“¿Cuánto pagas por un dato certero?”: El carabinero que usó su clave institucional para entregar una dirección a su primo y facilitar una golpiza

El 22 de noviembre de 2022, un hombre identificado en su teléfono como “Yiyo” le escribió a su pariente Rodrigo: necesitaba saber dónde vivía un desconocido.

No era una pregunta cualquiera. Del otro lado de la pantalla estaba Rodrigo Ignacio Valenzuela Parra, entonces carabinero del Retén Bonilla, en Chillán, con acceso a una plataforma policial capaz de entregar nombre, RUN, fecha de nacimiento, fotografía y domicilio de cualquier ciudadano.

Casi cuatro años después, ese intercambio de mensajes le costó una condena. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán lo declaró autor del delito de acceso ilícito a sistema informático con divulgación de información, y lo sentenció a 541 días de presidio, sustituidos por remisión condicional, además de la suspensión de cargo público mientras dure la pena.

El origen del caso, sin embargo, no partió por ese delito. Dos mujeres habían llegado al Retén Bonilla a denunciar a Valenzuela por hechos completamente distintos: presuntas irregularidades vinculadas a la Ley de Drogas, apropiación de dinero y especies en procedimientos policiales, y hasta cohecho. Ambas eran, según se estableció en juicio, parejas paralelas del carabinero.

A partir de esas denuncias, Asuntos Internos de Carabineros tomó contacto con la Fiscalía de Chillán, que impartió una orden verbal de investigar.

En ese contexto, Valenzuela entregó “voluntariamente” su teléfono personal, un Samsung Galaxy S21 Ultra, a los investigadores. El aparato fue enviado a LABOCAR Concepción para una extracción forense completa. Ahí, revisando la totalidad de la información recuperada, el equipo de Asuntos Internos se topó con algo que no estaban buscando: nueve capturas de una conversación de WhatsApp con su primo Christopher Nicolás Muñoz Ortiz, apodado “El Yiyo”.

La charla, leída íntegramente durante el juicio por el sargento Héctor Fuentes Gutiérrez, es el corazón de la causa. Empieza casi en broma: Yiyo saluda, Rodrigo no lo reconoce, intercambian emoticones de risa por el numero nuevo. Pero enseguida el tono cambia. Yiyo pregunta por la dirección de un sujeto y manda una foto. Rodrigo responde, medio en chiste: “Manda una foto con lo que pides para creerte”. Después pide más antecedentes: “¿Y de qué sector es ese loco?”. Yiyo contesta que no sabe, que eso es justamente lo que necesita averiguar.

Minutos más tarde llegó el dato. “Vive en Las Lomas”, escribe Rodrigo. Yiyo responde con una frase que terminaría siendo clave para la fiscalía: “Le voy a partir el pechi a ese hueón”. Lejos de frenar, el carabinero redobla: “Ya, espera. Voy a sacar la dirección que tiene en el Registro Civil”. Minutos después confirma: “Me sale esa misma dirección”.

La imagen que faltaba para cerrar el círculo apareció en otra de las fotos enviadas por WhatsApp: una captura de pantalla del “Sistema de Información Operativa” (SIO), la aplicación institucional que Carabineros instala en los celulares fiscales de quienes hacen patrullaje en la población. En ella se veía el rostro, el RUN, el nombre completo, el género, la fecha de nacimiento y la edad de Matías Enrique Solís Vera, la persona que Yiyo quería ubicar.

Un perito de LABOCAR confirmó la cadena de custodia y la integridad de la extracción del teléfono del carabinero. Y una diligencia paralela —un árbol genealógico armado con certificados del Registro Civil— estableció que Rodrigo y “El Yiyo” eran primos en segundo grado, unidos por una bisabuela común. El vínculo familiar, aparentemente un detalle menor, terminó siendo la prueba que explicaba por qué un carabinero accedería a hacerle ese favor a un desconocido para el sistema, pero no para él.

El debate de fondo, sin embargo, no fue si Rodrigo tenía o no clave para entrar al SIO. La tenía, y de forma completamente legítima, como cualquier funcionario que hace servicio de población. La discusión giró en torno a una frase de la Ley 21.459, la ley de delitos informáticos: el artículo 2 castiga a quien accede a un sistema “sin autorización o excediendo la autorización que posea“. La fiscalía sostuvo que usar credenciales válidas para un fin absolutamente ajeno al institucional —ubicar a alguien para que lo agredieran— es precisamente exceder esa autorización.

La defensa, representada por la Defensoría Penal Pública, apostó todas sus fichas a una lectura distinta: para que exista “acceso ilícito”, argumentó, hace falta que alguien vulnere una barrera técnica desde afuera, como un hacker. Un funcionario que ya tiene usuario y clave, sostuvo, simplemente usa lo que le dieron; si le da un mal uso, eso es a lo sumo una falta administrativa, no un delito. También intentó voltear toda la prueba alegando que la entrega del celular había sido para investigar otra cosa –drogas y coima– y que revisar las conversaciones de WhatsApp violaba garantías de privacidad.

Hoy Valenzuela ya no puede ejercer cargo público mientras dure la condena. El destino de “El Yiyo” y de la agresión que anunciaba en el chat no aparece resuelto en esta sentencia: la causa se centró exclusivamente en el acceso y la filtración de los datos, no en lo que haya ocurrido después con esa dirección entregada “excediendo la autorización” de una clave que, en teoría, era solo para el servicio.