Jaime Bassa, a siete años del 18-O: “Algo hicimos bien durante todo ese período: pusimos la oligarquía contra la pared”

Hace exactamente siete años,el 18 de octubre de 2019, el ahora diputado Jaime Bassa, entonces profesor universitario, se encontraba en la Universidad de Valparaíso. Mientras tanto, su equipo de investigación participaba en unas jornadas de derecho público en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a pasos del epicentro del estallido social.

En esta entrevista con The Clinic, Bassa cuenta que, gracias a sus colegas, se fue enterando en tiempo real de lo que sucedía en la capital y que, en Valparaíso, las manifestaciones más masivas llegaron días después.

No salió mucho a marchar, asegura el parlamentario, porque había estado de excepción y toque de queda. Además, la Comisión de Derechos Humanos del Senado le había solicitado exponer, en calidad de experto en derecho constitucional, sobre la violencia que ejercían las fuerzas policiales y de orden contra los manifestantes. “Para tratar de darle ciertos límites jurídicos a la violencia estatal que estábamos viendo, con cuerpos arrastrados por las calles y dejando un reguero de sangre”, dice.

Dicha exposición buscaba responder si el estado de excepción constitucional de emergencia habilitaba o no al Estado para desplegar ese tipo de fuerza. “Mi informe jurídico en ese momento decía que no, que lo que estábamos viendo parecía más bien un Estado de sitio”, señala Bassa.

Uno de los argumentos de ese informe, de hecho, fue utilizado por la oposición para fundamentar la acusación constitucional contra el exministro del Interior Andrés Chadwick, quien había dejado el cargo semanas antes por las críticas que suscitaron su gestión del estallido social y terminó siendo inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años tras la aprobación del libelo en el Senado.

—¿Cuánto ha cambiado Jaime Bassa en estos siete años?

—Ha cambiado harto. Llevo mucho tiempo haciendo activismo y trabajando por la Asamblea Constituyente, por los derechos sociales y, de alguna manera, la revuelta a mí me pilló trabajando en estos temas. Cuando vino el estallido y parte de la energía, del malestar, empezó a canalizarse a través de una agenda social y de una nueva Constitución, y vinieron las elecciones, era evidente que yo tenía que hacerme cargo y asumir cierta responsabilidad histórica. Ahí fui candidato, gané esas elecciones y después trabajé en la Convención. Entonces, ha cambiado mucho mi historia.

—¿Y en lo político hay algún cambio respecto de lo que defendía hace siete años y ahora no, o bien ha reafirmado sus convicciones?

—Sigo creyendo y sigo sosteniendo que Chile vive en un modelo extraordinariamente injusto. Las cifras de desempleo, de crecimiento, de inflación que estamos viendo ahora lo confirman.

—¿Qué queda del estallido social? ¿Es un punto de inflexión para Chile o es una oportunidad perdida?

—El estallido social sigue vigente, sigue vivo. No lo vemos en las calles, pero lo vemos en cada familia, en cada mesa, donde se conversa amargamente de lo difícil que es llegar a fin de mes. Lo veo en los dolores de los viejos a cuyas pensiones no les alcanzan, en las familias que tienen que elegir si pagan las deudas, el arriendo o mandan a los cabros chicos al colegio o al colegio público. Eso sigue vigente.

—¿Qué responsabilidad tiene la izquierda o el Gobierno de Boric a propósito de no haber podido contribuir a este cambio estructural?

—Nosotros tratamos de empujar reformas estructurales. No fue que no lo hayamos intentado. No es que hayamos llegado al Gobierno y bajado nuestra bandera. Nosotros empujamos una nueva Constitución, ni más ni menos. Una reforma tributaria, pero las correlaciones de fuerzas en el Congreso Nacional hicieron muy difícil concretarlas. Sin embargo, se empujaron otras reformas importantes, como la Ley Papito Corazón, por ejemplo. Hay varios factores cruzados, pero también hay que preguntarse por qué la derecha se ha negado sistemáticamente a los cambios estructurales que permitan una redistribución del ingreso.

