Del acuerdo en La Serena a la amenaza de un quiebre: la cronología de la crisis del municipalismo por la megarreforma

“Nunca más un Gobierno nos puede dividir”, dijo el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, el 3 de junio frente a sus colegas durante un encuentro nacional en La Serena. Sin embargo, la tramitación de la megarreforma terminó demostrando lo contrario.

El artículo sobre la exención de contribuciones, que repone el Fondo Común Municipal y establece un mecanismo para compensar a los municipios que perderán recaudación producto de la disminución de ingresos por concepto de impuesto territorial, terminó generando una fuerte discordia entre alcaldes oficialistas y de oposición al interior del municipalismo.

Esa disposición es, de hecho, el único artículo pendiente de la megarreforma.

Esto se debe a que, una vez que la norma fue revisada por la comisión mixta y nuevamente votada por la Comisión de Hacienda del Senado, el Gobierno advirtió, a último minuto y cuando la discusión ya estaba instalada en la Sala, que no contaba con los votos necesarios para aprobar la exención de contribuciones. Por ello, decidió postergar la votación para el 4 de agosto, una vez que los parlamentarios regresen de la semana distrital.

La cronología del quiebre municipalista

Distintas fuentes de la Asociación Chilena de Municipalidades, reconocida como la organización más representativa de los alcaldes del país, cuentan que, tras el acuerdo alcanzado en La Serena —en el que participaron representantes de la derecha y la izquierda— existía un ánimo transversal de actuar en bloque.

Ese acuerdo tenía tres objetivos principales: resguardar la autonomía municipal, eliminando el artículo de la megarreforma que establecía que el presupuesto municipal debía ser evaluado por el Congreso; fortalecer el Fondo Común Municipal, evitando que sus recursos se vieran afectados por la exención de contribuciones; y focalizar la eliminación del impuesto territorial.

Este último punto establecía que las personas mayores —mujeres de 60 años o más y hombres de 65 años o más— pagaran contribuciones de acuerdo con sus ingresos.

Según comentan distintas fuentes de la AChM, la directiva de la organización, donde existe una mayoría oficialista de siete integrantes contra seis de oposición, llegó a La Moneda para presentar esta propuesta. Ahí, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, les transmitió que estaba dispuesto a negociar los dos primeros puntos durante la tramitación legislativa, pero que respecto del tercero no existía ningún margen de negociación puesto que eso es una promesa de campaña.

Las condiciones de Quiroz

En ese escenario, miembros de la directiva de la AChM comentan que llegaron hasta el Congreso con los tres puntos de la propuesta para buscar patrocinio e ingresarlos como una indicación durante la discusión. Sin embargo, fueron senadores de distintas sensibilidades políticas quienes les señalaron que se trataba de una disposición inconstitucional, ya que correspondía a una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y que, por lo mismo, “no nos vamos a prestar”, les habrían dicho.

Alcaldes de oposición cuentan que, durante esos días, el chat de la directiva de la AChM, habitualmente muy activo, aseguran miembros, pasó a un inusual silencio por parte de los dirigentes municipales de derecha. Una versión que desde el oficialismo descartan, asegurando que en todas las reuniones con Quiroz siempre participaron alcaldes tanto de izquierda como de derecha.

Con todo, una vez aprobada la megarreforma en el Senado, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados para su tercer trámite, donde también fue aprobado, a excepción del artículo referente a la exención de contribuciones. En ese contexto, el Gobierno y los alcaldes llegaron a un acuerdo con la bancada de la Democracia Cristiana para aprobar la disposición que mandataba al Estado a restituir los recursos del Fondo Común Municipal.

Sin embargo, entre algunos alcaldes —principalmente de derecha— comenzó a surgir una preocupación: no existía un mecanismo de compensación para las comunas que dejarían de percibir recursos producto de la reducción de ingresos que generaría la exención de contribuciones. Las comunas más afectadas serían justamente las de mayores ingresos, como Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Viña del Mar, entre otras.

La lógica que explicaban estos alcaldes en la interna era que esas mismas comunas son las que más aportan al Fondo Común Municipal y que, además, mantienen compromisos de gasto para los próximos años. Por ello, advertían que dejar de percibir esos recursos podría afectar diversos planes y prestaciones comunales.

En ese contexto, cuando el artículo sobre la exención de contribuciones volvió al Senado, el presidente de la AChM, Gustavo Alessandri, junto a los senadores Luciano Cruz-Coke y Matías Walker, la alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comenzaron a negociar un mecanismo de compensación.

