Política
30 de Junio de 2026¿Boomerang en el proyecto “antipitutos”? Iniciativa del diputado Meza (republicano) pone bajo la lupa designaciones en el gobierno de Kast
El diputado José Carlos Meza reingresó el pasado 16 de junio un proyecto que busca evitar el ingreso de familiares de autoridades a cargos públicos, el cual contiene un artículo retroactivo que obligaría a actuales funcionarios que tengan algún parentesco a acreditar su idoneidad profesional. La iniciativa ha causado ruido en sectores del oficialismo ya que en la actual administración existen algunos casos que podrían verse afectados.
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“Una vergüenza para Chile”. Así fue como José Antonio Kast calificó —en marzo del año pasado cuando aún era candidato a La Moneda— el rechazo de la Cámara de Diputados a un proyecto de ley que él mismo ingresó en su etapa de diputado y que bautizó como “antipitutos”.
La iniciativa buscaba evitar el ingreso de familiares de autoridades a cargos públicos. Así, planteaba establecer una inhabilidad por ley para quienes tuvieran la calidad de cónyuges, conviviente civil o de hecho, hijos, parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad respecto del Presidente de la República, senadores, diputados, alcaldes, consejeros regionales, gobernadores, ministros y subsecretarios.
Con su rechazo, el proyecto “antipitutos” quedó archivado por un año en la Cámara hasta que el pasado 16 de junio el diputado Meza decidió reingresarlo para su tramitación. La iniciativa, además, ahora cuenta con un apoyo que va desde el PDG hasta los libertarios, al tener además las firmas del RN Francisco Orrego, el independiente en cupo republicano Stephan Schubert, el libertario Pier Karlezi y los PDG Patricio Briones, Flor Contreras y Alex Nahuelquín.
“Los chilenos esperan que quienes ingresen al Estado y lo hagan por sus capacidades y no por sus apellidos. Este proyecto busca cerrar espacios que hoy permiten prácticas que deterioran la confianza pública y debilitan nuestras instituciones“, señaló Meza al respecto en un artículo de El Mercurio del pasado fin de semana.
Cercanos al diputado indican que ha solicitado al Gobierno que le dé urgencia a la tramitación del proyecto y descartan que esto se haya coordinado previamente. Sí mencionan que el legislador había transmitido que esta era una iniciativa que pretendía reactivar.
El ruido en sectores del oficialismo y los casos que se podrían ver afectados al interior del Gobierno
La iniciativa “antipitutos”, no obstante, ha provocado ruido en sectores del oficialismo y La Moneda: comentan que si bien el proyecto tiene un espíritu y finalidad que es valorada, puede terminar poniendo bajo la lupa las designaciones que el propio Presidente José Antonio Kast ha realizado dentro de su gobierno.
Lo anterior, ya que al interior de los partidos identifican distintos funcionarios que mantienen alguna relación de parentesco con alguna autoridad.
Ese es el caso del director de programación de Presidencia, Antonio Barchiesi, quien es hermano de la diputada republicana Chiara Barchiesi y que ha sido una de las personas más cercanas al mandatario al acompañarlo desde su primera campala presidencial.
En el Segundo Piso, además, el jefe de los asesores y mano derecha de Kast, Alejandro Irarrázaval es tío del subsecretario de Justicia y exconsejero constitucional republicano Luis Silva Irarrázaval. Por su parte, el asesor Álvaro Bellolio —a cargo del área de seguimiento de políticas públicas— es hermano del alcalde de Provicencia, Jaime Bellolio, ambos militantes UDI.

En el sector, asimismo, mencionan el caso del embajador Juan Antonio Coloma, nombrado como representante en España, ya que uno de sus hijos, Jaime Coloma, actualmente es diputado. En esa línea, hay quienes plantean que la complicación es a futuro ya que esto inhabilitaría nombrar a otro Coloma, como el actual secretario general de la UDI —homónimo del embajador— en el gobierno.
En La Moneda, en tanto, es recordado que una histórica asesora de José Antonio Kast, la periodista Carolina Araya —hermana del diputado Cristián Araya—, quien ejerció como su jefa de gabinete durante su última campaña presidencial, finalmente no entró al gobierno.
Quienes la conocen señalan que en su caso hubo dos factores que confluyeron: su posnatal legal que finalizó hace solo unas semanas y una convicción personal conversada hace tiempo en privado con el mandatario de no ser contratada en La Moneda. Lo anterior, como una forma de dar una señal de probidad, en línea con el mensaje de evitar que parientes de autoridades asuman en la administración del Estado. Araya, de hecho, actualmente ejerce como encargada de comunicaciones del Partido Republicano.
En el oficialismo, por otro lado, recuerdan que esta fue una discusión que se dio en la etapa previa a asumir en el gobierno, en la denominada Oficina del Presidente Electo, cuando hubo quienes plantearon que Johannes Kaiser no podía ser una alternativa para el gabinete al ser hermano de la senadora electa Vanessa Kaiser.

La norma no escrita, sin embargo, no se puso sobre la mesa cuando asomó el nombre del senador electo Rodolfo Carter para liderar la cartera de Seguridad, pese a ser hermano del diputado republicano Álvaro Carter.
“La prohibición no se aplicará cuando…”
Otros en La Moneda, no obstante, desdramatizan la iniciativa reimpulsada por el diputado Meza y destacan que esta contiene una redacción que evitaría que algunos se vean afectados.
Esta dice: “Con todo, esta prohibición no se aplicará cuando se acredite idoneidad profesional del postulante, mediante un proceso de selección en cuyas etapas no haya intervenido la autoridad con la cual existe el vínculo. Además se deberá dejar constancia escrita de su vínculo de parentesco o afectivo. En caso de controversia sobre el cumplimiento de este requisito, corresponderá a la autoridad vinculada acreditar su no intervención”.
La iniciativa, además, es retroactiva, ya que incluye un artículo transitorio que menciona que los funcionarios que, al momento de la entrada en vigor de esta ley, se encuentren en alguna causal de inhabilidad, “dispondrán de un plazo de seis meses para acreditar el cumplimiento de la excepción prevista (…) ante el jefe superior del servicio correspondiente, mediante la presentación de sus antecedentes curriculares y de la constancia de que la autoridad vinculada se abstuvo de intervenir en su proceso de selección o contratación”.



