entre preocupado y paternal, escondía la estrategia más antigua de la política: advertir el desastre para defender el statu quo. No lo movía la justicia, sino el equilibrio. Era claro que me habían citado para medir cuán flexible podía ser, si estaba dispuesto a alinearme. Querían confirmar que yo sabría aplicar el derecho con criterio político, no con rigidez técnica.

No se trataba de violar la ley, sino de administrarla. Era dosificar su aplicación, según el impacto que pudiera tener. Ese era el mensaje sin decirlo: el derecho no debía ser un obstáculo, sino una herramienta; la legalidad no se niega, se usa.

Y si una acción que se justificaba desde lo jurídico podía detonar un conflicto político mayor —o destapar hechos capaces de desestabilizar—, entonces debía ceder en nombre de la gobernabilidad. Esa era la lógica de fondo. Cuando el derecho choca con la conveniencia política, es el derecho el que retrocede.

Lo que se invocaba, aunque no se nombrara, eran las llamadas razones de Estado: la idea de que ciertos fines justifican omisiones, y que sostener el orden a veces requiere silenciar la verdad.

Escuchándolo hablar, pensaba que aquél hombre había sido una de las piezas en aquella transición pactada en silencio, en la que se entregó justicia a cuentagotas, para no arriesgar la gobernabilidad ni los equilibrios de poder, lo que supuso tolerar que hay quienes están fuera del alcance de la ley. Ahora se pretendía aplicar el mismo cálculo frente al mayor escándalo político de las últimas décadas.

—Yo estoy aquí para cuidar la institucionalidad, la estabilidad del gobierno y la presidencia —sentenció con firmeza.

Guardé silencio unos instantes, midiendo mis palabras antes de responder:

—Entiendo —respondí, sosteniendo su mirada—. Pero mi trabajo es técnico, no político. Si temen un colapso, propongan una amnistía y digan con claridad que el andamiaje institucional no resiste la verdad en este caso.

El alto funcionario me miró fijo, ahora con una mezcla de sorpresa y escepticismo, como si no esperara una respuesta tan directa y, quizás, imprevisible.

—Sabe que eso no va a ocurrir —respondió con voz áspera, apagando el cigarro en el cenicero sobre la mesa—. La política se trata precisamente de no decir ciertas cosas.

Una leve sonrisa apareció en su rostro, reflejando con claridad la ironía de la situación. Sabía que el orden político al que había contribuido estaba corrompido desde sus cimientos, pero ni él ni los demás partícipes podían permitirse admitirlo en público. Mucho menos cambiarlo. Hacerlo habría sido un acto suicida.

—No nos veamos la suerte entre gitanos —dijo, dejando en claro que comprendíamos con exactitud el alcance del teatro que se nos exigía representar. Sabía que yo había entendido. Ambos lo habíamos hecho. No había que explicitar nada. Aquel era el límite: la frontera trazada entre lo que podía denunciarse y lo que debía mantenerse enterrado.

No podía culparlo. Cumplía, a su manera, con el deber que creía superior: proteger el orden, mantener el equilibrio, impedir que el edificio colapsara. La corrupción podía tolerarse, lo intolerable era el escándalo. Algunos nombres podían ser arrojados a la hoguera mediática, convertidos en chivos expiatorios útiles para ofrecer la prueba pública de que «las instituciones funcionan». Pero esas llamas no debían alcanzar jamás las vigas estructurales, aunque llevaran años carcomidas.

El problema no se limitaba a una administración, alcanzaba a altas autoridades del propio gobierno y a figuras de casi toda la clase política. El financiamiento ilegal atravesaba los partidos sin distinción, y lo que se articulaba no era una defensa gubernamental, sino una estrategia transversal de contención de daños. Una forma compartida de administrar los límites de lo permisible y preservar un equilibrio que ya nadie se atrevía a poner en cuestión. En ese contexto, una investigación sin interferencias era simplemente impensable.

«Van a tapar el sol con un dedo», terminé diciéndole. Pero, claro, en la política que conocemos, esa ilusión puede convertirse en realidad. Si se controlan los medios adecuados —el relato, los tiempos, los símbolos— es posible imponer una versión de los hechos, aunque contradiga la realidad.

Esa era la apuesta: no negar lo ocurrido, sino reducir su visibilidad, encapsularlo, administrarlo. La luz seguiría ahí, pero si se orientaban bien las sombras, tal vez nadie la vería del todo.

