Muerte de dos carabineros en una semana eleva presión contra el Gobierno y republicanos piden decretar estado de emergencia a nivel nacional

Con malestar recibieron los diputados republicanos, la noche del domingo, la noticia de un nuevo funcionario de Carabineros se encontraba en riesgo vital tras participar en un operativo policial.

Se trataba del sargento segundo Jaime Urrea, carabinero con 18 años en la institución, que acudió ese día a un llamado por violencia intrafamiliar en Los Ángeles. Cuando llegó al lugar fue baleado con una escopeta. Las heridas provocaron su muerte en la madrugada del lunes, apenas unas horas después.

A las seis de la mañana, el Presidente José Antonio Kast escribió en sus redes sociales que lamentaba la muerte de Urrea. Su mensaje se centró en dar su apoyo a la familia y la fuerza policial, con un llamado a que “caiga todo el peso de la ley sobre el asesino“.

Sin embargo, esa intervención, sumada a otra que tuvo durante el curso del lunes, no satisficieron al mundo republicano, lo que provocó que un grupo de la bancada se activara con una solicitud: que se decrete estado de emergencia a nivel nacional.

El diputado Sebastián Zamora, excarabinero que fue absuelto del caso Pío Nono, fue uno de los que defendió la idea que se comenzó a impulsar con fuerza desde el bloque.

“Pedimos al Gobierno decretar estado de emergencia nacional. La seguridad de los chilenos y protección de quienes nos protegen no puede seguir esperando. Se necesitan medidas excepcionales, firmes y concretas frente a la violencia que golpea al país“, sostuvo el representante por Valparaíso.

La noticia del carabinero Urrea llegó en un momento particular entre la relación de los diputados republicanos con el Gobierno, al menos en materia de seguridad. Hace dos semanas, cuando otro funcionario de la institución murió en otro operativo — el suboficial mayor Cristopher Aguilera, en Lo Espejo—, desde la bancada de diputados insistieron en su presión hacia el Gobierno para que tomara medidas concretas que se reflejaran como un respaldo hacia Carabineros de Chile.

En ese sentido, lo que se solicitó por entonces era que se aplicaran los anhelados indultos presidenciales a uniformados condenados por delitos relativos al estallido social de 2019. La diputada Javiera Rodríguez, una de las protagonistas de la tienda en esa agenda, señaló por esos días que “urgen señales concretas. Eso espero de mi gobierno, eso espero de mi país“.

No obstante, con el caso de Urrea la discusión se llevó hacia otro arena, pues Zamora no fue el único en pedir un estado de emergencia a nivel nacional. Lo propio hizo su compañero de bancada Ignacio Urcullú, quien “exigió” adoptar la medida que solo puede surgir por iniciativa presidencial.

“Chile debe proteger a quienes todos los días arriesgan su vida para protegernos”, estableció el diputado, mensaje que fue compartido también a nombre de la bancada del Partido Republicano, compuesta por 31 integrantes, entre ellos el hijo del mandatario José Antonio Kast Adriasola.

De todos modos, las solicitudes de estados de excepción constitucionales no han quedado radicadas solo en el mundo del partido que fundó el Presidente. Una solicitud similar hizo la senadora María José Gatica, jefa del comité parlamentario de Renovación Nacional (RN) en la Cámara Alta, quien ayer pidió que se considerara la opción de decretar estado de sitio en la Región del Biobío, zona en la que ocurrió el incidente de Urrea y a la que representa en el Senado.

La cautela del Gobierno

En La Moneda apuestan a que con los recientes sucesos, por los cuales el propio mandatario ha decretado duelo, la discusión de seguridad en el Congreso avance con mayor premura.

Este martes, de hecho, el jefe de Estado lideró la promulgación del aumento de la flagrancia de 12 a 24 horas. Desde el palacio presidencial, Kast señaló que “tenemos que ir actualizando nuestras leyes, nuestros procedimientos, nuestro equipamiento. Podemos decir que dándole respaldo, como le hemos dado a las policías, están aumentando paso a paso las vocaciones”.

Tenemos que ir actualizando nuestras leyes, nuestros procedimientos, nuestro equipamiento y podemos decir que dándole respaldo, como le hemos dado a las policías, están aumentando paso a paso las vocaciones

En el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), el Gobierno se encuentra promoviendo más de 20 proyectos de ley en el Congreso, con el fin de brindar atributos a las instituciones respectivas para el combate de la delincuencia y el fortalecimiento de las policías.

Mientras tanto, sin embargo, la polémica reforma constitucional en seguridad enviada por el Ejecutivo continúa en stand by y a la espera de que los senadores de la comisión de Constitución del Senado presenten una propuesta que la reemplace.