La historia de la estudiante de 975 puntos en la PAES que amenazó con una bomba a la U. de Chile: el nuevo caso que la Fiscalía vincula al “fenómeno” del “amermelado”

Cuando terminó la audiencia de formalización, la jueza miró a la joven de 19 años y le preguntó si había algún familiar esperándola en la sala. “No”, respondió llorando. La estudiante de primer año de Ingeniería Civil, Plan Común, de la Universidad de Chile estaba desconsolada.

La escena era paradójica. La joven que había provocado una alerta que puso en riesgo a toda una comunidad universitaria ahora debía salir protegida y a escondidas. Minutos antes, la misma jueza le había explicado, más como quien reta a una niña que como quien castiga a un delincuente, que publicar una amenaza de bomba desde una cuenta privada de Instagram, aunque hubiese sido una “broma inmadura” o un “desafío frente a amigos”, no dejaba de constituir un delito grave.

Todo comenzó el domingo 23 de agosto. A las 14:47 horas subió una historia a una cuenta de Instagram de nombre “OE294B”. Era una cuenta privada con 123 seguidores y 148 cuentas seguidas. La historia estaba visible únicamente para el círculo más cerrado que ofrece la plataforma, el de “mejores amigos”, y el mensaje decía: “El lunes voy a poner una bomba en el DCC, primer y único aviso.” El DCC es el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.

Lo que había comenzado como un juego entre universitarios duró apenas segundos dentro de ese círculo privado. Tras la publicación, la amenaza salió de “mejores amigos”, atravesó los sistemas de alerta de una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo y llegó hasta la policía chilena. Para entonces, la joven no sabía que una historia de Instagram que desaparecería en 24 horas había puesto en marcha una investigación que, al día siguiente, terminaría con ella detenida.

Perfiles distintos, una defensa parecida

Dos días antes, el sábado 22 de agosto, otro tribunal de Santiago formalizaba a un joven de 22 años llamado Alejandro Venegas y apodado “el Amermelado”. Su caso era distinto, pero la lógica de fondo se mantenía: envió amenazas de “masacre” a la Universidad de Santiago (Usach), la Universidad Diego Portales (UDP) y la Universidad Alberto Hurtado (UAH). El mensaje lo atribuía a “la organización terrorista satánica neonazi 764”.

De Alejandro se sabe poco fuera de la carpeta judicial. Es estudiante de Derecho en la Universidad Diego Portales —según explicó su propia defensa, cursa el segundo semestre de segundo año— y llegó a la audiencia acompañado de un abogado penalista privado, con oficina en avenida Providencia, contratado el mismo fin de semana de su detención.

Al joven detenido se le conoce como “Amermelado” porque él mismo utilizaba esa palabra en la dirección de correo electrónico desde la cual envió los mensajes a las universidades. En el comunicado que motivó su formalización dejó, además, una frase que desentona con el resto del texto, más cercana al desahogo que a la amenaza: “Me cansé de vivir en esta vida de mierda, así que le devolveré a esta basura de vida lo que tanto me hizo sufrir”.

De la joven de 19 años, Carolina Bruna, se sabe, en cambio, que respondió al tribunal entre monosílabos y llanto. Cuando los funcionarios de la PDI llegaron primero al domicilio registrado de su familia, en la comuna de San Fernando, fue su madre quien les explicó que su hija vivía sola en Santiago para estudiar. Además de cursar Ingeniería Civil, Plan Común, Bruna había destacado durante su etapa escolar en matemáticas y estuvo a solo 25 puntos de alcanzar el puntaje nacional.

En ambos casos las defensas recurrieron a una explicación parecida: no se trató de una amenaza real, sino de algo que se les escapó de las manos.

La defensora de la joven de 19 años fue quien le puso nombre a ese argumento. Según indicó ante el tribunal, los hechos “habrían correspondido a un lamentable juego, por decirlo así, con algunos compañeros de la universidad”: un desafío al estilo Truth or Dare (verdad o reto) que ella no tuvo intención ni posibilidad real de cumplir.

El defensor del joven acusado de amenazar a las tres universidades planteó una explicación similar. Sostuvo que su representado solo habría replicado “una leyenda” que circulaba en un grupo de WhatsApp —“se va a amenazar a tal persona, escribe tal cosa, la sube a su perfil de Instagram”— sin dimensionar las consecuencias. “Él no ha amenazado nada”, insistió.

Ninguno de los dos imputados tenía antecedentes penales. Tampoco se encontró, hasta ahora, un arma real en poder de alguno de ellos: en el domicilio del joven de 22 años solo se incautaron un teléfono y un notebook —los mismos tipos de dispositivos requisados a la joven—, pese a que uno de sus mensajes iba acompañado de una fotografía en la que se exhibían una pistola y un cuchillo.

Cuando la “broma” deja de serlo

Fue el propio fiscal Mayer quien conectó ambos casos frente al tribunal. “El fin de semana tuvimos un señor, con otras circunstancias, otro contexto —tengo que decirlo, distinto a la señorita que está acá—, pero que amenazó también tres centros educacionales”, señaló, antes de advertir sobre lo que definió como una proliferación del “fenómeno de la amenaza a centros educacionales”.

En la formalización del joven acusado de amenazar a tres universidades, la propia Usach, constituida como querellante, pidió una de las medidas cautelares más gravosas discutidas en la audiencia: arresto domiciliario. Su argumento fue que los correos habían sido enviados a funcionarios específicos y no a casillas genéricas, lo que, a su juicio, daba cuenta de una búsqueda previa de información.

El tribunal, sin embargo, no acogió el arresto domiciliario. De todos modos, decretó arraigo nacional, firma mensual y prohibición de ingresar a las tres casas de estudio durante los 100 días fijados para la investigación.

La magistrada también fue explícita respecto del efecto que habían tenido las amenazas. Las tres universidades suspendieron sus actividades y, a su juicio, esa “conmoción” permitía acreditar que los mensajes habían sido tomados en serio, independiente de si el joven tenía o no la capacidad real de llevarlos a cabo.

Algo similar ocurrió al día siguiente durante la audiencia de la estudiante de 19 años. En su caso, el tribunal puso énfasis en que el hecho de haber realizado la publicación desde una cuenta privada y restringida a “mejores amigos” no garantizaba que el contenido permaneciera dentro de ese círculo ni hacía menos seria la amenaza.

La Universidad de Chile, sin embargo, no se enteró de la publicación a través de la alerta enviada por Meta ni directamente por la policía. En una declaración enviada para este reportaje, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) señaló que tomó conocimiento de la detención de la estudiante y de la amenaza contra una dependencia del campus “a través de un medio de prensa nacional”.

Solo entonces, aseguró la facultad, se activaron los protocolos preventivos y se convocó al Comité de Emergencia (COGRID) de Beauchef para coordinar el seguimiento de la situación con las autoridades. Pese a que la publicación anunciaba la instalación de una bomba para ese lunes, la FCFM informó que las actividades se desarrollaron con normalidad.

Al momento de resolver las medidas cautelares, la jueza volvió sobre el argumento planteado por la defensa. “Aunque sea una broma inmadura, como ha señalado la defensa, o un desafío frente a amigos, sí conlleva un riesgo”, sostuvo. Finalmente, decretó arraigo nacional, firma quincenal en la 21ª Comisaría de Estación Central y prohibición de acercarse al DCC —el departamento mencionado en la amenaza, donde ella no estudia, pero que forma parte de la misma facultad— durante los 120 días de investigación.