Dispensario Nacional de cannabis rompe el silencio tras masivo allanamiento y acusa a Fiscalía de cometer una “brutalidad sin precedentes”

A través de sus redes sociales el Dispensario Nacional, entregó un comunicado oficial, dedicado a sus más de 16.000 socios.

La investigación acusa a la corporación de operar como fachada de una asociación ilícita dedicada al tráfico de marihuana y al lavado de activos, bajo la apariencia de una organización con fines medicinales.

En la carta a sus socios, informaron que desde la Fiscalía de Aysén, en lo que llamaron “un acto de brutalidad sin precedentes”, habían procedido a allanar y requisar sus tratamientos y “arrasar los dos campos de cultivo”.

Afirman que durante el procedimiento detuvieron a 70 trabajadores del dispensario. “La ilegal acción se prueba en que al menos 30 de esos trabajadores fueron liberados tras 4 días de detención, sin cargo alguno”, agregan.

Enfatizan que lo anterior, afectó a los más de 16.000 socios de DN y a cerca de 10.000 socios de otros dispensarios que también habían sido allanados “con sus productos requisados y sus plantaciones arrasadas”, afirman.

Usuarios afectados

Por su parte aseguran que la acción realizada por fiscalía ha dejado a 26.000 usuarios de cannabis medicinal sin acceso a sus tratamientos, quedando “a merced del mercado informal controlado por redes de narcotráfico, exponiéndolos a productos sin trazabilidad, o a veces con Botrytis (un tipo de moho), o con residuos de fertilizantes, plaguicidas y minerales duros que afectan negativamente a la salud”.

“Tenemos que defender el acceso al cannabis medicinal de nuestros tratamientos, como ustedes saben, todos respaldados en una receta emitida por un médico cirujano”, añaden.

Afirman que la fiscalía les negó la carpeta investigativa hasta el último momento a los abogados de DN, y a los abogados patrocinantes de las personas “supuestamente involucradas” en los delitos que investigan.

“Sin embargo, no tuvo reparo en filtrarla a la prensa presentando un organigrama de la directiva y trabajadores de DN, e incluso a personas que nada tienen que ver con la empresa, como una red de asociación ilícita”, agregan.

Afirman estar seguros que desde la DN han respetado las normas contenidas en la Ley 20.000 y 20.500, y los decretos asociados considerando los dictámenes de los organismos tales como el SAG, ISE.

“La fiscalía en su actuar decidió ignorar dichos pronunciamientos y permisos, por lo que debe asumir su responsabilidad por los daños incurridos con su actuar en los socios y trabajadores de DN”, agregan.