¿Quién paga un rescate en la montaña cuando hubo imprudencia? Expertos proponen multas tras caso del “chino” en el Cajón del Maipo

Un amplio operativo de rescate se desplegó este miércoles en San José de Maipo, luego de que tres personas quedaran aisladas en la cordillera debido a las complejas condiciones provocadas por el sistema frontal que afecta a la zona central del país.

Luego de seis días de búsqueda por parte de autoridades locales y sus familiares, personal del GOPE de Carabineros rescató a Manuel Orellana, Martina Núñez y Magdalena Retamal del refugio en la montaña donde lograron sobrevivir estas seis jornadas, cerca de las Termas del Valle de Colina, su destino inicial.

Sin embargo, con las horas se fue conociendo que el operativo se tuvo que realizar netamente por la irresponsabilidad de las personas que quedaron aisladas.

No solo el auto en que llegaron tenía encargo por robo, sino que también su presencia en el lugar se dio luego de que el jueves las tres personas, que estaban carreteando en Peñalolén, optaran por continuar su fiesta en la montaña, pese a que ya se sabía de las múltiples alertas de las autoridades sobre los estragos que podía generar el sistema frontal.

Así, ahora se ha generado un debate en torno a todos los costos que implican este tipo de rescates y quiénes pagan la cuenta por ello.

¿Se le puede cobrar una multa a las personas rescatadas por el operativo?

La irresponsabilidad que implicó el caso de los tres extraviados en San José de Maipo llevó a que se abriera el debate sobre si se les debería haber cobrado a ellos por todo el costo del rescate.

Pero en la práctica, y pese a que hay mitos en torno a que a las personas rescatadas luego se les puede llegar a cobrar una multa por el operativo, al menos los organismos estatales no pasan la cuenta por estas acciones.

El jefe nacional de Socorro Andino, Claudio Prieto, explica que por ley solo hay tres organismos a nivel nacional acreditados para hacer rescates: Bomberos, Socorro Andino y el GOPE. Ninguno de ellos, asegura, cobra ni multa por los rescates.

Eso sí, comenta que hay ciertos sectores, como precisamente el cajón del Maipo, por ejemplo, donde el municipio establece que se debe avisar a Carabineros en caso de quienes quieren realizar deportes de montaña como escalada, y que si luego hay personas que no avisaron y además tuvieron un accidente, a ellas se les cobra una multa. Lo mismo en Las Trancas, en Chillán.

“Pero el cuerpo de socorro andino nunca lo ha hecho ni lo va a hacer. Porque nosotros somos, no es el fin de nuestra creación”, explica Prieto.

Y agrega: “Nuestra visión sobre esto es ayudar a personas que han caído en desgracia y no juzgamos si fueron o no fueron bien equipados, si fueron de noche, porque es un tema de mucha tela para cortar”.

Proponen multa a las personas que muestren una conducta imprudente frente a una situación de advertencia

Eso sí, Prieto menciona que de legislar en esa línea, debería ir ligado a la educación de las personas: “No sé legalmente cuál es la situación ahí, pero yo creo que legalmente puede haber algo algo que se puede hacer con ellos. Porque, claro, quizás no se llegó a los 100 millones de pesos que están diciendo ni implicó un costo mucho mayor para el Estado, pero sí se hizo un gasto bastante grande”, menciona.

Es por eso que se muestra de acuerdo con que “debería haber, en este caso específico, una multa para personas que incurrieron en una conducta imprudente frente a una situación de advertencia. Pero por lo mismo multaría a las personas que, ante marejadas costeras, van a la rambla, por ejemplo”.

Lo mismo propone el delegado presidencial Germán Codina: “Cuando la autoridad está diciendo por los medios de comunicación que vamos a tener un episodio crítico, de gran intensidad en la región, que está prohibido pasar desde San Gabriel hacia arriba, porque su integridad está en riesgo, esa persona deberá hacerse responsable al menos de los costos del rescate”.

En esa línea, añadió que “cuando esa persona viola todos estos preceptos y te demuestra que su irresponsabilidad es todavía mayor a todas estas alertas, esa persona debe ser sancionada, pagando los costos asociados a lo que significó el rescate”.

¿Cuánto desembolsa el Estado por cada rescate?

Si bien funcionarios municipales y locales han estimado que el costo total del rescate habría sido de más de $100 millones, la cifra no es compartida por expertos en montañismo.

El jefe nacional de Socorro Andino, por ejemplo, menciona que el arriendo de un helicóptero en Chile sale como $2,5 millones por hora, y que según el cálculo que ha hecho sobre el costo por hora de sus rescatistas, en el caso de uno especializado son $40 mil por hora, mientras que un recién egresado podría ser $25 mil por hora.

Así, calcula, si hubiera sido un rescate de diez horas, habrían sido poco más de $25 millones, considerando que se activó a los organismos de rescate de emergencia el martes en la noche y el operativo se hizo en un solo día (el miércoles).

De todas formas, menciona, dado que se supone que los habrían estado buscando días antes, quizás los recursos a los que se aluden son por parte del municipio y otros organismos. “No sé en qué se habrá basado para ese cálculo. Habría que pedir que lo desglosaran y que lo explicaran bien”, comenta.

En todo caso, Alfonso Kaiser, profesor de riesgos del Master of Engineering Management de la Universidad de los Andes (Uandes), explica que el cálculo incluye factores que no siempre son visibles, como la mantención futura, los repuestos y la depreciación de las aeronaves.

“Básicamente, todo tiene un costo. Hay material que se desgasta, hay material que utilizas, sobre todo de vuelo, que necesita por cada hora de vuelo, hora de mantención, necesita repuesto. Hay costos de operación los cuales están dados por estándares internacionales, pero que son bastante dispares porque algunos toman la mantención a futuro y la depreciación de la aeronave”, explica.

En esa línea, según la estimación del experto, considerando la extracción de las personas, la participación del GOPE y el despegue de un helicóptero desde el aeródromo de Tobalaba, habría significado entre $15 millones y $20 millones.

Sin embargo, menciona que si el mismo procedimiento hubiese sido contratado a un privado, el valor no bajaría de $40 millones.