Biministro Alvarado defiende propuesta de reforma constitucional en seguridad y rechaza abandonar el Convenio 169 de la OIT

El biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, defendió este domingo la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, en medio de los cuestionamientos que ha generado la amplitud de las facultades que entregaría al Ejecutivo.

Ante las críticas por la forma en que se presentó la iniciativa, reconoció que “siempre las cosas se pueden hacer mejor. Lo importante es que entre todos construyamos esta reforma de la mejor manera posible, porque la ciudadanía la reclama”, declaró.

La defensa de Alvarado

En conversación con Mesa Central, Alvarado sostuvo que el foco de la reforma está en dotar al Estado de mayores herramientas para enfrentar al crimen organizado. Frente a las críticas por las atribuciones contempladas en la reforma, Alvarado planteó que estas deberán regularse posteriormente mediante una ley orgánica constitucional. “No nos quedemos con las facultades si no vamos al paso siguiente que dice relación con la ley orgánica constitucional que debe regular cómo se aplican esas facultades”.

Según explicó, esa normativa tendría que determinar las atribuciones de la autoridad, las facultades policiales, la colaboración de las Fuerzas Armadas y los mecanismos de control y rendición de cuentas.

La iniciativa se firmó por el Presidente Kast el pasado 10 de agosto. Según informó oficialmente Presidencia, contempla, entre otras medidas, incorporar la seguridad pública como deber del Estado y crear un nuevo estado de excepción para enfrentar alteraciones graves a la seguridad pública.

Sobre el Estado de Excepción, la autoridad planteó que se aplicaría cuando “hay una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando haya sido gravemente afectada, con un plazo de 120 días que puede ser renovado”.

Cuando se le consultó por la amplitud de lo que puede ser considerado como una “grave amenaza a la seguridad pública”, precisó que “acá estamos hablando de organizaciones criminales que coartan barrios, limitan la circulación de las personas y generan temor y esos son grupos que se van identificando, que se trabajan con inteligencia y cuando se toman una población en sectores específicos está orientado ese estado de excepción”.

“No se trata de criminalizar, castigar o prohibir las protestas sociales, no tiene relación con eso”, aseguró.

Sobre el debate de la reforma de seguridad, aseguró que sería más fácil que el proyecto de reconstrucción: “Por una razón muy simple, el proyecto de reconstrucción, sus efectos y sus impactos de generación de empleo de inversión son de mediano y largo plazo”.

“Las medidas de seguridad tienen un efecto en el corto plazo, si lo hacemos bien y la construimos entre todos. Por lo tanto, aquellos que estén distantes a esta agenda de seguridad, yo creo que se van a ver forzados por la ciudadanía a subirse, a proponer y a buscar acuerdo”, agregó.

Abandonar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

Consultado por los dichos del ministro de Defensa sobre abandonar el Convenio 169 de la OIT, el biministro rechazó esta posibilidad: “Es un convenio que está vigente y que el gobierno de Chile respeta íntegramente. Y no va a innovar en la materia”, afirmó, aunque defendió el derecho de Barros a expresar su postura personal.

Este convenio es un tratado internacional adoptado por la OIT en 1989. El acuerdo reconoce derechos de los pueblos indígenas y tribales y establece responsabilidades para los gobiernos en su protección. 

De acuerdo con el registro oficial de la Organización Internacional del Trabajo, Chile ratificó el Convenio 169 el 15 de septiembre de 2008 y actualmente figura como vigente.