Corte de Santiago da la razón a Miguel Crispi y revoca orden del CPLT para revelar sus correos durante su paso por Presidencia

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el pasado 15 de septiembre presentado por el Fisco de Chile-Presidencia de la República para dejar sin efecto una resolución del Consejo Para la Transparencia (CPLT) que el 20 de noviembre de 2025 ordenó la entrega general de los correos electrónicos recibidos y enviados por Miguel Crispi mientras ejerció como jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, bajo el gobierno de Gabriel Boric.

La causa tiene como origen una solicitud levantada por Joaquín Labbé Salazar para acceder a los correos institucionales de Crispi entre el 9 de septiembre de 2022 y la fecha de solicitud, sin enmarcarlos en una decisión o materia específica.

Luego de que Presidencia rechazara la entrega de esos antecedentes, Labbé recurrió al CPLT, el cual terminó por acoger su amparo y ordenara entregar los correos, previa reserva de información personal y sensible, al señalar que los correos institucionales enviados o recibidos por servidores públicos, respecto de materias propias del desempeño de sus funciones, constituyen información pública.

“Considerar reservados todos los medios institucionales abriría un espacio de opacidad incompatible con los principios de transparencia, control social y publicidad que rigen la actuación administrativa”, se argumentó.

El CLPT sostuvo también que Presidencia “no acreditó una afectación presente, probable y sufucientemente específica al debido cumplimiento de sus funciones, a los derechos de terceros, a la seguridad de la Nación o al interés nacional”.

Con ello, Presidencia presentó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones para dejar sin efecto la decisión, la cual asumió el abogado Marcelo Chandía Peña.

“CPLT incurrió en una ilegalidad”

Así, finalmente la Corte dio la razón a Presidencia y dictaminó que al ordenar la entrega general de correos electrónicos de la casilla institucional de Miguel Crispi, “sin acreditar su vinculación específica con actos, resoluciones o procedimientos administrativos determinados y sin ponderar suficientemente la afectación de las garantías constitucionales comprometidas, el Consejo Para la Transparencia incurrió en ilegalidad”.

Si bien tiene una similitud, la causa no tiene relación con otro litigio relacionado al caso Monsalve. Al respecto, el entonces diputado Tomás Lagomarsino solicitó formalmente los correos institucionales de Miguel Crispi y Carlos Durán, jefe de gabinete de Gabriel Boric, intercambiados entre el 14 y el 18 de octubre de 2024, con la intención de fiscalizar una eventual planificación de La Moneda antes de que el caso que involucraba al entonces subsecretario del Interior explotara.

La Justicia falló contra la Presidencia y ordenó la entrega de correos entre Crispi y Durán.