Los caminos cruzados de Pedro Pablo Larraín: de rostro del mercado financiero a uno de los principales imputados por caso Sartor y arista Azul Azul

“Perdió 3-0”. Esa fue la respuesta seca de Pedro Pablo Larraín Mery (47) en el chat de WhatsApp que compartía con los directores de Sartor, la tarde en que Universidad de Chile cayó goleada ante Universidad Católica –el club de que Larraín es hincha profeso–.

Faltaban meses para que ese mismo grupo terminara comprando Azul Azul, la concesionaria de “La U”. La conversación, parte de un informe de 71 páginas que la Fiscalía incorporó al expediente terminó siendo para buena parte de la hinchada la primera fotografía real de lo que operaba puertas adentro en Sartor: el mismo directorio que meses después juraría llegar “sin conflictos de interés” a administrar el club veía con buenos ojos, en privado, la caída ante la Católica.

La imagen fue dura, brutal para los hinchas. Y es que un chat es fácil de entender, de digerir. No se trata de posibles delitos financieros, de bicicletas de dinero, de multipropiedades. No. Se trata de algo más simple, algo que los hinchas aprenden de niños: los colores de una camiseta se defienden.

Larraín volvió a quedar expuesto durante la audiencia de formalización por el caso Sartor, donde su nombre fue mencionado en más de 50 oportunidades por parte del Ministerio Público. ¿La razón? Su papel preponderante en las operaciones investigadas, situándose como el “orquestador y ejecutor” de las operaciones para triangular fondos y beneficiar a sus propias sociedades, causando un perjuicio de US$200 millones.

Según la exposición de la Fiscalía, Larraín desempeñó un rol central al comparecer en todos los niveles críticos de la operatoria de negocios emblemáticos, como el proyecto inmobiliario One River Point ( Faena Residence Miami) o la compra de Azul Azul por Tactical Sport.

Para articular este entramado, el exejecutivo habría aprovechado su “doble y triple calidad de director, controlador y representante” en la estructuración de los financiamientos, lo que le permitió mantener un “control administrativo y operativo exclusivo” de sociedades clave. 

Entre los imputados figuran sus cercanos que ejercían distintos roles en las sociedades del Grupo Sartor tales como directores, socios y ejecutivos. La lista está encabezada por él mismo y su hermano Carlos, además de Óscar Ebel, Alfredo Harz, Juan Carlos Jorquera, Mauro Valdés, Michael Clark, Rodrigo Bustamante, Sergio Yáñez, Miguel León y Hugo Baranda, todos relacionados con la estructura societaria y operativa del conglomerado.

De momento, la Fiscalía anticipó que pediría prisión preventiva para los hermanos Mery, Michael Clark, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez. En paralelo, Ebel y Baranda quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional; mientras que Mauro Valdés y Miguel León recibieron arresto domiciliario parcial con firma mensual.

Larraín Mery está siendo formalizado por una serie de delitos: administración desleal, entrega de información falsa al mercado, negociación incompatible, estafa y apropiación indebida. El Ministerio Público pedirá prisión preventiva. Pero la reclusión no es la única consecuencia que -posiblemente- deberá enfrentar. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) le aplicó la multa individual más alta por 80.000 UF, lo que equivale a unos $3.171 millones. 

El salto de la banca a Sartor  

Pedro Pablo es un apasionado del fútbol. Uno de los pocos registros que existen de su vida personal en internet es precisamente la de una tarjeta roja. La información quedó registrada en la ficha de un partido del 2008 en la liga de exalumnos del colegio Padre Hurtado, donde estudió. Fue suspendido un partido y su equipo “Eleamares” quedó último en la tabla de posiciones por una diferencia de 67 goles. También sumó una tarjeta amarilla.

Su relación con el fútbol trasciende su afición y su interés por el negocio. Mas allá de los chats revelados por T13, se sabe que es hincha de la Universidad Católica, tienes fotos en San Carlos de Apoquindo y por lo mismo no quiso aparecer como cara visible de la compra de Azul Azul -“nos dijo que él no podía ser la cara visible de esta adquisición, porque siempre ha estado muy identificado con la Universidad Católica”, afirmó uno de sus socios, Harz, en una de las declaraciones a la fiscalía-. 

