Columna de Marco Moreno: El 2028 comienza en 2027 para La Moneda

Durante sus primeros seis meses, buena parte de los problemas políticos del gobierno de José Antonio Kast pudieron observarse mirando hacia La Moneda: diferencias entre ministros, descoordinaciones, problemas con la comunicación de gobierno, controversias con los partidos y decisiones que debieron ser corregidas después de anunciadas. Ahora comienza a aparecer otro frente. Para entenderlo hay que mirar hacia las regiones y comunas.

La controversia por el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal es una señal. Alcaldes oficialistas y opositores cuestionaron una disposición que podría vincular el incumplimiento de determinados requisitos para directores de seguridad e inspectores municipales con responsabilidades administrativas que eventualmente conduzcan al cese del alcalde. La crítica no se refiere únicamente al contenido. Los municipios reclaman que una regulación que afecta directamente sus responsabilidades fue elaborada sin suficiente participación del mundo municipal.

El episodio puede parecer acotado. Probablemente no lo sea. Lo que empieza a insinuarse es una territorialización del conflicto político: decisiones concebidas desde el gobierno central encuentran resistencia cuando llegan al nivel donde deben ser ejecutadas y donde sus costos adquieren nombre, presupuesto y responsables.

El Biobío ya entregó otro anticipo. En agosto, la decisión inicial de Hacienda de frenar la tramitación de las adjudicaciones de dos corredores de transporte público del Gran Concepción, por cerca de US$400 millones, provocó una reacción que atravesó las fronteras entre gobierno y oposición. Los diputados UDI Flor Weisse, Sergio Bobadilla y Marlene Pérez enfrentaron públicamente al ministro Jorge Quiroz, mientras el gobernador Sergio Giacaman también exigía revertir la decisión. El Gobierno posteriormente aseguró que los proyectos mantendrían sus diseños y plazos, aunque modificando su modalidad de ejecución. 

Lo interesante del episodio no fue solamente la discrepancia sobre infraestructura. Fue observar cómo parlamentarios oficialistas dejaron de comportarse momentáneamente como miembros de una coalición nacional para hacerlo como representantes de un territorio. Allí aparece una regla que La Moneda tendrá que incorporar: la proximidad territorial puede terminar pesando más que la proximidad partidaria.

Un alcalde o parlamentario oficialista puede respaldar al Presidente y, al mismo tiempo, enfrentarse al Gobierno cuando una decisión afecta directamente a su comuna o región. No necesariamente hay indisciplina en esa conducta. Hay incentivos diferentes. La autoridad nacional responde por el equilibrio fiscal, la seguridad o las prioridades generales del Ejecutivo; la autoridad territorial debe explicar por qué una obra se posterga, faltan recursos o aumentan sus responsabilidades.

Ahí aparece un desalineamiento vertical. La coordinación de un gobierno no se juega solamente entre Presidencia, ministros y partidos. También requiere compatibilizar decisiones nacionales con autoridades subnacionales que poseen legitimidad electoral propia, recursos desiguales y agendas que no necesariamente coinciden con las del Ejecutivo. La implementación deja entonces de ser el último eslabón de una política y se transforma en un espacio de negociación política.

Para Kast, esto tiene una dificultad adicional. Seguridad, empleo, reconstrucción, inversión pública y empleo poseen una dimensión territorial intensa. Mientras más dependa su agenda de capacidades municipales y regionales, mayor será la posibilidad de que una controversia originalmente administrativa o presupuestaria termine convertida en disputa política.

Y existe un segundo reloj. Las próximas elecciones municipales y regionales serán en octubre de 2028, pero su política comenzará bastante antes. Para distintas autoridades del aparato estatal que pretendan competir existen inhabilidades que operan durante el año previo a la elección. Eso convierte a 2027 en el momento en que comenzarán a hacerse visibles candidaturas, renuncias, movimientos territoriales y negociaciones partidarias.

También empezará antes la discusión sobre pactos. Republicanos, Chile Vamos (RN, UDI, Evopoli) y libertarios pueden compartir gobierno y simultáneamente competir por alcaldías, gobernaciones y concejos. En Santiago esas diferencias todavía pueden administrarse como tensiones entre dirigencias. En las regiones se traducen rápidamente en una pregunta mucho más concreta: quién ocupa qué espacio y bajo qué pacto.

Por eso, los alcaldes que cuestionan el reglamento de seguridad y los parlamentarios del Biobío que enfrentaron a Hacienda no son necesariamente episodios desconectados. Pueden ser las primeras expresiones de un cambio en la geografía política del Gobierno. Hasta ahora La Moneda ha debido administrar principalmente su coordinación interna y su relación con el Congreso. En adelante deberá agregar una tercera dimensión: gobernar un territorio compuesto por autoridades que no son simples ejecutores de decisiones nacionales y cuyos incentivos serán cada vez más electorales.

El calendario dice 2028. Pero antes vendrán las candidaturas, las renuncias, los pactos y la defensa de los territorios. Por eso, políticamente, el 2028 comienza en 2027.