“Hay que dar vuelta la página”: El duro cara a cara entre La Moneda y los timoneles oficialistas por la reforma de seguridad

“Esto fue un error”. Así, sin matices, se manifestaron esta tarde algunos de los timoneles del oficialismo que llegaron pasada las 13 horas hasta La Moneda para reunirse con los ministros Claudio Alvarado (a cargo de Interior y Segegob), José García Ruminot (Segpres) y Martín Arrau (Seguridad), luego de que el ingreso de la reforma constitucional en materia de seguridad por parte del Gobierno levantara fuertes críticas dentro del propio sector y pusiera en duda el avance de uno de sus ejes centrales.

En la cita, a la que asistió Andrea Balladares (RN), Guillermo Ramírez (UDI), Macarena Cornejo (Evópoli, en reemplazo del timonel, Luciano Cruz-Coke) y Arturo Squella (Partido Republicano), y que fue gestionada por la Segpres, algunos dirigentes llamaron a asumir que la estrategia seguida por La Moneda para poner en marcha su agenda de seguridad fue errada y que lo mejor era “dar vuelta la página”, ordenarse y ver desde ya cómo solucionarlo.

En ese marco, en las colectividades sostienen que aquí hubo un error de diseño inicial y que faltó trabajo prelegislativo con los propios partidos que sustentan al Gobierno. Además, en el caso de Chile Vamos hay quienes señalan que el mandatario no empoderó a los ministros más políticos, como Alvarado y García, para hacer un contrapeso a Seguridad, cartera a la que apuntan como la autora del cuestionado texto.

En los partidos llamó la atención que nadie dentro del Gobierno defendiera a rajatabla el contenido de la reforma ingresada el pasado lunes y que levantó serios cuestionamientos —”desde Johannes Kaiser (libertarios) hasta Gabriel Boric”, se repite con cierta ironía— por incluir medidas como establecer un plazo de 120 días renovables para el nuevo estado de excepción por “amenaza grave e inminente o afectación grave de la seguridad pública”.

La iniciativa ha provocado el rechazo de senadores que usualmente se alinean con el oficialismo, como ocurre con Matías Walker y Miguel Ángel Calisto (de Demócratas), e incluso fue tachada de “iliberal” por el presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, en entrevista con La Tercera.

Cambios sustantivos

Lo anterior, obligó al Ejecutivo a abrirse a introducir cambios importantes en el texto y reducir la urgencia con la que se tramitaría la medida en el Senado. De hecho, en la reunión de hoy en La Moneda se instó a encontrar primero los puntos en común dentro del oficialismo para “acotar” la reforma, de manera de comenzar logrando la unidad del sector para luego salir a dialogar con sectores de la oposición en búsqueda del elevado quorum de 4/7 (29 votos).

En esa línea, en los partidos señalan que hoy nadie puso sobre la mesa la idea de retirar la reforma del Congreso, tal como pide la oposición, ya que señalan que esta puede ser modificada sustancialmente a través de indicaciones que no tienen por qué provenir del Ejecutivo.

Así, varios adelantan que el texto cambiará sustantivamente y un punto de partida será modificar aspectos del nuevo estado de excepción. Para ello, hay consenso en avanzar en un acuerdo en línea con lo planteado por los senadores Arturo Squella y Andrés Longton (RN) para que esta herramienta solo surja de un acuerdo entre el Presidente de la República y el Congreso, además de someterla a revisión cada 30 días por parte del Poder Legislativo. Además, se considera excluir la interceptación de las comunicaciones durante el estado de excepción.

Esos cambios, de todos modos, se consideran insuficientes. Y se adelanta que se buscará que muchas materias finalmente queden a la ley y no establecidas en la Constitución.

“Aquí va a haber cambios”, dijo Guillermo Ramírez tras la reunión. “La reforma va a ser lo justo y necesario, ni más ni menos, para dar cumplimiento a la principal promesa de Kast”, añadió.

“Queremos llegar a un texto que nos permita tener la tranquilidad, porque se debe recordar que la Constitución debe proteger a las personas del poder del Estado”, comentó, por su parte, Andrea Balladares.

A su vez, el biministro Alvarado destacó que en el encuentro de hoy se dio cuenta de “un compromiso efectivo de los partidos que nos apoyan para sacar adelante esta agenda de seguridad”. Y sumó: “Hay disposición para contribuir y perfeccionar y mejorar la reforma. Situación que valoramos y agradecemos porque hay plena coincidencia en el por qué se establecen estas iniciativas”.

En la reunión de hoy, en todo caso, el Gobierno justificó ante los partidos la necesidad de elevar a rango constitucional distintos ámbitos en materia de seguridad, entre ellos, la segregación penitenciaria para aislar a los líderes del crimen organizado. Para ello, según presentes, se sostuvo que varios de estos traslados han sido rechazados por los tribunales, lo cual se sostiene que no ocurriría si esto estuviera establecido en la Carta Fundamental.

Para los próximos días, en tanto, se espera que el Gobierno refuerce las conversaciones con distintos actores del sector de manera de lograr miradas comunes antes de que inicie la discusión en el Congreso la próxima semana.