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En Chile, la calidad de vida depende de la comuna en que una persona nace, vive o envejece. La seguridad, la atención social, las áreas verdes y hasta la capacidad de enfrentar una emergencia están condicionadas por los recursos disponibles en cada municipalidad. Esa desigualdad territorial, diagnosticada hace décadas, volvió a quedar en evidencia en la disputa entre los alcaldes por la compensación asociada a la exención de contribuciones para los adultos mayores y en los debates sobre la seguridad en los barrios y las nuevas medidas del gobierno.
La discusión se inició a partir de la fórmula propuesta por el Gobierno para reponer los ingresos que los municipios dejaban de percibir. Más de 160 alcaldes respaldaron la fórmula del Ejecutivo, sosteniendo que garantiza que ningún municipio pierda recursos y que los ingresos directos y los provenientes del Fondo Común Municipal se mantengan intactos. Otros 104 jefes comunales pidieron modificarla por considerarla regresiva. El enfrentamiento cruzó sectores políticos y tensionó a la Asociación Chilena de Municipalidades.
El debate tiene una dimensión técnica, pero su fondo es de justicia social. Compensar significa devolver a cada municipio lo que deja de percibir. Redistribuir supone utilizar recursos públicos para reducir las diferencias existentes. Ambas ideas son legítimas, pero no producen el mismo resultado. Cuando las condiciones iniciales son profundamente desiguales, conservar implica que la equidad territorial aún está lejos de lograrse.
El Fondo Común Municipal fue creado precisamente como un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos municipales y la principal fuente de financiamiento de numerosos municipios. Pero, además, su existencia reconoce que las necesidades locales no siempre coinciden con la capacidad de recaudar. Una comuna puede tener más población vulnerable, mayores problemas de seguridad y una infraestructura más deteriorada, pero contar con una base tributaria mucho menor que otras.
El royalty minero presenta un punto interesante de observar. El sistema destina anualmente miles de millones a regiones y municipios mediante distintos fondos. En abril de 2026, 309 comunas comenzaron a recibir las primeras 2 de 4 cuotas anuales del impuesto minero. La importancia del royalty no está solo en el monto. Su diseño incorpora un principio de equidad, que podría ser mejorado, donde parte de la riqueza producida en las comunas debe regresar a ellas y otra debe contribuir a reducir las brechas entre los municipios. Es un avance concreto hacia una descentralización.
Entregar mayores recursos debe ir acompañado de transparencia, control y capacidad de gestión. La equidad territorial también debe estar acompañada de mejores evaluaciones y más fiscalización, para garantizar que los municipios puedan prestar buenos servicios a sus habitantes.
Necesita una buena estructura de rentas municipales, con criterios claros, incentivos a la buena gestión y una redistribución capaz de responder a las necesidades reales de cada comuna. El royalty minero abrió un camino, el Fondo Común Municipal requiere un orden equivalente y ambos instrumentos deberían ser evaluados para que las comunas logren un mejor y más justo sistema de financiamiento.
