Carta a la directora de Yerko Ljubetic, director del INDH: Enfoque de derechos humanos ante desastres y emergencias

Desastres como el aluvión ocurrido el pasado jueves en la Región Metropolitana, y antes en diversas regiones del país, afectan gravemente derechos fundamentales de las personas, como la vida, la integridad física, la salud y la vivienda. Por eso, su prevención y gestión requieren también un enfoque de derechos humanos.

En cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos humanos, el INDH ha advertido al Estado la importancia de reconocer que las emergencias no impactan a todas las personas de la misma manera. En 2023, tras observaciones en terreno sobre las inundaciones que afectaron a las regiones O’Higgins y El Maule, y los incendios forestales en Ñuble y Biobío, el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile incorporó un capítulo sobre gestión de desastres en Chile.

En esa oportunidad, el INDH recomendó destinar recursos a planes de reducción del riesgo de desastres, mejorar las capacidades técnicas y financieras de los organismos responsables, reforzar la preparación de la población y garantizar el acceso universal a ayudas tempranas, entre otras medidas.

Pero sobre todo, recomendó incorporar el enfoque de derechos humanos a la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, es decir, que las políticas públicas y las respuestas estatales en contextos de emergencia consideren condiciones y circunstancias que suponen impactos diferenciales de las catástrofes en la población, tales como el género; la situación de niños, niñas, adolescentes; de personas mayores y personas con discapacidad; los contextos rurales; y la situación socioeconómica de las personas afectadas. Sólo así, es posible adoptar medidas que protejan efectivamente a todas las personas sin discriminación.

La experiencia demuestra que la gestión de desastres exige una preparación permanente, que reconozca las distintas necesidades de la población y que oriente las decisiones del Estado para que la prevención, la respuesta y la recuperación permitan resguardar los derechos humanos de la población.