Los primeros flancos del ministro Arrau por su rol en la reforma constitucional de seguridad y su participación en el Foro Madrid

Tanto legisladores de la UDI y de RN, como libertarios e incluso independientes, han pasado por la oficina del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, en los últimos siete días.

La agenda del secretario de Estado, militante del Partido Republicano, se completó con encuentros políticos una vez que su cartera ingresó al Congreso el proyecto de reforma constitucional en seguridad, contemplado en la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT), el nuevo foco de la administración de José Antonio Kast.

Sin embargo, la resistencia que generó la iniciativa en el propio oficialismo hizo que Arrau, indicado como el responsable de gran parte de la propuesta, retrocediera en el impulso de la iniciativa e iniciara una serie de encuentros con el fin de recoger las aprensiones de los parlamentarios que apoyan o son aliados del Ejecutivo.

Pese a su respuesta frente al caso, la que algunos consideran como “ejecutiva, rápida y oportuna“, al interior del oficialismo no son pocos quienes establecen que el episodio es el primer gran tropiezo del ingeniero desde que asumió la cartera en la que reemplazó a Trinidad Steinert el 19 de mayo pasado.

Las culpas a Arrau

El comienzo del conflicto, indican altos dirigentes del oficialismo, comenzó con la presentación del proyecto.

Son varios los parlamentarios involucrados en el debate que han considerado que hubo una especie de “secretismo” por parte del Gobierno sobre su reforma constitucional y el contenido de esta. Lo anterior lo justifican en que no hubo un trabajo prelegislativo “suficiente” como para sondear el apoyo que generaban las ideas que el Ejecutivo —y particularmente Arrau, según señalan desde La Moneda— proponía.

En ese sentido, varios señalan que de haberse conocido antes el escrito final, se habría advertido a tiempo que la idea de crear un estado de excepción por seguridad pública —que podría durar hasta 240 días por mandato del Presidente de la República sin intervención del Congreso, limitando el tránsito e incluso interceptando comunicaciones— no flotaba ni siquiera en la derecha.

La idea fue llamada “totalitaria” incluso por los militantes libertarios, como la senadora Vanessa Kaiser, quien consideró que la propuesta afectaba seriamente las libertades individuales de las personas que estuvieran bajo la medida, pues en el articulado no se distinguía si las restricciones se realizarían para quienes estuvieran vinculados al crimen organizado o no. En el mundo académico, en tanto, ha sido llamada “iliberal”.

“No estamos inventando nada nuevo (…). No veo dónde políticos, periodistas, doctores en derecho y opinólogos sacan epítetos“, defendió Arrau ayer.

Por otro lado, también en el oficialismo se afirma que hay un reproche interno incluso en entidades castrenses, lo que derivó a su vez en críticas hacia el ministro de Defensa, Fernando Barros.

Lo anterior porque dicen que Arrau tampoco consultó la opinión de las autoridades militares respecto a la idea del nuevo estado de excepción de 240 días —en circunstancias que ya realizan labores similares en la macrozona sur desde hace cuatro años— y que, aún así, la reforma constitucional lleva la firma del ministro Barros.

En el mundo militar han sostenido que para realizar labores de orden público primero requieren de legitimidad jurídica, ya que existen uniformados que hoy cumplen condenas por delitos cometidos durante el estallido social de 2019, pese a que algunos diputados republicanos han apelado que sólo realizaban las labores por las que el Estado los requirió.

Varias de estas inquietudes se plantearon directamente durante la reunión que sostuvieron el lunes pasado los presidentes de partidos del oficialismo con los ministros Arrau, Claudio Alvarado (Interior-Segegob) y José García Ruminot (Segpres), donde los dirigentes llamaron al Gobierno a retroceder en la reforma e introducir cambios sustantivos a la propuesta.

En esa línea, para apaciguar las aguas es que desde Renovación Nacional (RN) planean reunirse durante esta jornada para idear propuestas que le harán llegar a Arrau próximamente. Dentro de estas se contempla remover de plano la idea del estado de excepción por seguridad pública y promover cambios al estado de emergencia que actualmente existe para que este abarque temas de seguridad.

“Si la reforma constitucional continúa con este nuevo estado de excepción, obviamente que no va a tener ni siquiera apoyos para la idea de legislar“, planteó esta semana la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien llamó a “salvar la reforma“.

Asimismo, se espera que estas propuestas que la tienda presente sirvan para convocar a sectores clave de la oposición, pues para llevar adelante la reforma constitucional en el Senado se requiere el apoyo de 29 parlamentarios, tres votos más de los 26 con los que el oficialismo se identifica en la Cámara Alta. Para ello, apuntan a que desde el PPD y el Partido Socialista (PS) existan figuras que “crucen el río” y apoyen la iniciativa.

Presencia en Foro Madrid

Pero las críticas hacia Arrau no se han encapsulado únicamente en su rol en la tramitación de la reforma constitucional.

El líder de Seguridad también ha recibido cuestionamientos por la confirmación de su asistencia al Foro Madrid, el evento a realizarse el próximo jueves 3 de septiembre considerado de ultraderecha —a partir de quienes lo lideran, la fundación Disenso, vinculada al partido Vox de España—, donde Kast también dirá presente.

El cónclave mismo ha sido foco de debate dentro del oficialismo, pues consideran que la instancia reúne a liderazgos denominados “extremos” que no se vinculan con partidos que apoyan al Gobierno, como Chile Vamos, desde donde ha existido debate interno y comentarios cruzados sobre la instancia.

No obstante, en el caso de Arrau, su eventual participación genera molestia en el sector por el momento en el que acudiría y que, en su afán por convencer a la izquierda para apoyar su propuesta de seguridad, asista a un evento que genera debate en las propias huestes.

Asimismo, recalcan que no es común que una autoridad de Gobierno participe en ese tipo de foros.