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El 2 de marzo el ministro Carlos Montes declaró cumplida la meta del Plan de Emergencia Habitacional: 260.000 viviendas entregadas. La cifra es real. Lo que no dijo es que el propio Minvu mide el déficit habitacional del país en 552.046 requerimientos, según la Casen 2022. Cumplir la meta declarada y cerrar la brecha real son cosas distintas, y la política de vivienda las confunde desde hace tres gobiernos.
El informe “Pobreza y Vivienda en Chile” de TECHO-Chile, de junio, muestra el costado que ninguna meta contó: mientras la pobreza extrema bajaba en el resto del país entre 2022 y 2024, en los campamentos subía.
Y justo cuando se necesitaría más capacidad para llegar a esas familias, no menos, el primer llamado 2026 del subsidio DS49, el que las alcanza, se recortó 60%. El ministro Iván Poduje lo explicó con honestidad: casi todo el presupuesto ya está comprometido en deudas heredadas. Ningún gobierno parte de cero, respondió antes Montes a sus críticos, y tiene razón. Pero tampoco ninguno termina el trabajo si mide lo fácil de contar y recorta lo difícil de sostener.
¿Se cumplió la meta? Sí. ¿Se cerró la brecha? No.