“Es delicada la señal y debería preocuparnos”: Gobierno recorta en 14% el financiamiento para tratamientos de alto costo en salud

Hace más de una década en Santiago se realizó la Marcha de los Enfermos. Una histórica manifestación ciudadana convocada por el periodista Ricarte Soto, en que se buscaba visibilizar el alto costo de medicamentos y tratamientos médicos para ciertas enfermedades.

La movilización de los pacientes motivó la posterior creación de la Ley Ricarte Soto, creando un fondo destinado a financiar medicamentos y otros tratamientos para determinadas patologías, que actualmente llegan a 27 problemas de salud.

La norma, eso sí, ha enfrentado una serie de problemas desde su origen, y ahora deberá enfrentar otro: el Gobierno disminuyó su financiamiento en un 14%. Si para 2026 en Fonasa se le destinaron $189.696 millones, para 2027 se le asignaron $166.951 millones.

Si bien el financiamiento de la Ley Ricarte Soto ha sido objeto de debate hace algunos años precisamente debido a su complejidad y al alto costo que implica, la economista en salud e investigadora del Ipsuss, Daniela Sugg, explica a The Clinic que “es delicada la señal y debería preocuparnos. Será fundamental escuchar al Ejecutivo en esta materia”.

Y agrega: “El colocar menos recursos en la Ley Ricarte Soto en presupuesto sin que existan motivos declarados, como por ejemplo renegociación, menos personas o que se están movilizando tecnologías al GES, solo muestra que el presupuesto legal de inicio de año no es un instrumento que proyecte y sea fidedigno al gasto esperado”.

Los problemas financieros que ha enfrentado la Ley Ricarte Soto

El corazón de la norma buscaba que hubiera una incorporación progresiva de diagnósticos y tratamientos que quedaban cubiertos mediante nuevos decretos cada tres años. Sin embargo, una serie de factores generaron que en 2021 aquello quedara pausado por un déficit de financiamiento.

Por una parte, en un comienzo la idea era que fuera financiada con un fondo anual de $100 mil millones, pero el costo real que empezó a implicar para el Estado la normativa hizo prácticamente imposible la incorporación de nuevas patologías, motivo por el que desde 2019 que se mantienen vigentes las mismas 27 patologías -pese a que en 2025 sí se incorporaron nuevos tratamientos para dichas enfermedades-.

Precisamente a agosto de este año ya se había ejecutado todo el presupuesto de la Ley Ricarte Soto, los $189.696 millones. Según un análisis de la propia Sugg, si en 2015 la norma comenzó con 51 beneficiarios, para 2025 ya son 75.232. Solo de 2023 a 2025 la cifra aumentó de 57 mil a 75 mil personas.

Casi diez mil solicitudes pendientes para ser incorporadas al fondo

Y si bien el gasto de las enfermedades y tratamientos de alto costo es millonario, también son miles de solicitudes las que se han recibido pidiendo su incorporación al fondo.

Incluso, según el último repositorio de solicitudes de incorporación de diagnósticos y tratamientos de alto costo para el nuevo decreto de la ley del periodo 2025-2028 -consolidados hasta diciembre de 2023- por el Ministerio de Salud, hay al menos 9.580 solicitudes.

El problema, explica Sugg, es que si bien la rebaja no es algo nuevo, “sí rompe la tendencia que se estaba buscando que es reflejar de forma cierta el gasto esperado en presupuesto”.

“El fondo presenta una ley propia, por tanto, más allá de que la ley de presupuestos no disponga la totalidad de sus recursos, es una línea prespuestaria excedible (sí se puede gastar más de lo que dice la ley de presupuestos) pero requiere ajustar cuando se requiere la ley vigente”, dice la economista.

A lo anterior se suma que la tendencia de los últimos años ha sido que Fonasa ha gastado cada vez más recursos en financiar medicamentos de alto costo luego de que la Corte Suprema falle a su favor en las demandas de los pacientes al Estado.