“No vamos a permitir que vengan a delinquir”: Kast instruye a Interior y Migraciones expulsar a extranjeros detenidos tras protestas por conmemoración del 18-O

A través de sus redes sociales, el Presidente José Antonio Kast comunicó que instruyó al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de Migraciones expulsar a los extranjeros que detenidos el domingo en los desmanes generados durante la séptima conmemoración del estallido social.

“No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile y participen de actos violentos para alterar el orden público“, señaló Kast en su cuenta de X.

“He instruido al Ministerio del Interior y al Servicio de Migraciones para que use todas las herramientas legales y administrativas para expulsar a los extranjeros que participaron en los desmanes del día domingo“, agregó el Mandatario.

De acuerdo a cifras publicadas por Emol, el domingo se registraron 43 incidentes violentos con un saldo de 110 detenidos. De ellos, siete eran extranjeros.

Presidente valora nuevas facultades para ejecutar expulsiones

“Lo valoro”. De esa forma, el Presidente Kast agradeció a la Cámara de Diputados la aprobación del informe de una comisión mixta que propone facilitar la ejecución de órdenes administrativas de expulsión, acortando los plazos de reclamación por ejemplo.

El informe recibió el apoyo de 128 legisladores, 11 votaron en contra y ninguno se abstuvo. Ahora enfrentará su último trámite legislativo en el Senado antes de convertirse en ley, ocasión que será este martes.

La propuesta establece que la Policía de Investigaciones podrá solicitar a un juez de garantía que autorice ingresos a domicilios donde se encuentre el extranjero requerido y ejecutar la medida.

El juez tendrá un plazo de 24 horas para resolver la solicitud.

El Servicio Nacional de Migraciones también podrá requeir a empresas, particulares y funcionarios públicos información de extranjeros irregulares -salvo menores-, ya sea nombre, domicilio y correo electrónico.

Solo se excluyen de esto los establecimientos de salud o recintos educacionales.

El documento también amplían las causales de expulsión administrativas, como graves afectaciones al orden público y castiga con cinco años -y no tres- el periodo de prohibición para entrar a Chile.