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17 de Octubre de 2026Contraloría advierte problemas constitucionales en Ley de Reconstrucción que fue publicada hoy en el Diario Oficial y pide revisar normas que quedaron vigentes
La normativa, una de las principales apuestas económicas del gobierno de José Antonio Kast, comenzará a implementarse el 1 de noviembre. Sin embargo, su publicación llegó acompañada de una inusual prevención de la contralora Dorothy Pérez, quien advirtió que el texto mantiene artículos vinculados a disposiciones que el Tribunal Constitucional ya había declarado inconstitucionales.
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La Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, una de las principales apuestas económicas del gobierno de José Antonio Kast, fue publicada este sábado 17 de octubre en el Diario Oficial, a poco más de una semana de su promulgación.
La normativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, contempla una serie de medidas tributarias y económicas que comenzarán a implementarse de manera gradual a partir del próximo 1 de noviembre. Entre ellas destacan incentivos a las empresas, modificaciones a impuestos y beneficios para el sector inmobiliario.
Una de las primeras medidas será un crédito tributario para las empresas que exporten servicios basados en el conocimiento, equivalente al 15% de las remuneraciones de sus trabajadores, que aumentará al 20% para quienes desempeñen sus funciones fuera de la Región Metropolitana o en comunas rurales de la capital.
También se reducirá de 0,25% a 0,23% la tasa de los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) del régimen pyme y se modificarán los beneficios tributarios asociados a las capacitaciones del Sence.
Para el 1 de diciembre está contemplada la exención del IVA para la primera venta de viviendas nuevas terminadas, mientras que durante 2027 se habilitará un mecanismo extraordinario para la repatriación de capitales.
La controversia en Ley de reconstrucción
Sin embargo, la publicación de la ley, contenida en un documento de 46 páginas, llegó acompañada de una advertencia poco habitual. En las últimas dos páginas, la Contraloría General de la República (CGR) formuló una prevención sobre una serie de artículos que permanecieron en el texto, pese a estar relacionados con disposiciones declaradas inconstitucionales.
La observación fue realizada por la contralora Dorothy Pérez, quien dio curso al decreto, pero dejó constancia de los problemas detectados y sugirió a los órganos colegisladores revisar su regulación.
El origen de la controversia está en dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, emitidos en agosto y octubre, que eliminaron disposiciones relacionadas con la anulación de resoluciones de calificación ambiental y eventuales procedimientos de indemnización ante tribunales arbitrales.
Sin embargo, según advirtió la Contraloría, el texto definitivo mantuvo artículos que hacen referencia a mecanismos que dejaron de existir tras las sentencias del Tribunal Constitucional.
En concreto, el organismo identificó los artículos 12 y 13 permanentes y el décimo cuarto transitorio, en relación con el décimo tercero transitorio. Estas disposiciones contemplan, entre otras materias, la determinación de indemnizaciones por parte de un tribunal arbitral que ya no existe y referencias a plazos establecidos en artículos eliminados.
La Contraloría explicó que su competencia no le permitía impedir la promulgación de la ley, dado que el texto coincidía con el aprobado por el Congreso y se ajustaba formalmente a las sentencias del Tribunal Constitucional.
Por ello, en su pronunciamiento del 16 de octubre, sugirió a los órganos colegisladores “evaluar una regulación más detallada sobre estos aspectos”, para evitar que permanezcan disposiciones vinculadas a normas declaradas inconstitucionales.
