Multas millonarias y hasta tres años de cárcel por manipulación de la opinión pública: las duras sanciones que propone el proyecto de ley contra bots

Un proyecto de ley busca sancionar penalmente la manipulación de la opinión pública mediante bots, cuentas falsas y redes digitales coordinadas, con penas que podrían llegar hasta los cinco años de cárcel.

La iniciativa, presentada por la diputada Ximena Ossandón, con el patrocinio de los parlamentarios Carlos Chandía, Claudia Mora, Andrés Celis, Eduardo Durán y Mario Olavarría, propone modificar el Código Penal para perseguir las operaciones que simulen artificialmente apoyo o rechazo ciudadano a candidaturas, partidos políticos, autoridades u opciones plebiscitarias.

El texto plantea incorporar un nuevo artículo 137 bis al Código Penal, que sancionaría quienes organicen, adquieran, contraten, financien, operen o administren de manera deliberada y coordinada una red de cuentas ficticias o bots con esos propósitos.

La propuesta contempla penas de presidio menor en su grado medio, equivalente a entre 541 días y hasta 3 años de cárcel, sumado a multas entre 20 y 100 UTM.

Uso de IA

La iniciativa establece sanciones más severas en caso de que se usen imágnes, audios o videos creados alterados mediante inteligencia artificial, u otras herramientas tecnológicas similares, que puedan inducir a falsas acusaciones respecto de una persona real.

El proyecto contempla un agravamiento de las sanciones cuando las conductas comienzan durante los 90 días anteriores a una elección o plebiscito, con el objetivo de favorecer o perjudicar a una candidatura u opción electoral. En esas circunstancias, la pena se aplicaría en su grado máximo.

La propuesta también considera excepciones para distinguir la manipulación coordinada de otras formas legítimas de participación en internet.

En ese sentido, excluye el uso individual de cuentas anónimas, la automatización transparente, la administración legitima de cuentas institucionales o de campaña y la difusión de contenidos satíricos, humorísticos, artísticos o de parodia.

De acuerdo con los fundamentos de la moción, el objetivo no es sancionas la expresión de opiniones políticas, la crítica a las autoridades ni el uso de herramientas tecnológicas por sí solos, sino las operaciones organizadas que buscan presentar interacciones artificiales como si fueran manifestaciones espontáneas de la ciudadanía.

La iniciativa sostiene que estas prácticas pueden distorsionar el debate público, al generar una percepción engañosa sobre el nivel de apoyo o rechazo que existe frente a determinadas figuras políticas o propuestas electorales.