—En 2019 se hablaba de que Chile había despertado y, aun cuando dice que la derecha se ha negado a los cambios, hubo un cambio de rumbo y hoy el Presidente es José Antonio Kast. ¿En qué momento cambió el respaldo ciudadano?

—Esa es una pregunta que nos desborda. La pregunta por el ciclo político que está viviendo el país es, en realidad, una pregunta por el ciclo político latinoamericano y del mundo. Me da la impresión de que la pregunta que está de fondo es por qué la democracia convive con los problemas que está llamada a resolver. La democracia debería garantizar libertad e igualdad y no lo está garantizando.

Hoy día, obligar a las personas a endeudarse para poder satisfacer sus condiciones materiales mínimas de sobrevivencia les quita libertad, no les da mayor libertad. No es una cuestión de Chile. No es la Convención, el plebiscito, no es Boric, ni siquiera es Kast.

Jaime Bassa: “Para evitar que nosotros hablemos de esas demandas, nos arrinconan con la pregunta de si condenamos o no condenamos la violencia”

—¿La izquierda no se ha equivocado al interpretar las demandas de esas movilizaciones como afines a su proyecto político? ¿No hay un error de lectura?

—Es razonable pensar que hubo una sobreinterpretación de los acontecimientos de octubre de 2019, pero, a mi juicio, lo que no es razonable es concluir que, a partir de esa sobreinterpretación, las demandas que estaban efectivamente en la calle se desvirtúen o incluso desaparezcan.

Más allá de que se haya sobreinterpretado el estallido en clave de que este fue un estallido antineoliberal, lo cierto es que el estallido fue un estallido en demanda de mejores condiciones de vida, de salud, educación, seguridad social, medioambiente, pueblos originarios y feminismo. Entonces, claro, esa no es la agenda de la izquierda, no es una agenda antineoliberal, pero está bastante cerca. Y aun cuando no estuviera cerca, esas demandas son esas, son las demandas del estallido.

—Hay parlamentarios oficialistas que lo acusan de incitar a la violencia al reivindicar las demandas del estallido social. ¿Se justifica la violencia que hubo en el estallido por las demandas sociales que se manifestaron ahí?

—Es interesante la combinación. ¿Por qué la forma en que lo plantean los diputados oficialistas vincula directamente violencia con demanda social?

—Porque el estallido social fue violento…

—La clave está en que tenemos que darnos cuenta, como país, de que las revueltas históricamente tienen una forma de despliegue de energía que siempre ha sido así. En los 80, contra la dictadura; la revolución de la chaucha en la década del 50; las movilizaciones obreras de los trabajadores del salitre. Eso es así. No está bien, no está mal, es. Y uno, como representante, lo tiene que entender.

Pero el otro elemento de la pregunta va directamente dirigido a que nosotros olvidemos la legitimidad que hay detrás de las demandas sociales y eso es algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Yo nunca he llamado a la violencia, nunca. Yo desafío a cualquiera que esté viendo esta entrevista a que me busque una cuña. Yo nunca lo he hecho. Además, No soy quien para condenar ni para perdonar, no soy un cura. Pero reconozco la violencia estructural que hay detrás de una familia que no tiene ingresos suficientes para llegar a fin de mes. Esa violencia la entiendo y esa violencia la condeno.

—Más allá de ese punto, la izquierda se ha visto arrinconada frente a la pregunta de si condena o no la violencia. ¿Coincide?

—Tengo la impresión de que hay una agenda comunicacional que concentra su atención en la condena binaria, sí o no, donde cualquier matiz que se ponga sobre la mesa para entender un fenómeno que es súper complejo es inmediatamente negado y ninguneado como “este sujeto avala la violencia”. Eso ha sido utilizado, efectivamente, por la derecha, por quienes ganaron el plebiscito, y ya sabemos que la historia la escriben los que ganan.

