Carta a la directora: La agenda legislativa del orden

La inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de las familias chilenas. El temor a la violencia, al narcotráfico, a las armas que circulan en los barrios forma parte de la vida cotidiana de miles de personas. Por eso es legítimo exigirle al Estado una estrategia clara y eficaz en seguridad, no solo señales y discursos grandilocuentes.

La seguridad fue la promesa central de la campaña de José Antonio Kast y, probablemente, la razón principal de su llegada al gobierno. Se anunció una conducción distinta, más firme, capaz de enfrentar el crimen con eficacia. Hoy, con el ministro Arrau en el cargo, se ha instalado la idea de que algo ha cambiado. Una de las formas en las que debiera expresarse este cambio es a través de su agenda legislativa; qué proyectos presenta y a qué proyectos le pone urgencia para su tramitación.

Y en esto no hay dos miradas. Lo que el Ejecutivo ha decidido acelerar no es una agenda contra el crimen organizado, sino una agenda de control del orden público: el Registro Nacional de Actos Vandálicos, la tipificación del ocultamiento de identidad en manifestaciones, el aumento de sanciones por atentados contra la autoridad, la ampliación de la legítima defensa para policías y militares fuera de servicio, la extensión de facultades policiales a las fuerzas armadas en el control del orden público durante estados de emergencia, incluso la rebaja de edad en materia de responsabilidad adolescente. Por decirlo de manera coloquial, se trata de restringir el espacio público y una conflictividad que le es propia más que gestionarla adecuadamente y con respeto a los derechos y libertades ciudadanas.

Parlamentarios y especialistas en derecho constitucional han advertido, una y otra vez durante la discusión de estos proyectos, que varias de estas iniciativas implican retrocesos en materia de libertades y garantías básicas, y que arrojan serios problemas de constitucionalidad. Así, el Tribunal Constitucional acaba de derribar el proyecto Escuelas Protegidas y probablemente haga algo similar con el registro para vándalos. Ante esa posibilidad el gobierno prefiere reformar la Constitución y consolidar el régimen de restricciones a derechos y libertades, un camino peligroso y que desvía la atención de los verdaderos problemas de seguridad; el narcotráfico y el conjunto de delitos que tributan a este negocio ilegal que van desde el contrabando de cigarrillos hasta el secuestro extorsivo y el sicariato.

Detrás de esta discusión hay algo más de fondo que vale la pena explicar bien. No se trata de medidas puntuales y aisladas, sino de una acumulación que, una a una, puede parecer razonable, pero que en conjunto configura un giro regresivo: más vigilancia, más facultades coercitivas, más control social y más espacio para que el Estado limite la protesta, la circulación y el ejercicio de derechos en el espacio público. Cada iniciativa legal va naturalizando la idea de que la respuesta frente a la conflictividad social es reducir derechos en lugar de gestionarla con garantías para todos. Ese desplazamiento, paso a paso, de la incivilidad puntual a la restricción permanente, es precisamente el terreno donde germinan los retrocesos democráticos: no porque cada ley, vista de manera aislada, sea gravísima, sino porque juntas dibujan una misma dirección, la de un Estado que prefiere controlar el desorden antes que abordar las verdaderas causas de la inseguridad, y que en ese camino va erosionando, sin decirlo, el espacio público que sostiene la vida democrática.