La doble militancia de la asesora legal de Lincolao: es CEO de consultora especializada en IA, mientras aconseja a la ministra en ley que regulará la tecnología

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, anunció que, en un plazo no superior a dos semanas, ingresará al Senado el proyecto de ley de Inteligencia Artificial sustitutivo, una iniciativa impulsada por el gobierno anterior que busca regular los sistemas de IA.

Se trata de una propuesta clave en materia de política pública, que busca establecer el nivel de riesgo de los modelos de inteligencia artificial antes de su salida al mercado, entre otros aspectos contemplados en 20 puntos.

En conversación con DF, la ministra Lincolao adelantó que el proyecto de ley “habilitará” reglamentos sectoriales para industrias que ya cuentan con una regulación específica, como salud o el sector financiero. La idea es que estos reglamentos permitan establecer parámetros, condiciones y eventuales sanciones de acuerdo con las particularidades de cada área. Un punto especialmente sensible, pues fija el perímetro regulatorio en el que deberán desenvolverse los privados.

En paralelo al próximo ingreso de la iniciativa, surge el nombre de Catherine Muñoz Gutiérrez, quien hace dos meses se incorporó al Ministerio de Ciencia como asesora legislativa. Abogada y consultora especializada en protección de datos, ciberseguridad, regulación tecnológica y gobernanza de inteligencia artificial, Muñoz actualizó recientemente su nuevo cargo en su perfil de LinkedIn.

Su llegada al ministerio de Lincolao, sin embargo, no significó el término de sus actividades en el sector privado. Desde hace cinco años, Muñoz se desempeña como CEO de Idónea, una consultora especializada en protección de datos personales, ciberseguridad, inteligencia artificial y regulación tecnológica.

La firma presta servicios de asesoría a empresas y organizaciones para implementar nuevas normativas, gestionar riesgos regulatorios y diseñar estrategias de gobernanza tecnológica. Entre sus servicios se encuentran la implementación de la legislación sobre datos personales, asesorías en inteligencia artificial y gobernanza, evaluaciones de cumplimiento, ciberseguridad, capacitaciones y acompañamiento frente a organismos reguladores.

En su propia página web, Idónea define su propósito de la siguiente manera: “Apoyamos a los tomadores de decisiones a distinguir lo que es meramente ventajoso de lo genuinamente beneficioso”. La consultora se presenta como un equipo interdisciplinario de abogados, ingenieros y científicos de datos, con experiencia en desarrollo tecnológico responsable, gestión de riesgos y compliance regulatorio.

En julio, la abogada emitió dos boletas como asesora correspondientes a los meses de junio y julio, por un monto líquido en total de $4.412.650.

Entre las tareas consignadas se encuentran la elaboración de análisis jurídicos comparativos sobre marcos regulatorios nacionales e internacionales relacionados con inteligencia artificial; asesorar y coordinar la tramitación del proyecto de Ley de Inteligencia Artificial, incluyendo la revisión del texto, observaciones, indicaciones y elaboración de informes jurídicos; y representar al Ministerio ante el Congreso y la SEGPRES durante la tramitación de proyectos de ley, haciendo seguimiento a su avance y alertando sobre riesgos y oportunidades.

En términos simples: su rol está directamente vinculado a la elaboración, revisión y tramitación del proyecto de Ley de Inteligencia Artificial, además de prestar asesoría jurídica y regulatoria a la ministra Lincolao en materias de tecnología y probidad.

El 17 de agosto, Catherine Muñoz participó en una sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados vinculada a la discusión de iniciativas sobre inteligencia artificial y regulación tecnológica, en su calidad de asesora legislativa del Ministerio de Ciencia.

Esto, mientras su rol en el sector privado continúa activo. Hace una semana, Muñoz compartió en su perfil de LinkedIn su participación en ELIAC 2026, el Encuentro Latinoamericano de Inteligencia Artificial Aplicada a la Ciberseguridad, realizado en el Hotel W Santiago.

