3.738 expulsiones de migrantes han sido suspendidas por recursos judiciales: Cortes de Antofagasta, Valparaíso y Biobío concentran mayoría de casos

Cortes de apelaciones a lo largo del país han suspendido, en total, la ejecución de 3.738 expulsiones de migrantes durante este año, luego de acoger a trámite recursos presentados contra los decretos que ordenan su salida de Chile. La cifra corresponde a registros del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y da cuenta de procedimientos que quedaron en pausa mientras la justicia examina las reclamaciones.

La suspensión de una expulsión no significa que la orden haya sido anulada. Cuando una corte de apelaciones acoge un trámite un recurso, la ejecución de la medida queda detenida hasta que el tribunal resuelva el fondo de la presentación. Durante este período, los extranjeros permanecen en el país a la espera de una decisión judicial.

De acuerdo con lo mencionado por El Mercurio, de las causas mencionadas, 728 terminaron con un fallo favorable para los migrantes, lo que permitió dejar sin efecto las respectivas ordenes de expulsión. Se trata de casos en que los tribunales no solo suspendieron temporalmente la medida, sino que resolvieron el reclamo a favor de quienes la impugnaron.

El tiempo que transcurre entre la suspensión y la resolución definitiva puede extenderse por varias semanas. Si el caso llega a la Corte Suprema, el proceso puede superar el mes. En ese intervalo, algunos extranjeros dejan de estar localizables para los autoridades, de acuerdo a los antecedentes.

Concentración en tres regiones

Las cortes de apelaciones de Antofagasta, Valparaíso y Biobío concentran la mayor cantidad de recursos contra órdenes de expulsión. Los tribunales pueden tardar al menos dos semanas en resolver estas presentaciones, plazo que aumenta cuando las causas llegan a la Corte Suprema.

La suspensión de una orden también puede impedir que una deportación se concrete cuando la persona ya se encuentra en proceso de abandonar el país. Según los antecedentes de la PDI, en 73 casos los extranjeros fueron retirados de los aviones en los que debían ser deportados después de que sus recursos fueran acogidos a trámite.

Esos 73 casos corresponden al 41% de las 178 situaciones registradas por la PDI en que no se logró concretar la salida de personas que tenían órdenes de expulsión. El resto de los casos responde a otros impedimentos identificados por la institución.

Entre ellos, 14 deportaciones no pudieron ejecutarse debido a la existencia de causas judiciales abiertas o pendientes, mientras que otras cuatro enfrentaron complicaciones judiciales o familiares.

Los antecedentes de la PDI también identifican dificultades para reunir dentro del plazo disponible la documentación necesaria para concretar las expulsiones. Según esos registros, este problema explica el 40% de las liberaciones de extranjeros que habían sido detenidos con miras a su salida forzosa.

Las cifras corresponden a situaciones distintas: las 3.738 expulsiones suspendidas reflejan medidas cuya ejecución quedó detenida durante la tramitación de recursos. 738 corresponden a órdenes posteriormente anuladas por fallos favorables a los migrantes y las 178 registran casos en que no se logro concretar una deportación por motivos que incluyen tanto la suspensión judicial como otras dificultades.