La han escrito principalmente ellos para evitar que nosotros hablemos de las demandas sociales absolutamente legítimas y, para evitar que nosotros hablemos de esas demandas, nos arrinconan con la pregunta de si condenamos o no condenamos la violencia.

—¿Y la violencia en el contexto de manifestaciones?

—Esa es mi respuesta, no tengo otra.

“Parte importante de la clase política no está dispuesta a aceptar que las reglas del juego las ponga el pueblo de Chile”

—¿Siente alguna responsabilidad particular a propósito del resultado del plebiscito de la nueva Constitución, que se rechazó con un 62% y en el que usted fue vicepresidente?

—La propuesta de nueva Constitución es una caja de herramientas que está llena de propuestas, de respuestas para las demandas más acuciantes de nuestro tiempo en distintas materias. A mí me llama profundamente la atención que la derecha haya tenido la capacidad y la fuerza para que toda la discusión constituyente de 2022 se haya reducido a si es una propuesta identitaria o no. Y todo lo demás que se hizo, que fue mucho, haya caído en el silencio.

Eso es el resultado de una operación política, no es el resultado de las incapacidades de la Convención Constitucional. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer: redactamos un texto que respondía a las demandas sociales, a todas ellas, quizás demasiadas, puede ser, pero el texto respondía a las demandas sociales. Hay que preguntarse dónde estaban los demás actores políticos que estaban llamados a hacer campaña para que el texto se aprobara, porque nosotros no podíamos estar en todo.

—¿A qué actores se refiere?

—Por ejemplo, los partidos políticos que acordaron el diseño del proceso constitucional.

—¿Desde la UDI al FA?

—Todos. Tú te acordarás de que nosotros llegamos a la Convención Constitucional y no teníamos funcionarios. No teníamos recursos, no había presupuesto. No lo digo para quejarme, fue así. Ahora, ¿quién tenía la obligación de proveer esas condiciones? Que sí las tuvo el Consejo Constitucional en 2023. Entonces, por eso te digo: hay muchos actores que durante mucho tiempo nos han usado como chivo expiatorio para ocultar sus responsabilidades.

Nosotros tenemos las nuestras, llevamos harto rato hablando de eso. He escrito un libro sobre mi experiencia en la Convención Constitucional, pero el resto de los actores políticos han pasado colados. Es como si la Convención Constitucional hubiera caído de Marte y después se hubiera ido.

—¿Cuál cree que fue el principal error de la Convención?

—A siete años, más que errores, es tiempo de aprendizajes, de verdad. De todas las experiencias constituyentes que el pueblo de Chile ha empujado en clave subalterna, desde 1810 en adelante, esta es la que ha llegado más lejos, es la que logró redactar un texto, someterlo a plebiscito y sortear toda la violencia estatal de la oligarquía. Sin guerra civil, sin golpe de Estado, sin que nosotros fuéramos asesinados, detenidos, torturados o exiliados. Primera vez en la historia de Chile.

Perdimos el plebiscito, es verdad, pero algo hicimos bien durante todo ese período: pusimos a la oligarquía contra la pared. Logramos redactar una nueva Constitución, una propuesta, no un catálogo, un texto jurídico con pretensiones reales de ser implementado, porque nosotros pensamos que íbamos a ganar, que da respuesta a un montón de problemas que hoy día no tienen respuesta en el país.

Y ese texto hoy día sigue siendo estudiado en el extranjero y vapuleado en Chile. Yo me pregunto por qué. ¿Por qué?

—¿Y por qué cree?

—La Convención Constitucional tocó demasiados intereses. Vimos e identificamos, después de varios meses de trabajo y después de varios años de trabajo, porque esto no empieza con nosotros, una serie de espacios de concentración y abuso del poder. Los conocemos: las AFP, los bancos, el agua, el mercado del trabajo, la vivienda, la salud y hay un largo etcétera. Nosotros nos metimos con todos esos modos de concentración y acumulación del poder y diseñamos mecanismos y dispositivos para disolverlos todos.

