Contraloría acredita responsabilidad de concejala Bonvallet por acoso laboral y vulneración de probidad: antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público 

La Contraloría General de la República concluyó un sumario administrativo instruido en contra de la concejala de Ñuñoa Daniela Bonvallet (ind.-RN), y acreditó su responsabilidad administrativa por actos constitutivos de acoso laboral y vulneración grave al principio de probidad administrativa, a raíz de una denuncia en su contra presentada en 2025 por una exasesora.

En concreto, se trata de la denuncia presentada por Jimena Covarrubias Ugarte, quien acusó que Bonvallet le exigió el pago de $1 millón del sueldo de sus primeros dos meses como asesora como condición para el acceso a esa fuente laboral y para la mantención de ese empleo, además de requerir diversos préstamos de dinero.

Dicha denuncia fue dada a conocer por Ciper en agosto de 2025, mientras que en enero pasado, la Contraloría formuló cargos en contra de Bonvallet justamente por haber infringido gravemente el principio de probidad administrativa, al ejecutar actos constitutivos de acoso laboral en perjuicio de la exasesora.

En el oficio en el que Contraloría dio cuenta de esa formulación de cargos, al que tuvo acceso The Clinic, se acusó que Bonvallet sometió a Covarrubias a “un permanente menoscabo”, lo que perjudicó “su situación laboral y sus posibilidades en el empleo”.

Cabe señalar que la denunciante fue destituida de la Municipalidad de Ñuñoa en mayo de 2025, tras solicitud de Daniela Bonvallet.

“Eventual existencia de hechos que revisten caracteres de delito”

Tras acreditar la responsabilidad de Daniela Bonvallet en los actos de acoso laboral y vulneración de probidad, la Contraloría instruyó al Secretario Municipal poner los antecedentes en conocimiento del Concejo Municipal.

Y es que dicha instancia, de acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica de Municipalidades, puede resolver una eventual inhabilidad o cesación del cargo de Daniela Bonvallet.

Asimismo, el ente fiscalizador remitió los antecedentes al Ministerio Público, organismo que deberá determinar si corresponde iniciar una investigación penal.

“Remítase la presente resolución y los antecedentes del sumario administrativo de la especie al Ministerio Público, debido a la eventual existencia de hechos que revisten caracteres de delito”, se detalla en el documento del sumario administrativo de la Contraloría.