Egresado de ingeniería comercial en la U. Finis Terrae, con un magíster en dirección financiera en la Universidad Adolfo Ibáñez, Larraín Mery posee una vasta trayectoria en las firmas más cotizadas de la plaza. Inició como ejecutivo en la banca, pasando por Santander y BBVA. En 2005 aterrizó en el Citibank, en el área de inversiones internacionales y en 2007 llegó al Grupo Euroamerica. Uno de los últimos cambios de empleo fue cuando se sumó al equipo de asesores de inversión de Compass Group -ahora llamado Vinci Compass- en 2009. 

En 2012, dio el gran salto fundando su propio negocio, Grupo Sartor, junto a Óscar Ebel y Sebastián Gazmuri, dando origen a un conglomerado financiero que con el tiempo llegó a administrar 16 fondos de inversión públicos y ocho fondos privados abarcando sectores. También se expandieron al extranjero, con operaciones en Perú y un proyecto inmobiliario en Miami. 

Con el paso de los años, Larraín fue aumentando su participación hasta convertirse en el principal controlador del Grupo Sartor, con el 60,3% de las acciones del conglomerado. En 2016 impulsó la creación de Sartor Administradora General de Fondos (AGF), filial encargada de administrar los fondos de inversión públicos y privados del grupo, especializados en deuda privada, bienes raíces e infraestructura.

Todo iba viento en popa, muchos clientes, más inversiones como la compra de la “U”, y bastantes entrevistas en prensa. Hasta que en 2024, el castillo empezó a derrumbarse.

Hace dos años la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) identificó la existencia de un modelo de negocios marcado por conflictos de interés, en el que recursos de terceros eran invertidos en sociedades vinculadas al mismo grupo, que a su vez iba creando nuevas estructuras de inversión según los proyectos que buscaba desarrollar. En ese esquema surgieron vehículos como Danke, relacionado a Carlos Larraín Mery; Blackcar, asociado a Pedro Pablo Larraín Mery, y Redwood Capital, ligado a Michael Clark. 

Tras la decisión del regulador de suspender la captación de nuevos recursos, comenzó una presión de liquidez sobre la administradora, con numerosos inversionistas solicitando el retiro de sus aportes desde los distintos fondos.

Las inversiones que los beneficiaban 

Uno de los proyectos más emblemáticos del expediente penal es el financiamiento del lujoso proyecto inmobiliario en Miami, Estados Unidos, originalmente conocido como One River Point. Larraín y sus socios promocionaron este mega edificio de dos torres de 65 pisos como una oportunidad estelar para el Fondo Sartor Oportunidad y Desarrollo Inmobiliario USA. 

Sin embargo, más de US$33 millones del fondo público Fondo Público Sartor Táctico Internacional fueron desviados hacia otras sociedades constituidas en Delaware (Downtown Investment LLC) y las Islas Caimán (Sartor Fund SPC).

La Fiscalía lo expuso claramente en la formalización: “Muy especialmente el imputado Pedro Pablo Larraín Mery, utilizando su doble y triple calidad de director, controlador y representante, tanto en Asesorías e Inversiones Sartor S.A. como en Sartor AGF y en las sociedades vehículo utilizadas, estructuraron una cadena de financiamiento con el objeto de destinar recursos de fondos públicos administrados por Sartor AGF para el financiamiento de la participación de los propios imputados”.

“El único manager o administrador de Downtown Investment LLC es el imputado Pedro Pablo Larraín Mery, quien posee el control efectivo de ésta con facultades exclusivas y excluyentes de administración, sin intervención efectiva de los demás miembros y sin posibilidad real de removerlo sin la unanimidad de todos los miembros”.

En mayo de 2020, Larraín cofundó Autofidem SpA, una empresa de financiamiento automotriz, inyectando más de $10.500 millones de fondos públicos (Proyección y Leasing) de Sartor AGF. Actuaba simultáneamente como director de Sartor AGF y de Autofidem. Para asegurar la fluidez de las operaciones, llegó a condicionar los préstamos de Sartor a Autofidem a cambio de que la empresa pagara abultadas “asesorías financieras” mensuales a sociedades de otros directores, como Michael Clark, propietario de Redwood.