—¿Eso no es un error de pragmatismo?

—Eso fue un diseño muy ambicioso. Puede que haya faltado estrategia y un diseño planificado, etcétera, pero hay que considerar que la Convención Constitucional emerge en un contexto de muchísimo malestar y una desconfianza radical con las instituciones de representación popular, una desconfianza radical con los partidos políticos que llevaban 30 años prometiendo soluciones y dejaron al pueblo esperando durante 30 años. Entonces, todos los malestares que llegaron a la Convención Constitucional son malestares que se venían acumulando. Entonces, hoy día la pregunta es: ¿condena o no condena? ¿Error o no error? ¿Autocrítica o autocrítica?

Yo creo que la pregunta tiene que ser al revés. ¿Cuál es la autocrítica que hace la clase política, que después de 36 años de democracia sigue haciéndonos esperar por soluciones estructurales a los dolores que tiene que enfrentar la clase trabajadora chilena?

—¿En qué momento usted se da cuenta de que la propuesta de la Convención deja de tener respaldo?

—El punto de inflexión se genera, a mi juicio, por la capacidad de movilizar un discurso público frente a la sociedad. Desde antes de empezar el trabajo de la Convención Constitucional, la campaña del Rechazo ya estaba trabajando. Minutos contratados en radios y avisos copados desde antes de que nosotros empezáramos a trabajar. Eso es así. Y, sin embargo, las fuerzas del Apruebo no lo hicieron. Sería bueno preguntarles por qué esperaron tanto.

—¿Usted cree que hubo interés o ingenuidad respecto del proceso? ¿O había una desconfianza más bien con lo que resultaría de ahí?

—Parte importante de la clase política no está dispuesta a aceptar que las reglas del juego las ponga el pueblo de Chile movilizado a través de un estallido social. Siempre la élite ha reivindicado para sí, la oligarquía especialmente, siempre ha reivindicado para sí el derecho a decir cuáles son las reglas del juego, cómo se vive en Chile. Está el ejemplo de Arturo Alessandri Palma, cómo se bypassea la subcomisión que iba a redactar el texto constitucional en 1925. Está el oficio que Jaime Guzmán redacta para que Augusto Pinochet lo envíe a la Comisión Ortúzar. Está lleno de ejemplos donde la oligarquía, en última instancia, reserva para sí el derecho a determinar cómo vive el pueblo de Chile.

Y yo creo que durante el período 2019-2022 la oligarquía soltó un poquito y después tiró de las riendas del poder de nuevo, como dice el libro de Ana María Stuven. Nunca van a dejar, probablemente, que seamos nosotros quienes redactemos las reglas del juego, más allá de que sea una Constitución.

—El exalcalde de Recoleta Daniel Jadue sostuvo que el cambio constitucional aún es una disputa pendiente. ¿Coincide?

—Me alegro de que distintas autoridades se estén sumando a esta conversación por fin. La discusión constitucional no es solamente la discusión por el texto. La discusión constitucional supone una reflexión por las condiciones materiales de vida de la población. Eso es lo que constituye al pueblo, cómo vive el pueblo. Y creo que llevar adelante una discusión por la forma en la que se constituyen las condiciones materiales de vida del pueblo significa hablar de salud, educación, trabajo, vivienda, seguridad social, entre otras cosas.

Esas cuestiones, en la propuesta de nueva Constitución de 2022, la que hizo la Convención Constitucional, están muy bien abordadas. Lamentablemente, han desaparecido dramáticamente de la discusión pública. Cuando los medios de comunicación se remiten a la Convención Constitucional, hablan de una propuesta identitaria, etcétera. Nunca hablan del contenido propiamente transformador que apuntaba a resolver el malestar social que se venía acumulando en las condiciones materiales de vida de la inmensa mayoría de la población.