Quiroz puso sobre la mesa, eso sí, una serie de condiciones: vincular el pago del servicio de recolección de basura al permiso de circulación y que la Tesorería General de la República asumiera la cobranza, argumentando que ahí existía una importante pérdida de liquidez; fortalecer la persecución del pago de patentes por parte de las empresas que operan en las comunas; y establecer una prima para aquellas empresas acogidas al régimen de invariabilidad tributaria que, según los cálculos del Ejecutivo, permitiría compensar los recursos faltantes en un plazo de ocho años.

Además, aseguró que los municipios debían involucrarse en destrabar la permisología y aplicar los criterios de transparencia impulsados por el Gobierno anterior, algo que, reconocen desde algunos municipios, “pocos lo hacen”.

Mientras tanto, habría señalado el ministro, las compensaciones para las comunas de mayores ingresos serían financiadas con recursos provenientes de los impuestos generales.

Quiroz, según relatan alcaldes de derecha, condicionó la aprobación de la reposición del 100% del Fondo Común Municipal a la aceptación de este sistema de compensación, cuando la discusión ya se desarrollaba en la Sala del Senado y los parlamentarios estaban sentados para votar.

Una votación virtual y exprés que quebró la AChM

Asistentes a esa instancia cuentan que Alessandri le respondió que no podía suscribir un acuerdo sin consultar previamente a la directiva de la AChM. Por ello, se resolvió realizar una videollamada en ese mismo momento, a la que se conectaron distintos alcaldes, entre ellos el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien se encontraba participando en una actividad junto al Presidente José Antonio Kast en su comuna.

El llamado, relatan varios de los asistentes, generó sorpresa. En la pantalla del celular de Alessandri apareció el ministro Quiroz explicando las condiciones de la negociación, la propuesta del Ejecutivo y la necesidad de responder con rapidez, puesto que el trámite legislativo seguía desarrollándose en ese mismo momento en el Senado.

Los alcaldes de oposición, indican estas fuentes, cuestionaron la forma en que se estaba llevando adelante la negociación: por teléfono, bajo presión y sin contar con una propuesta por escrito. En cambio, los alcaldes oficialistas sostuvieron que esa era la única ventana de negociación disponible para asegurar los recursos del Fondo Común Municipal y que, con el acuerdo, todos los municipios —incluidos los de mayores ingresos— mantendrían los recursos con los que cuentan actualmente.

Desde la oposición, sin embargo, rechazaron esa fórmula. Argumentaron que compensar a las comunas de mayores ingresos mediante recursos provenientes de los impuestos generales resulta regresivo. La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, lo planteó así durante esta mañana: “No nos parece que se compense de igual forma con recursos de todos los chilenos a municipios que hoy día recibirían 13 mil millones de pesos, como Las Condes, o casi 8 mil millones de pesos, como Vitacura”.

Reyes agregó que esos recursos deberían destinarse al Fondo Común Municipal y distribuirse de acuerdo con criterios de necesidad. “No nos parece que con esos recursos de todos los chilenos que se recaudan vía el IVA, es decir, cuando se compra un kilo de pan, se terminen financiando privilegios de algunas comunas del sector oriente, como tener spa, sauna, baños de vapor y otro tipo de cosas”.

Pese a la resistencia de los alcaldes de izquierda, Alessandri sometió a votación, a través del grupo de WhatsApp de la directiva, la decisión de suscribir o no el acuerdo. La derecha, que cuenta con mayoría en esa instancia, respaldó la propuesta y el presidente de la AChM terminó suscribiendo el acuerdo con Quiroz.

Ese movimiento generó molestia entre varios dirigentes comunales de izquierda, quienes cuestionaron a Alessandri por actuar, a su juicio, en contra del espíritu municipalista y lo acusaron de “negociar de espaldas a los alcaldes”. Desde el entorno del alcalde de Zapallar, en cambio, sostienen que esa era la única oportunidad que se abrió durante toda la negociación y que lo prioritario era asegurar los recursos para los municipios.

Con todo, en el entorno de Alessandri no descartan impulsar una modernización del Fondo Común Municipal para actualizar sus criterios de justicia territorial y corregir aspectos que consideran regresivos. Sin embargo, hoy los ánimos de diálogo no predominan en el municipalismo y alcaldes de izquierda ya han amenazado con impulsar la destitución de Alessandri o, incluso, crear una nueva asociación de municipios progresistas.

El alcalde y presidente de la AChM, eso sí, ha intentado desescalar la polémica. Esta mañana, consultado por las críticas provenientes de alcaldes de oposición, sostuvo que “la única ventaja que tengo como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades es que nunca he respondido a una crítica de un alcalde. Tengo que velar por los 345 municipios, por los 345 alcaldes, y siempre mi norte ha sido el municipalismo”.