Las similitudes y diferencias entre el proyecto de reforma de seguridad presentado por senadores y el del Gobierno de Kast

Este miércoles, un grupo de cinco senadores (entre oficialistas, opositores e independientes) presentó un proyecto de reforma constitucional en seguridad, con el que busca dar una alternativa a la iniciativa del mismo tenor que presentó el Gobierno de José Antonio Kast en agosto y que no ha generado el consenso necesario para su avance en el Congreso Nacional.

La iniciativa, impulsada por Pedro Araya (PPD), Andrés Longton (RN), Arturo Squella (Republicanos), Karim Bianchi (Ind.) e Iván Flores (DC), presenta tres grandes ejes: Crimen organizado, cárceles y estado de emergencia.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, sostuvo que “con un proyecto ingresado de manera transversal por los senadores vamos a poder abordar no todo, pero gran parte de las materias que estaban en la reforma que nosotros presentamos”.

“En su tramitación se podrán ir haciendo aportes, avanzando en mayor segmentación penitenciaria y autonomía por parte de Gendarmería, abordar quizá no en este proyecto que abre la puerta, pero en reformas al Código Penal, en los listados de organizaciones del crimen organizado y también con alguna mejora del estado de excepción de emergencia, que no es idéntico a lo que nosotros habíamos planteado”, destacó el secretario de Estado, quien agradeció a los parlamentarios por la iniciativa.

Similitudes entre las iniciativas

Tanto la iniciativa del Gobierno como la de senadores consideran que el combate al crimen organizado requiere una respuesta constitucional, dotando al Estado de herramientas y elevando su tratamiento al mismo grado que el terrorismo.

Para ello, ambos proponen “elevar la relevancia constitucional del crimen organizado”, aunque con un leve matiz. El de los senadores busca consagrarlo en el artículo 9°, mientras que el proyecto de Kast crea el artículo 9° bis.

Asimismo, las dos iniciativas contemplan instaurar regímenes penitenciarios especiales para impedir que líderes o integrantes de organizaciones criminales continúen operando desde las cárceles. Considera también las restricciones a visitas y comunicaciones, además de otros aspectos.

Siguiendo en la misma línea en materia penal, los proyectos incorporan una lógica preventiva, contemplando actuar ante situaciones graves o amenazas antes de que alcancen su máxima expresión.

Las diferencias entre las reformas de seguridad

Uno de los pilares de la iniciativa de Kast es crear un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública. Una nueva figura que es separada a los estados de emergencias ya existentes.

En concreto, el Presidente de la República podrá decretar el nuevo régimen ante una “amenaza grave o inminente” a la seguridad pública cuando haya sido gravemente afectada. Podrá extenderse por hasta 120 días con la posibilidad de prorrogarla por una vez por igual periodo. Para nuevas extensiones será necesario contar con el acuerdo del Congreso.

Caso contrario, los senadores no crean un nuevo estado aunque sí modifican el estado de emergencia, ampliando las circunstancias que permiten utilizarlo en caso de “grave alteración o de peligro grave o inminente para el orden público” o “para la seguridad de la Nación”.

El Presidente puede declarar el estado de emergencia por un máximo de 30 días. Posteriormente, necesita una autorización del Congreso.

También considera un mayor control parlamentario periódico, donde el Mandatario debe explicar al poder legislativo “por qué continúa el estado de emergencia, qué medidas se han adoptado y cuáles han sido sus resultados”.

El Congreso tendría la facultad de revocarlo, requiriendo la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de cada corporación.

Otra diferencia, el proyecto de Kast crea un registro de organizaciones criminales, con consecuencia para la determinación de responsabilidad penal de sus integrantes, aunque manteniendo la obligación del Ministerio Publico para acreditar la participación individual. En cambio, la iniciativa parlamentaria no establece un registro equivalente.

En el caso de inhabilidades y consecuencias para condenados por delitos ligados al crimen organizado, el de La Moneda es más estricto. Esto porque considera la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, restricciones respecto de determinadas prestaciones financiadas con recursos públicos durante 15 años; y restricciones para acceder a beneficios penitenciarios.

Caso contrario, el de los senadores no establecen sanciones especificas aunque permiten aplicar y graduar las inhabilidades constitucionales asociadas al artículo 9°, considerando la gravedad del delito y la posición del responsable dentro de la organización.