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José Antonio Kast
El Presidente José Antonio Kast durante su primera intervención en Naciones Unidas, en septiembre pasado. Foto: Presidencia

Política

13 de Octubre de 2026

Gobierno de Chile defiende el derecho a la vida ante la ONU y afirma que el aborto no es un derecho internacionalmente reconocido

En una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la representación chilena afirmó que el aborto no es un derecho internacionalmente reconocido. La postura, defendida por Kast durante su trayectoria política, coincidió con la de otros gobiernos conservadores de la región, que en la misma sesión de Naciones Unidas cuestionaron el lenguaje sobre derechos sexuales y reproductivos incluido en una resolución sobre agua potable y saneamiento.

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El Gobierno de José Antonio Kast llevó su postura sobre el aborto al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El pasado 7 de octubre, durante la 43.ª reunión del 63.º período de sesiones del organismo, Chile intervino para explicar su posición frente al proyecto de resolución A/HRC/63/L.34, que buscaba reafirmar el derecho humano al agua potable y al saneamiento.

Aunque ese era el objeto principal del texto, uno de sus apartados hacía referencia a la necesidad de garantizar el acceso al agua, al saneamiento y a la higiene, también en materias relacionadas con la salud menstrual y los derechos sexuales y reproductivos.

Fue en ese contexto que el representante chileno, el diplomático Fernando Cabezas, reafirmó el compromiso del país con el acceso al agua potable y al saneamiento, para luego explicitar la posición del Gobierno en materia de aborto. En su intervención, solicitó además que la declaración quedara consignada en las actas de la sesión.

José Antonio Kast durante su reciente visita a la ONU. Foto: Presidencia

“El Gobierno de Chile promueve y protege el derecho a la vida”

“En primer lugar, queremos reafirmar nuestro firme compromiso con la realización de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, incluido sus vínculos con la salud y la higiene menstrual de mujeres y niñas. Asimismo, dejamos constancia y solicitamos a la secretaría que esta declaración quede reflejada en las actas, de que el Gobierno de Chile promueve y protege el derecho a la vida de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, señaló Cabezas.

“En ese contexto, entendemos que en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, el aborto no constituye un derecho internacionalmente reconocido, toda vez que su delimitación y definición jurídica dependen de la normativa interna de cada Estado”, agregó el representante chileno.

La intervención concluyó con una objeción al alcance del lenguaje incorporado en la resolución. “Finalmente, consideramos que preservar un lenguaje estrechamente vinculado al tema y objeto de cada resolución favorece su claridad, coherencia y la construcción de consensos”, planteó Cabezas.

La posición chilena no fue la única en cuestionar esa referencia. Durante la misma discusión, hubo otro grupo de países que también manifestaron su desacuerdo por parte del lenguaje utilizado en el proyecto de resolución. 

“Cuando terminamos mezclando el sexo con el agua, no ampliamos los derechos humanos, los banalizamos. Y cuando banalizamos los derechos humanos, también devaluamos este mismo Consejo”, dijo el representante de Argentina, mientras que el de Colombia manifestó:  “No es un lenguaje universalmente acordado ni una definición vinculante”.

Bloque de gobiernos conservadores de la región también se desmarcó de alusión a derechos sexuales y reproductivos

La declaración ante el Consejo de Derechos Humanos se enmarca en una posición que Kast ha defendido durante años en la política chilena. El mandatario ha sostenido una visión centrada en la defensa de la vida desde la concepción y ha cuestionado la legislación que permite la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales.

Sin embargo, durante su última y exitosa campaña a La Moneda, el entonces candidato optó por no entrar en la discusión de esos temas, centrando la discusión en las “urgencias ciudadanas”, como la seguridad, el empleo y la reactivación económica.

La postura de Chile fue celebrada por organizaciones internacionales que defienden el derecho a la vida y que dieron cuenta de que distintos gobiernos conservadores de Latinoamérica coincidieron en llevar ante el Consejo esa postura. Así ocurrió con Argentina, Colombia, Perú, Costa Rica y Paraguay, además de Chile.

La posición del Gobierno de Kast se distanció además de las declaraciones entregadas en Naciones Unidas por representantes de la administración de Gabriel Boric. En marzo de 2025, por ejemplo, la entonces ministra de la Mujer, Antonia Orellana, expuso en la 69° Comisión de la Mujer y destacó las “brechas pendientes” en derechos sexuales y reproductivos. “Consideramos fundamental avanzar en este debate de manera democrática, sin que movimientos antiderechos nos nieguen tener esta discusión”, mencionó.

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