Empresas de servicios básicos indican que norma de reposición aprobada por el TC “es imposible de cumplir”

Con preocupación recibieron los representantes de las empresas de servicios básicos, la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de no acoger el requerimiento presentado por el Gobierno sobre una norma que los afecta.

Por nueve votos contra uno, el TC rechazó el libelo del Ejecutivo para impugnar el artículo 31 incluido en el proyecto de ley de reconstrucción, que obliga a las empresas de electricidad, agua y gas a reponer el servicio a los clientes cuando haya sido suspendido por deudas, si se encuentran en un área declarada como zona de catástrofe. También se establecen plazos para la reposición que van desde las 48 horas para electricidad y gas, y 24 horas para agua potable y alcantarillado.

El director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, Juan Meriches, indicó que esperan conocer los fundamentos de la sentencia, aunque mantuvo su inquietud por el alcance de la norma. “Mantenemos nuestra preocupación por una norma que puede desviar recursos desde la reposición masiva del servicio y que establece plazos rígidos sin considerar las condiciones reales de seguridad durante una catástrofe. Esperamos que estos aspectos puedan ser revisados en los espacios que corresponda para evitar que la norma termine perjudicando a los propios usuarios”.

Asimismo, la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN) manifestó su preocupación por lo que denomina las severas falencias técnicas del articulado. “La normativa es imposible de cumplir resguardando la seguridad de todas las personas”, indicó el presidente ejecutivo de AGN, Carlos Cortés.  Recuerda que antes de reponer el servicio se debe verificar que las redes e instalaciones estén en condiciones seguras, y un plazo perentorio de 48 horas aplicado por igual a todos los casos obliga, en los hechos, a elegir entre cumplir el plazo o resguardar la seguridad de las personas. “Respetamos la decisión del Tribunal. Precisamente porque asumimos esa responsabilidad con seriedad, insistimos en algo que no admite excepción: en gas, proteger a las personas empieza por no reconectar antes de saber que es seguro hacerlo”, agregó Cortés.

En tanto, en la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) expresaron su disconformidad con la nueva disposición, explicando que perjudica a la gran mayoría de los usuarios porque obliga a concentrar esfuerzos en el grupo que no ha cumplido sus obligaciones de pago. “En una situación de emergencia, esto implica destinar recursos operacionales y cuadrillas a casos individuales, que podrían ser necesarios para recuperar infraestructura y reponer el servicio al mayor número posible de personas, incluidos hogares, hospitales y escuelas. Una emergencia exige flexibilidad para asignar los recursos de manera que permitan recuperar el servicio en forma rápida y efectiva”, señalaron desde Andess.