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8 de Julio de 2026

Exdirector del SII critica invariabilidad en megarreforma: “El gobierno se arriesga a que lo lleven al TC porque no cumple el principio de legalidad”

Ricardo Escobar llamó a flexibilizar los años de invariabilidad en favor de un acuerdo. “A unas inversiones les daría 20 años y a otras, 10. Y con eso se destraba el enredo político y logro tener un gran acuerdo. Creo que es mucho más importante aprobar este proyecto con un 75% de los votos, que afirmarse a una tontera”.

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Una crítica mirada al articulado de invariabilidad tributaria contemplado en el proyecto de ley de Reconstrucción, entregó el abogado tributario y ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Ricardo Escobar. “El gobierno se arriesga enormemente a que lo lleven al Tribunal Constitucional (TC) porque estas normas son insuficientes, no cumplen el principio de legalidad que tiene la Constitución”, afirmó.

El especialista sostuvo que si bien la norma es bien intencionada, hay varios aspectos que no están bien especificados del funcionamiento del proceso, de quién y cómo se aplicará. Comentó que el articulado “no está suficientemente bien escrito. Si yo fuera asesor de la oposición buscaría botar este proyecto por insuficiencia normativa, no están bien definidas las bases, no están bien definidos los sujetos. El gobierno debe poner atención, me parece que los que escribieron esto han subestimado la parte técnica”.

Cabe recordar que en el proyecto se propuso una invariabilidad tributaria para todos los proyectos de inversión sobre US$50 millones, tanto de nacionales como extranjeros, por 25 años, tema que ha sido criticado por la oposición, incluso con la advertencia de recurrir al TC.

Escobar expresó sus dudas sobre el monto del proyecto para acceder a esta invariabilidad indicando que US$50 millones puede referirse a la compra de dos camiones; a que no existe claridad respecto del contenido de los contratos con los inversionistas que deseen acogerse; qué oficina gubernamental lo gestionará porque puede producirse un atochamiento de interesados, entre otros. Sostuvo, por ejemplo que no está claro si esta invariabilidad es para nuevos proyectos o para ampliaciones de obras, “¿si el proyecto es una desaladora, es la desaladora la que entra? ¿cómo se definirá la renta? Obligará a una ingeniería legal muy extraña”.

Remarcó que así como éste, hay muchos aspectos técnicos que no están claros como quién determinará la base de los proyectos que ingresen a la invariabilidad, cómo funcionará el arbitraje y la protección de inversiones extranjeras, y por qué en el caso de los chilenos se dirige a la persona natural. “No conozco a nadie que como persona natural haga una inversión de US$50 millones”, acotó.

También sugirió allanarse a negociar la duración de la invariabilidad para lograr un apoyo legislativo más amplio porque acotó que no todas las inversiones requieren 25 años: “a unas inversiones les daría 20 años y a otras, 10. Y con eso se destraba el enredo político y logro tener un gran acuerdo. No se necesita esta especie de dogma allá adentro, no le veo sentido económico a la decisión. Creo que es mucho más importante aprobar este proyecto con un 75% de los votos, que afirmarse a una tontera”.

El abogado fue parte de una mesa de discusión en el seminario organizado por Marsh sobre “Minería y Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico”, junto al exsubsecretario de Minería y especialista en regulación ambiental, Ricardo Irarrázaval, moderado por el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino.

Dudas ambientales del proyecto

Irarrázaval se refirió a los aspectos medioambientales que propone el proyecto de Reconstrucción, cuyo articulado fue votado ayer en particular por la comisión de Medio Ambiente del Senado. Explicó que el objetivo de la propuesta es racionalizar la normativa, aunque cree que el texto no se hace cargo de cambiar la sustancia de la normativa ambiental que es muy amplia, manifestando que ello se está abordando en otro proyecto que fortalece la institucionalidad ambiental que está en la Cámara de Diputados.

Sugirió precisar ciertas nociones como aquella que se refiere a que la ampliación de un proyecto debe reingresar al sistema de evaluación si hay “un cambio sustantivo de impactos”.

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