El papel clave del PDG en la aprobación de la comisión investigadora en contra de la exministra Steinert

Mientras el Gobierno mantiene desplegados a sus ministros y autoridades en las zonas afectadas por la emergencia climática, en el Congreso se vive una jornada clave por el tercer trámite de la megarreforma. Sin embargo, durante la mañana los diputados también abordaron otra votación que preocupa al Ejecutivo: la creación de una comisión investigadora para revisar las actuaciones de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

Con 62 votos a favor, 58 en contra y una abstención, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la iniciativa impulsada por parlamentarios de oposición e integrantes de la Comisión de Seguridad. Sin embargo, lo que llamó especialmente la atención en La Moneda fue que la propuesta prosperó con votos del Partido de la Gente.

Se trata de la misma colectividad que ha mantenido un rol clave para el Ejecutivo tenga luz verde en el avance de su programa de gobierno, como ha ocurrido con la megarreforma, que hoy se verá en tercer trámite en la Cámara y donde el PDG ya anunció su rechazo a algunas medidas, lo que provocará que sesiones una comisión mixta.

Esta vez, sus diputados fueron clave para que la izquierda lograra aprobar la comisión investigadora, la cual había sido rechazada la semana pasada al no lograr mayoría. Si bien en esa oportunidad la propuesta contó con votos RN —como los de Diego Schalper y Ximena Ossandón— esta vez los representantes de la colectividad oficialista votaron en contra, se abstuvieron o no estuvieron presentes en la Sala.

La arremetida se da justo cuando el Gobierno evalúa otorgarle una agregaduría a la exministra en alguna embajada. Si bien no lo han confirmado, fue el mismo canciller Francisco Pérez Mackenna quien reconoció que dicho movimiento está en etapa de análisis.

La aprobación de la comisión vuelve a instalar el foco sobre los antecedentes contenidos en el informe de Contraloría respecto de la actuación de Steinert. El organismo concluyó que la exministra excedió sus atribuciones al solicitar un informe reservado a la Policía de Investigaciones sobre un procedimiento específico, gestión que, según distintas versiones, derivó posteriormente en la salida de la entonces jefa de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, pocos días después de la instalación del Ministerio de Seguridad. Ese episodio fue interpretado por distintos actores como un eventual “ajuste de cuentas”.

Si bien el director general de la PDI, Eduardo Cerna, descartó a comienzos de abril que la remoción de Peña estuviera relacionada con la actuación de Steinert, señalando que se trató de una decisión adoptada por él mismo, el dictamen de Contraloría volvió a situar el caso en el centro del debate político y abrió un nuevo frente para el Ejecutivo.

Oposición celebra la ofensiva contra Steinert

El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, sostuvo que “es relevante y muy importante, en función del dictamen de la Contraloría General de la República, que establece que la exministra Trinidad Steinert, en el desempeño de su cargo, fue más allá de las atribuciones legales que le confieren la Constitución y la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública”.

La diputada del Frente Amplio Tatiana Urrutia, quien además integra la Comisión de Seguridad, afirmó que “gracias a las facultades fiscalizadoras que tiene el Congreso, hoy podemos contarle a Chile qué fue lo que sucedió en el Ministerio de Seguridad. Porque, para algunos, la seguridad es un eslogan, es jugar con las emociones de las personas. Para otros, en cambio, es un derecho que este Congreso debe garantizar”.

Por su parte, el diputado independiente-PPD Jaime Araya señaló: “Juntos logramos derrotar el blindaje que ha promovido el Gobierno, el Partido Republicano, para defender las actuaciones fuera de la ley de la exministra Steinert.No hay que olvidarse que los actos que se le reprochan a la exministra Steinert tienen que ver con interferir en causas de crimen organizado, en un momento donde el principal problema de nuestro país es la irrupción del crimen organizado”.

Asimismo, el diputado Boris Barrera (PC) sostuvo que “la ministra Steinert incumplió las leyes de la República y el dictamen de la Contraloría es inequívoco. La exministra ejerció atribuciones más allá de lo que le faculta la legislación, y eso es abuso de poder”.