En la instancia, participó en el panel “Decidiendo bajo incertidumbre”, junto a otros expertos. “La adopción de la #IA obliga a sostener dos cosas al mismo tiempo: innovar y no perder el control ni la seguridad de los procesos, y esto corre y cambia a la velocidad de la luz”, escribió en redes sociales.

El conflicto de interés “no se configura”

⁠Consultados por The Clinic, desde el Ministerio de Ciencia aseguran que al momento de contratar a Muñoz esta presentó su declaración de intereses e incompatibilidades.

Mientras que sobre un posible conflicto de interés entre su rol de asesora legislativa y su cargo de CEO en Idónea, desde la cartera indicaron que “un proyecto de ley es una norma general y abstracta: rige respecto de todo operador de inteligencia artificial y no confiere beneficios ni impone cargas a personas determinadas. A ello se suma que la iniciativa que prepara el Ejecutivo tiene un enfoque habilitante y de promoción, orientado a entregar certezas, promover la innovación y establecer resguardos claros sin frenar el desarrollo de la tecnología”.

Además, agregaron que fue contratada en calidad de agente público, por lo que su trabajo es evaluado mensualmente y que carece de facultades resolutivas: “su función es proponer textos de técnica legislativa y acompañar la tramitación. Las decisiones de política pública corresponden a la autoridad y el contenido definitivo de todo proyecto de ley lo determina el Congreso Nacional. El Ministerio no ha identificado ninguna situación en que haya intervenido en un asunto respecto del cual ella, o un tercero vinculado a ella, tuviera un interés particular“.

Por último, apuntaron que “la incorporación de expertos externos en materias técnicas supone que conozcan el ámbito regulado; exigir lo contrario significaría que el Estado solo pudiera asesorarse por quienes no ejercen en la materia. El conflicto de interés que la ley describe no se configura por el conocimiento del ámbito ni por el ejercicio profesional en él, sino por la concurrencia de un interés particular, que en este caso no existe”.

Dudas sobre la compatibilidad de funciones

Pese a los argumentos del ministerio, la doble función de Muñoz ha generado cuestionamientos sobre eventuales conflictos de interés derivados de su rol como asesora. Entre ellos, si transparentó a qué empresas ha prestado servicios y si su participación en la elaboración del proyecto de ley de Inteligencia Artificial podría beneficiar o perjudicar a determinados actores del sector privado.

Gustavo Campos, administrador público y vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, sostiene que: “A todas luces, no es recomendable que una persona profesional que asesora a un ministro de Estado tenga, al mismo tiempo, funciones o vínculos de asesoría con empresas reguladas por la institución en la que trabaja o a la que asesora”.

“En ese sentido, más allá del marco legal, hay un tema de criterio político y profesional respecto a los límites de lo que se puede hacer. El hecho de que estemos hablando de esto da cuenta de que no se tuvo el cuidado necesario para establecer límites respecto de qué se puede hacer o no siendo parte del equipo ministerial”, dice.

Para Felipe Lizama, abogado experto en compliance, se podría entender que existe un conflicto de interés, porque las propias funciones de esa asesora están vinculadas con su actividad particular.

En ese sentido, respecto de este eventual conflicto de interés, Lizama explica que este puede analizarse tanto en abstracto como en concreto. Sobre este último punto, señala: “En concreto, es decir, que en esa función, la aludida servidora intervenga o promueva determinadas empresas o actividades con las que ella, en su calidad de CEO, haya tenido relación. En ese caso, el conflicto de intereses se materializa. Pero las normas sobre conflicto de intereses y la jurisprudencia de la Contraloría General de la República han calificado el conflicto de intereses como un criterio objetivo. Es una situación que es para prever, para prevenir, y no para ser examinada con posterioridad”.

“Luego, así entendido, con arreglo, reitero, a lo estatuido por la jurisprudencia de la Contraloría General, hay un conflicto objetivo de intereses entre el desempeño de una CEO que asesora empresas y que, a su turno, asesora legislativamente a una ministra en las mismas materias en las que ella ejerce su función particular”, concluye.