“Acá estaban ocurriendo cosas oscuras”: Los masivos allanamientos de Fiscalía por la denuncia de Junaeb que involucra a parlamentarios

Esta mañana Fiscalía y la PDI volvieron a realizar allanamientos masivos y diligencias en la Región Metropolitana, Atacama, Coquimbo y Aysén, pero esta vez en el marco de una investigación por graves delitos de corrupción vinculados a las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb.

Se incautaron dispositivos móviles, computadores y “documentos de relevancia”, explicó David Castro, jefe de La Brigada Investigadora de Delitos Económicos, en un operativo que involucró a más de 80 funcionarios a lo largo del país.

Si bien la investigación surge a raíz de la denuncia realizada por el organismo sobre sospecha de fraude y sobreprecios en la entrega de raciones de alimento entre 2021 y 2023 por parte de la empresa Soser, ahora involucra a diferentes actores, donde se apunta básicamente a la existencia de un mecanismo de corrupción sostenido en el tiempo.

Tras salir de las oficinas de la sede central de Junaeb, la fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, dijo que “llevamos a cabo una diligencia intrusiva, bastante relevante para la investigación que seguíamos, que tiene relación con varios delitos que se están investigando: fraude al fisco, sobornos, cohechos, lavado de activos, tráfico de influencias, entre otros delitos de corrupción”.

Los $14 mil millones que pagó Junaeb en tres años a Soser pese a que no entregaban las raciones de comida

La corrupción y la irregularidad al interior de Junaeb no es nueva, en todo caso, y es algo que tanto Contraloría como diferentes organismos ya habían detectado en años anteriores, sobre todo por las cuestionadas onces entregadas en la Región de O’Higgins.

Y es que en ese caso en particular, Soser se adjudicó licitaciones para entregar alimentación escolar entre 2021 y 2023, pese a que no entregó ninguna de las raciones comprometidas durante esos años.

Sin embargo, la fiscal aclaró que si bien hasta ahora se había concentrado principalmente en O’Higgins, “creemos que la investigación va a dar cuenta de que también ocurría en otras regiones del país”.

“Es importante que quizás con estos antecedentes que hoy día salen a la luz, quede claro de que nosotros no estamos inventando nada, que estas no son fantasías y que acá hay elementos suficientes para probar eventuales delitos de corrupción“, dijo el director nacional de Junaeb, Fernando Peña.

El foco de la investigación, que es de carácter reservada, sigue estando principalmente en la relación de Junaeb con SOSER, pero ahora también se ampliaron las sospechas e incluso Fiscalía autorizó allanar los inmuebles vinculados a los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto, el exdiputado Hugo Gutiérrez y el lobbista Darío Calderón.

Según explicó la fiscal, ello a raíz de que “tiene relación con delitos que nosotros consideramos que pueden enmarcarse en varios delitos de cohecho”.

Por ahora, eso sí, no hay detenidos en el marco de esta investigación.

El director nacional de Junaeb, que estuvo presente durante el allanamiento a las oficinas del organismo, mencionó que desde un comienzo han colaborado con la investigación, dado que, recordó, fue esta administración la que presentó antecedentes al Ministerio Público y pidió investigar las irregularidades.

“Nosotros la línea de investigación que denunciamos ante Fiscalía tenía que ver con un eventual fraude al fisco, delito de prevaricación, negociación incompatible, conflicto de intereses”, dijo Peña.

Y agregó: “Hoy día se abren líneas de investigación que son complementarias, pero que yo confío en que la fiscal va a poder probar y llevar a buen puerto, y que son además cosas que alimentan nuestra tesis de que acá estaban ocurriendo cosas oscuras y desapegadas absolutamente de la normativa y la probidad“.

Exfuncionarios y una trabajadora vigente entre los vinculados al mecanismo de fraude

Ahora la investigación apunta directamente a las exautoridades del Gobierno de Boric, como el de la exdirectora de Junaeb Camila Rubio, uno de los más de diez domicilios que fue allanado, al igual que el de otras jefaturas de dicha administración que tuvieron responsabilidades en el PAE.

Uno de los más nombrados, de hecho, es Alejandro Layseca, quien fue el jefe jurídico de Junaeb hasta 2022. Era quien autorizaba las modificaciones de contratos y el aumento del pago a la empresa, y luego pasó a desempeñarse como asesor legal de Soser.

El director de Junaeb además mencionó que han colaborado con la entrega de información, tanto de exfuncionarios como incluso de una persona que sigue en la institución: “Hay una incautación particular de una funcionaria que no es acá de la Región Metropolitana, pero que también es parte de la orden judicial”, dijo.

Peña luego precisó que si bien la principal sospecha en torno al supuesto fraude de Soser era en O’Higgins, la funcionaria sería de otra región.