“El imputado Larraín condicionó la continuidad de los financiamientos de Sartor Finance Group a Autofidem a la mantención de asesorías y pagos a Redwood”, destacó la Fiscalía.

Adicionalmente, en octubre de 2022, la sociedad personal de Larraín (Quisis) ingresó a la propiedad de Black Car SpA, creada para vender autos rematados. Black Car recibió más de $670 millones provenientes del fondo público Sartor Táctico, en una clara infracción a las leyes de mercado de valores. “Mientras se aprobaban y ejecutaban los financiamientos a Black Car, el imputado formaba parte del directorio Sartor AGF y en paralelo era accionista de Black Car, produciéndose una manifiesta situación de conflicto de interés”, indicó el fiscal en la audiencia.

Prosiguió: “Al 30 de septiembre de 2024, los estados financieros del fondo de inversión Sartor Táctico, administrado por Sartor AGF, dieron cuenta de que este fondo de inversión es el único aportante del FIP deuda privada, con un monto total invertido de $55.725 millones”.

Durante la audiencia de formalización, la fiscal Lorena Parra sostuvo que los directores del grupo, “interviniendo en diversas operaciones en razón de sus cargos, teniendo al cuidado la gestión y salvaguarda del patrimonio de los Fondos de Inversión Sartor, los administraron y realizaron una serie de actuaciones, incumpliendo directamente sus obligaciones.

Y agregó que los imputados ejercieron “abusivamente las facultades para disponer por cuenta de éstos (…), ejecutando acciones de modo manifiestamente contrario al interés de los fondos administrados, perjudicando el patrimonio de los fondos y de los aportantes (…), toda vez que las decisiones se tomaban en el propio interés personal de sus empresas o personas naturales o jurídicas vinculadas (…), provocando con este actuar un menoscabo y pérdida patrimonial de los fondos de inversión”.

El flanco Azul Azul 

La arista Azul Azul del caso Sartor investiga la adquisición y control presuntamente fraudulento de la concesionaria que administra el club de fútbol Universidad de Chile cuyo mayor socio era Carlos Heller. Según la exposición de la Fiscalía, en abril de 2021 el Fondo de Inversión Privado (FIP) Tactical Sport adquirió el 63,07% de las acciones de la sociedad mediante una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA). 

Heller vendió la totalidad de su participación en Azul Azul, 28 millones de acciones serie B, cerrando así 14 años al mando del club. El empresario se despidió a través de una carta a los funcionarios del club con un sentido “hasta siempre”.

Según expuso la Fiscalía en la audiencia de formalización, los recursos con los que se pagó esa compra a Heller no eran fondos propios ni legítimos, sino dinero triangulado de forma irregular desde fondos públicos administrados por Sartor AGF.

“La Comisión para el Mercado Financiero realizó reparos a la poca transparencia en torno a los antecedentes económicos y financieros del controlador del oferente FIP Tactical Sport, debido a los cuales incluso se realizaron rectificaciones a la OPA”, indicó la Fiscalía.

“Con fecha 25 de abril de 2023, el imputado Michael Clark asumió la presidencia de Azul Azul, período en el cual se realizaron innumerables operaciones de compra y venta de jugadores, recibiendo una remuneración por el ejercicio del cargo y tal como se señaló, manteniendo siempre oculto el hecho de que esa propiedad se adquirió en base al financiamiento proveniente de los fondos públicos administrados por Sartor AGF”, advirtió la Fiscalía.

Relata que en diciembre de 2024, Clark envió un correo a los directores de este club comunicando que había comprado el 90% de las cuotas de Tactical. Más tarde, cuando la CMF ya estaba encima, en marzo de 2025 ofreció una OPA voluntaria por un precio inferior al de mercado a través de la sociedad Bulla, constituida por él, Pablo Kiblisky y Jacques Gliksberg, sin éxito.

Toda esta maraña de intentos y operaciones terminó siendo anulada esta semana.

“Se ha establecido que a la fecha, el imputado Clark Varela no ha pagado a Asesorías e Inversiones Sartor los 5,7 millones de dólares por los cuales adquirió el 90 de las cuotas del FIV Practical Sport y con ello el control de Azul Azul” sentenció Araya.