—Pero ha existido un desmarque de los mismos actores de la izquierda respecto de esa propuesta…

—Ha faltado coraje por parte de ciertos líderes de centroizquierda para defender las demandas que responden a los intereses del pueblo. Ha faltado coraje para reivindicar lo que hicimos, ¿verdad? Porque muchos líderes de centroizquierda estuvimos en las movilizaciones, las apoyamos, hemos apoyado históricamente las demandas vinculadas con la agenda de género, con la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, con los derechos de los trabajadores, con los derechos de los estudiantes.

Desmarcarse de eso solo porque perdimos y porque quienes ganaron te ponen la agenda sobre la mesa y te obligan a hablar de la cuestión identitaria, me parece que es un poco cobarde y que ha faltado coraje para defender nuestras ideas.

“Hablar de Plaza Dignidad no es hablar de la plaza, es hablar de la dignidad del pueblo”

—A propósito de que usted señaló a otro medio que la Plaza Baquedano seguirá siendo Plaza Dignidad, ¿por qué considera importante mantener esa denominación? ¿No cree que esa disputa simbólica se puede interpretar como una dificultad para la izquierda de mirar hacia adelante?

—Por el contrario, es un llamado a todos nosotros, como representantes de la voluntad popular, a mirar el presente.

—¿Por qué?

—Porque esas demandas siguen vivas. Las demandas que movieron a millones de personas, no a un grupito de revoltosos en Plaza Italia, sino a millones de personas a manifestarse por condiciones de vida más dignas, por mejor calidad de vida, siguen pendientes. ¿El sistema de salud sigue igual o peor? ¿El sistema de seguridad social sigue igual o peor? Y así podría seguir con la lista.

Entonces, hablar de Plaza Dignidad no es hablar de la plaza, es hablar de la dignidad del pueblo. Y el pueblo tiene derecho a reivindicar su dignidad. Y yo, como representante de la voluntad popular, tengo derecho a reivindicar también la dignidad del pueblo.

—¿Cómo evalúa los primeros siete meses del Gobierno de Kast?

—Nunca pensé que un gobierno podría empezar tan mal, de verdad. Mira, en seis meses renunciaron tres ministras de Estado, seis subsecretarios, uno de ellos imputado por consumo de drogas, ni más ni menos, y una cuarentena de subsecretarios y seremis. Casi 50 autoridades de primer nivel, de exclusiva confianza del Presidente de la República, destituidas, renunciadas, cesadas, etcétera, en menos de un semestre.

Eso habla de una gestión pública extraordinariamente deficitaria. Si esto hubiera pasado con Boric o con Bachelet, los medios de comunicación tradicionales estarían haciendo un festín. En segundo lugar, el manejo macroeconómico ha sido extraordinariamente malo.

—¿Cómo ha visto la gestión de la política exterior?

—El canciller nos tiene en un embrollo con Argentina a propósito del estrecho de Magallanes. Va a zarpar un buque de bandera chilena hacia las islas Malvinas y desde allá están diciendo que ese no es un buque de paso inofensivo. Lo están viendo desde Argentina como si fuera una ofensa a la soberanía. ¿Y qué está haciendo el canciller?

Nunca la política exterior de Chile había sido un problema de Gobierno y oposición, porque nunca había sido tan mal dirigida. Ni qué decir de la forma en la que se ha llevado adelante la firma por parte de Chile del Escudo de las Américas. Y no nos olvidemos de que los herederos de Cerimedo, que está siendo investigado por violencia sexual y por manipulación electoral, están instalados en el Segundo Piso del Palacio de La Moneda, asesorando directamente al Presidente.

“La presidenta Bachelet tuvo mucho coraje para defender la propuesta de la Convención de nueva Constitución de 2022”

—A propósito del trámite de la Ley de Presupuestos 2027, ¿este es el momento en que la unidad del progresismo va a probar sus límites?

