Columna de Luis Cordero, exministro de Seguridad: Una crónica judicial

En diciembre de 2023 la Corte Suprema cumplió doscientos años y, aunque las celebraciones fueron modestas, nadie imaginaba que en los meses que seguirían se desataría su crisis más profunda. Es la misma Corte que presidió Manuel Montt tras gobernar el país en los convulsos años de las guerras civiles de 1851 y 1859; y menos aún se preveía que, dos años más tarde, esta crisis dejaría de ser un problema sobre cómo se gobierna, se nombra o se disciplina a los jueces, para volverse una pregunta sobre qué es un tribunal.

Tras el episodio del caso Audio -cuyos efectos se sostienen hasta hoy-, el Poder Judicial y la Corte Suprema en particular ingresó en una serie de procedimientos disciplinarios, penales y de responsabilidad política, donde se han entremezclado asuntos de todo tipo.

A poco andar, se removieron entre 2024 y 2025 tres Ministros de la Corte Suprema mediante acusaciones constitucionales -el único anterior en toda su historia fue en 1992- y se abrieron cuadernos de remoción a Ministros de Cortes de Apelaciones por los vínculos impropios con la política para acceder a sus cargos. Pero como si se tratara de una maldición, producto de las investigaciones en materia de uso indebido de licencias médicasse abrieron 58 cuadernos de remoción a jueces, de los cuales once ya han sido removidos. Estos días, también, se ha conocido del dilema que enfrenta la Corte para tomar decisiones similares en el caso de jueces que asistieron a jugar a casinos dada la existencia de una prohibición legal.

Cuando se observan los indicadores internacionales en materia de Estado de derecho (WJP, WGI Rule of Law, CPI, V-Dem) el país goza de buenos indicadores, pero quizá la evolución de tres de ellos permiten evidenciar el momento en el que nos encontramos. En el WJP Rule of Law Index 2025, Chile obtiene un puntaje global de 0,66 y se mantiene primero de América Latina, pero encadena un declive sostenido desde 0,70 (2015). El indicador de gobernanza del Banco Mundial (WGI Rule of Law) es el que más cae de 1,15 (2015) a alrededor de 0,69, cerca de un 40% de deterioro, aunque Chile siga liderando la región. El CPI de Transparencia Internacional se estancó en 63 puntos en 2025 (sin variación respecto de 2024; puesto 31 de 182), en niveles bajos para el estándar histórico chileno. V-Dem muestra un declive moderado de la democracia liberal, con leve rebote, y Freedom House mantiene a Chile estable y “libre” (95/100).

El dato más evidente no está en los índices institucionales, sino en la percepción ciudadana, donde el deterioro es abrupto. La encuesta CEP (2025) registra apenas un 16% de confianza en los tribunales (el mismo bajo nivel del Ministerio Público); la de Cadem (agosto de 2026) es aún más dura, porque señala queun 75% evalúa al Poder Judicial con notas de 1 a 4, solo un 7% asigna notas 6 o 7, y un 83% afirma que el sistema “no da confianza”. La Encuesta Bicentenario UC agrega el matiz cualitativo, donde un 80% cree que los jueces no tratan igual a ricos y pobres, un 54% que están influidos por el gobierno de turno, solo un 34% que actúan conforme a la ley y apenas un 18% que el sistema es efectivo. Por otra parte, la encuesta Signos (enero de 2025) había anticipado la caída con casi un 79% con menos confianza que el año anterior y un 89% percibiendo la existencia de alta corrupción.

Una lectura preliminar nos lleva por dos caminos. Por un lado, en lo referido a la independencia formal y la posición comparada el país resiste, pero la necesidad de reformas en materia de Gobierno Judicial, sistema de nombramientos y disciplinario, se han transformado en evidentes tras el caso Audios y el de licencias médicas. Pero la segunda, puede ser la más compleja porque la legitimidad percibida (imparcialidad, integridad, igualdad ante la ley) se derrumbó, de manera que se puede transformar en una erosión estructural a la independencia judicial si la discusión pública no se centra en los asuntos relevantes.

Por eso el debate sobre la remoción de jueces por la Corte Suprema en el asunto licencias médicas debe ser analizado con cuidado. Este caso es uno más de una crisis que en pocos años ha llevado a la Corte a la situación más compleja desde su fundación, porque está en juego precisamente su razón de ser, la de decidir los asuntos como un tercero imparcial con garantías de igualdad y justicia, de modo que el asunto no se reduce pura y simplemente a la naturaleza del procedimiento disciplinario. No tener conciencia de la magnitud de la crisis por parte de la Corte y los gremios judiciales es quizá el principal riesgo en el cual nos podemos encontrar, entre otras cosas porque la política -a la que la independencia judicial suele incomodar- puede asumir este momento como una posibilidad de reestructuración global más allá de la manera en que se gestiona el Poder Judicial. 

No sería la primera vez. La tentación de tratar a los tribunales como un poder vigilado y reestructurable desde afuera tiene raíces antiguas. En las últimas décadas el Derecho comparado lo confirma como advertencia en México, Turquía, Hungría o Polonia, donde las crisis de integridad o promesas de “modernización” sirvieron de pretexto para capturar a la judicatura, lo que Kim Lane Scheppele llamó legalismo autoritario, esto es, el uso de reglas legítimas con fines de control.

La ausencia de comprensión crítica de este problema por parte de nuestros intelectuales públicos, así como de la academia del Derecho y las Ciencias Políticas, es otro elemento de ese riesgo, esta vez desde la perspectiva institucional, porque si hay algo que a Chile lo ha caracterizado en sus evaluaciones internacionales es la solidez de los jueces para controlar el poder, pero esta crisis puede generar demasiadas tentaciones en un ámbito de disgusto colectivo.

Tras doscientos años de existencia la Corte Suprema vive su momento más complejo, uno que acumula crisis sucesivas en tres años. La forma en que salga de esto dirá menos sobre la calidad del sistema de justicia que sobre la sanidad de nuestra democracia y del Estado de derecho, porque una crisis de integridad no puede pagarse con la moneda de la independencia. Un tribunal -que, como recordaba Hamilton, no tiene ni la bolsa ni la espada- no cuenta con más capital que su legitimidad; y lo advertía Bello en 1830, cuando afirmaba que “una magistratura servil […] la hace instrumento de la tiranía o de la codicia”. El mayor riesgo, hoy, no es la corrupción que abrió la crisis, sino que la política la use de pretexto para rediseñar desde afuera el único poder que ya no tiene con qué defenderse solo.