La reunión fue breve, pero suficiente. No hubo amenazas, solo advertencias disfrazadas de razonabilidad. En parte, había ido a La Moneda buscando respaldo para aplicar la ley con independencia, sin excepciones por color ni por cargo. Con el tiempo comprendí que eso no era más que una ilusión. Nadie pidió de forma explícita que me detuviera. Solo se dibujó con precisión el contorno del terreno en el que podía moverme. Delimitado, funcional, conveniente. Era el cerco impuesto por el realismo político, la frontera implacable entre lo deseable y lo factible. No eran los dineros para financiar candidaturas lo más perturbador, sino el pacto tácito que daba a todo aquello la forma tranquila de lo normal.

Yo podía entender sus razones sin por eso hacerlas mías. Sabía demasiado bien lo que estaba haciendo.

Para quienes habitaban la política institucional, el dilema no era solo jurídico ni moral: era también sistémico. Investigar hasta el fondo significaba arriesgar no solo carreras, nombres o partidos, sino exponer la fragilidad completa del edificio político levantado durante la transición. Sacrificar lo indispensable para impedir que el conjunto no se viniera abajo era, para hombres como él, la forma madura de ejercer el poder.

Visto así, su razonamiento podía revestirse de una lógica reconocible. No era la ética de la verdad a cualquier costo, sino la de quien se siente obligado a responder por las consecuencias de lo que desata. Si se empujaba demasiado podía abrirse una crisis de tal magnitud que el deterioro de la institucionalidad terminara siendo aún peor que la impunidad parcial. El escándalo Penta-SQM no amenazaba solo a determinados culpables; rozaba la legitimidad del pacto de la transición, porque mostraba hasta qué punto el dinero había penetrado de manera transversal la política chilena.

Pero ahí estaba también la trampa. Porque cuando la responsabilidad se separa por completo de la convicción, degenera en simple administración del daño; y cuando la prudencia política se vuelve excusa permanente, la verdad empieza a parecer un lujo inconveniente. Se deja entonces de buscar justicia en serio y se pasa a gestionar sus apariencias. No para corregir el sistema, sino para preservarlo aun a costa de tolerar que una parte de la verdad quede sepultada.

Tal vez ese era el dilema de aquel alto funcionario. No era que ignorara el problema, sino que lo comprendía demasiado bien y, por eso, había decidido que no debía llegarse hasta el fondo. En su cálculo, proteger el orden exigía aceptar una cuota de turbiedad. En el mío, aceptarla era ya una forma de corromperlo.

Pero mientras ese alto funcionario todavía hablaba de cautela, en otra parte ya se estaba decidiendo otra cosa. Otras mentes, más implacables, delinearon un plan más cerrado, orientado a una impunidad más amplia: detener las querellas del servicio, sellar cualquier verdad nueva bajo un pacto de silencio y permitir que solo algunos que estaban ya expuestos cargaran con el costo. Ese diseño, impuesto por quienes conocían cada resquicio del juego, no me era del todo ajeno. Aun así, conservaba la esperanza de que era posible resistirlo desde dentro.

La luz del atardecer, en aquellos primeros días de abril de 2015, descendía amarilla y polvorienta sobre las fachadas antiguas del centro de Santiago. Caminaba hacia Teatinos repasando cada palabra oída en aquella oficina de humo y cautela.

No modifiqué mi curso de acción. Continué impulsando la presentación de las querellas necesarias, aquellas que tocaban nombres considerados intocables.

Poco tiempo después de aquella reunión en La Moneda, la crisis estalló. La indignación pública empujó a la presidenta Michelle Bachelet a pedir la renuncia del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y del ministro de Hacienda, Alberto Arenas. En ese reordenamiento, llegó un nuevo titular a Hacienda y al Servicio de Impuestos Internos. Una de sus primeras instrucciones fue clara: yo debía salir. No hubo explicaciones ni necesidad de ellas.

Había que apartarme del camino, sustituirme por alguien funcional a la estrategia de impunidad.

Ese día volví a casa con la certeza de que mi vida no seguiría igual y que no saldría indemne de esta historia. Tuve la conciencia de que, pese a todo, no podría permitirme guardar silencio ni ceder. Hacerlo habría sido convertirme en alguien que nunca fui. Porque hay decisiones que, una vez asumidas, ya no permiten otra forma de estar en el mundo.

Pero esta historia no empezó en La Moneda. Se originó meses antes, en Penta”.