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Foto: Agencia Uno.

Ciudad

5 de Octubre de 2026

“En diez años nunca se ha evaluado y no hay un indicador de impacto real”: Gobierno recorta en un 86% el presupuesto a la Ley Cholito

El Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), dependiente de la Subdere, es el encargado de financiar iniciativas como esterilizaciones, vacunaciones, chipeo y atención veterinaria. El año pasado se le asignó un presupuesto de $3.634 millones, y este año se redujo a $514 millones. Municipios cuestionan que la reducción termine trasladando esos costos a las comunas.

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La llamada Ley Cholito, promulgada en 2017 tras el caso de maltrato y muerte de un perro en Patronato, buscó establecer por primera vez un marco legal para la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía.

La ley obliga a las personas a identificar y registrar a sus animales, proporcionarles alimentación, cuidados veterinarios y buen trato, así como hacerse cargo de los daños que puedan provocar.

Su implementación quedó principalmente radicada en el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), dependiente de la Subdere, que canaliza recursos hacia los municipios para iniciativas como esterilizaciones, vacunaciones, implantación de microchips, atención veterinaria y educación.

Y es precisamente de ese programa de donde la administración actual recortó con fuerza su presupuesto, pasando de $3.634 millones ($3.750 con el valor del peso a septiembre 2026) asignados este año a $514 millones para el 2027, una disminución del 86%.

La ley, de todas formas, desde su implementación ha recibido tanto críticas como reconocimientos. Si bien por un lado se reconoce el fomento que ha implicado a la vacunación y a la tenencia responsable, también se ha admitido que hay una debilidad en la implementación, el diseño y la capacidad de ejecución de la ley, problemas que incluso fueron reconocidos por Contraloría.

“Todo eso ahora pretende trasladarse a los municipios que ya estamos haciendo enormes esfuerzos con recursos limitados”

Con todo, el recorte de su presupuesto ahora se suma a las críticas que han emanado de la oposición al proyecto, quienes acusan a que el costo del recorte a la Ley Cholito lo asumirán los municipios, puesto que muchas veces son quienes lideran precisamente iniciativas para esterilización y vacunación de mascotas, entre otros servicios.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto (FA), dijo: “Esto es muy grave. El Gobierno está desfinanciando casi por completo un programa que es fundamental para la protección y el bienestar animal. Hablamos de atenciones veterinarias, chipeo, esterilizaciones y también de la respuesta frente a emergencias y catástrofes”.

Según la autoridad regional, “todo eso ahora pretende trasladarse a los municipios que ya estamos haciendo enormes esfuerzos con recursos limitados. No podemos retroceder en tenencia responsable ni dejar a miles de animales y familias sin apoyo. Si el Gobierno realmente quiere hacerse cargo de esta materia, tiene que financiarla y no traspasarle otra cuenta más a los municipios”.

Así también la diputada del FA, Francisca Bello, dijo en X que “recortar casi todos los recursos del Programa de Tenencia Responsable de la Ley Cholito es un grave error. No solo significa menos herramientas para proteger a nuestros animales, esterilizar y prevenir el abandono. También debilita una de las formas que tenemos para enfrentar la presencia de perros asilvestrados, que atacan al ganado y a la fauna en nuestras zonas rurales”.

Y agregó: “El Presupuesto 2027 no puede enfrentar un problema creando otro. Defender estos recursos es proteger a los animales, pero también a las familias y comunidades rurales que conviven diariamente con esta realidad”.

Consultados al respecto, en la Subdere dijeron: “Lo primero, con mucha claridad: la inversión no se detiene. Hoy tenemos 3.000 millones de pesos en proyectos en ejecución, que van a seguir funcionando en las comunas durante 2027”.

“Lo que estamos haciendo es algo que el programa necesitaba hace tiempo. En diez años nunca se ha evaluado y no hay un indicador de impacto real que nos permita saber si estamos reduciendo el abandono, las jaurías o las mordeduras. Eso no es justo ni para las familias, ni para los agricultores que sufren ataques a su ganado”, dijeron.

En esa línea, concluyeron que “en el primer semestre haremos pilotos de focalización y un estudio de impacto, y tenemos el compromiso de revisar el programa en julio. Con esa evidencia vamos a poder reasignar recursos y fortalecer lo que funciona. Queremos un programa con más impacto, y vamos a construirlo junto a los municipios, al Congreso y a las organizaciones”.

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