—Lo central de la discusión de la Ley de Presupuestos es entender que todo peso de gasto social que el fisco se ahorre es un gasto que se traspasa a las familias. Cada computador que deja de llegar a un estudiante de séptimo básico es un computador que esa familia va a tener que comprar. Cada educador diferencial que no puede ser contratado por una escuela pública, porque se recortan los presupuestos del PIE, es un educador diferencial que esa familia va a tener que contratar por su cuenta. Esa discusión yo creo que es central.

Espero que detrás de esa discusión la oposición esté unida, porque pirquinear un par de votos por parte del Gobierno y que logre dar vuelta un par de votos en el Senado, un par de votos en la Cámara, eventualmente les va a permitir aprobar una Ley de Presupuestos que, por lo demás, va a generar una injusticia brutal a todas las familias del país, especialmente a aquellas que necesitan del gasto fiscal.

—¿Es partidario de crear una coalición amplia desde la DC al PC para volver a gobernar, como lo propuso la presidenta del FA, Gael Yeomans?

—Me parece que la presidenta del partido tiene razón. Es fundamental, si no un frente común compartido, al menos una articulación política que efectivamente nos permita a cada sector dentro del oficialismo cumplir con nuestras funciones, con nuestro trabajo, de modo tal que todo ese trabajo sirva para alimentar un proyecto común, un objetivo común. No sé si eso necesariamente se tenga que traducir en una institucionalidad, en una coalición, con una mesa, etcétera. Pero sí me parece que es una articulación necesaria y se ha estado dando.

—¿La aparición de Michelle Bachelet en el debate nacional ordena efectivamente a la oposición?

—Espero que la expresidenta, así como todos los liderazgos históricos de la centroizquierda, contribuyan a generar mejores condiciones para que se consoliden aquellos liderazgos de quienes estamos llamados a enfrentar los desafíos del país en el futuro. Han emergido muchos liderazgos en el Parlamento, a nivel regional, a nivel municipal, y esos liderazgos históricos, que responden probablemente a otro ciclo político, deberán estar a disposición para ayudar al fortalecimiento de esos otros liderazgos que hemos estado emergiendo en el último tiempo y que formamos parte, de alguna manera, de un nuevo ciclo político.

Ahí la expresidenta Bachelet tiene un capital político muy potente y que podría poner a disposición de la consolidación de un proyecto político y no solo del objetivo de ganar una elección presidencial.

—O sea, usted está más por crear un proyecto que por un rostro…

—Lo que necesita hoy día la izquierda, efectivamente, es la construcción de un proyecto político alternativo. Que seamos capaces de defender con coraje, sin pedir perdón, sin disculparnos, sin sucumbir a las preguntas binarias del tipo “condena o no condena” o del tipo “cuál es su autocrítica”, sino que seamos capaces de construir un proyecto que le dé gobernabilidad no solamente al país, sino que le permita ofrecer a las familias chilenas mejores condiciones para que ellas puedan gobernar sus propias familias de mejor forma y puedan llegar a fin de mes.

Ahí yo creo que los liderazgos del pasado, pensando principalmente en la presidenta Bachelet, pueden cumplir un rol fundamental en la articulación de un proyecto. Porque si solo ponemos un rostro para ganar la elección, bueno, después nos vamos a quedar de nuevo rascando un poquito y sin proyecto.

—Que tengan más coraje que el que hubo para defender, por ejemplo, las propuestas de la nueva Constitución…

—Ahí hay un buen ejemplo: la presidenta Bachelet tuvo mucho coraje para defender la propuesta de la Convención de nueva Constitución de 2022. Reconoció abiertamente que no era perfecta, pero ella fue muy valiente y muy corajuda al decir “Apruebo”. Coraje que les faltó a otros liderazgos, evidentemente.