Cámara de Diputados aprobó la totalidad de la megarreforma y sólo envió un artículo a Comisión Mixta

Un buen día para el Gobierno. La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en el tercer trámite la megarreforma, y envió solo un artículo a Comisión Mixta. De esta forma, la gran totalidad del articulado está en condiciones de convertirse en ley.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el despacho de la iniciativa: “Estamos enormemente satisfechos, además, de que estas normas se han aprobado por un amplio margen, con apoyos transversales que van mucho más allá de los partidos y parlamentarios del oficialismo. Con este proyecto se ha ratificado la necesidad imperiosa de que el país vuelva a tener competitividad tributaria para que vuelva a ser atractivo invertir”.

Por no lograr el quórum requerido, se rechazó el artículo 35, referido a las compensaciones al Fondo Común Municipal por los montos que dejarán de percibir los municipios por la eliminación del pago de contribuciones a los mayores de 65 años. Este artículo consagraba el aporte fiscal de 1,5 millones de Unidades Tributarias Mensuales (UTM), el cobro de derechos de aseo y patentes municipales.

En general, el proyecto se organiza en tres ejes: reconstrucción, impulsar el crecimiento y agilizar los permisos para proyectos de inversión.

En el primero se constituye un fondo de emergencia para aumentar los recursos destinados a la reconstrucción en las regiones de Ñuble y Biobío, contemplando una inversión de $400 mil millones para el plan de viviendas y $573.000 millones para obras de desarrollo urbano como reposición de servicios, vialidad y parques.

El segundo eje agrupa las medidas tributarias como la baja gradual del Impuesto Corporativo del actual 27% hasta 23% en un plazo de cuatro años sin compensación por los menores ingresos; la invariabilidad tributaria para nuevos proyectos desde US$50 millones por 10 años, y hasta por 20 años para inversiones sobre US$350 millones.

A esto se suma la eliminación del IVA en la venta de viviendas nuevas durante 12 meses, que también incluye a bodegas y estacionamientos.

En esta materia, también se estipula una exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años. Este punto ha generado preocupación en los municipios, debido al eventual impacto que tendría sobre la recaudación local, especialmente en aquellas comunas donde el impuesto territorial representa una fuente relevante de ingresos para financiar servicios y programas públicos.

Entre las medidas ambientales, la que levantó polémica fue la iniciativa que permite que una empresa solicite una indemnización al Estado si una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es anulada en tribunales. En paralelo, el proyecto incorpora el criterio de microlocalización en la evaluación ambiental, lo que implica considerar las características específicas del territorio donde se emplazan los proyectos, una medida que también ha generado debate entre actores del sector por sus eventuales efectos en la certeza jurídica y en la tramitación de nuevas inversiones.

En el plano laboral se modifica la franquicia Sence y se otorga a empresas de economía digital un crédito tributario por trabajador contratado de hasta 75 UF anuales, como incentivo a la formalización del empleo. Cabe recordar que en principio, se había propuesto un crédito tributario general para todos los trabajadores contratados, lo que fue criticado por varios especialistas porque el costo de la medida era muy alto (US$1.400 millones) y no había certeza de generar nuevos puestos de trabajo. El gobierno optó por acotar el beneficio.

Durante la sesión de la Cámara el diputado Marcos Barraza (PC) efectuó varias intervenciones de reserva de constitucionalidad respecto a la indemnización del Estado cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada, de los cambios al procedimiento y pertinencia de presentar Estudios de Impacto Ambiental, y el establecimiento de invariabilidad tributaria por 20 años.

Cuál es la ruta que sigue

Ahora, el Congreso deberá conformar la Comisión Mixta que deberá resolver el artículo 35, para luego ser refrendado por la Cámara de Diputados y el Senado.

Además, en paralelo, la oposición anunció la presentación de requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC) por esta reforma. De todas maneras, el TC debe realizar una revisión ad hoc de determinadas normas de quórum calificado.

También se ha señalado que el Gobierno estaría analizando la posibilidad de vetar algunas artículos como el pago de interés sobre interés (anatocismo) y el olvido financiero. Si fuera así, también ambas cámaras del Congreso deberán pronunciarse.

Superados estos trámites, el Ejecutivo estaría en condiciones de promulgar la ley, para enviar a Contraloría a toma de razón, y luego ser publicada en el Diario Oficial.