Chile enfrenta nuevos desafíos de transparencia minera tras su adhesión al estándar internacional EITI

La reciente adhesión de Chile a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) plantea nuevos desafíos para el país: garantizar que la información sobre la actividad minera sea accesible, trazable y comprensible para la ciudadanía, especialmente en un escenario marcado por la creciente importancia del litio y otros minerales estratégicos.

Este fue el eje del encuentro organizado por el Centro de Democracia y Opinión Pública (CDOP) de la Universidad Central de Chile, junto con las organizaciones de la Mesa Ampliada de la Sociedad Civil de EITI-Chile y el apoyo del Punto Nacional de Contacto de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.

La instancia permitió identificar brechas en tres ámbitos fundamentales: transparencia fiscal, socioambiental y de beneficiarios finales, poniendo especial atención en las dificultades para transformar los datos disponibles de la minería en información útil para las comunidades y la toma de decisiones públicas.

Transparencia minera: ¿Dónde quedan los recursos de la minería?

Uno de los principales desafíos identificados fue la dificultad para establecer una relación directa entre los ingresos generados por proyectos mineros y los recursos que finalmente llegan a regiones y municipios.

Los participantes abordaron la necesidad de perfeccionar las metodologías de proyección de ingresos fiscales, especialmente ante el creciente peso del litio en las finanzas públicas.

Asimismo, se analizaron las barreras que representan el secreto tributario y la administración centralizada de la recaudación para seguir el recorrido de estos recursos.

Si bien se reconocieron avances del Consejo Minero en la publicación de los pagos tributarios de sus empresas asociadas, persisten diferencias metodológicas que dificultan conciliar las cifras del sector privado con las del Estado.

En materia socioambiental, el encuentro puso de relieve la dispersión de las bases de datos públicas, situación que dificulta a las comunidades acceder a información clara sobre los impactos de las faenas mineras en sus territorios.

Frente a este escenario, se planteó la necesidad de integrar y homologar estos registros, junto con fortalecer la participación ciudadana mediante los principios del Acuerdo de Escazú, promoviendo que las observaciones de las comunidades reciban respuestas fundamentadas.

También se destacaron compromisos de la industria relacionados con la reducción del consumo de agua fresca y el fortalecimiento de espacios de diálogo territorial.

Identificar a quienes controlan las empresas

Otro de los temas centrales fue la transparencia de los beneficiarios finales, es decir, las personas que ejercen la propiedad o el control efectivo de una empresa.

Los participantes abordaron el escaso avance legislativo de la iniciativa destinada a establecer un registro que permita identificar a estos actores, pese a que parte de la información requerida ya se encuentra disponible en los instrumentos jurídicos de constitución de sociedades.

En este ámbito, se planteó fortalecer las capacidades tecnológicas y la coordinación entre organismos públicos para facilitar el acceso oportuno a los datos, resguardando la protección de la información personal.

El encuentro concluyó que implementar el estándar EITI exige avanzar más allá de la publicación de cifras y documentos. El desafío consiste en garantizar que la ciudadanía pueda comprender cómo se generan y distribuyen los recursos mineros, cuáles son sus impactos territoriales y quiénes ejercen el control de las empresas.

En un contexto de creciente demanda internacional de minerales críticos para la transición energética, los participantes destacaron que fortalecer la transparencia constituye también un desafío estratégico para el desarrollo responsable de la industria extractiva y minera chilena.