Política
22 de Octubre de 2026El flanco que se le abrió al Gobierno por la reducción de penas a abusadores sexuales y que provocó una rebelión oficialista para evitar nuevos casos
Los 56 decretos que firmó el Ministerio de Justicia entre marzo y septiembre para reducir la sanción de pederastas generó un severo cuestionamiento transversal, lo que también generó impacto desde el oficialismo, desde donde reconocieron de inmediato un error de La Moneda. Para remediar el asunto es que comenzaron a gestionar proyectos de ley que considere retroactividad en los beneficios carcelarios, luego de que estos quedaran limitados solo para los que ocurrieran después de 2022. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), ya activó las gestiones con el recién estrenado vocero, Gonzalo Arenas.
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“Bastante malintencionada“. Así denominó el nuevo vocero del Gobierno, Gonzalo Arenas, la polémica que provocó la revelación que hizo ayer el medio Interferencia, el que dio a conocer que durante la actual administración del Presidente José Antonio Kast —precisamente entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre— se aplicaron reducción de penas a 27 condenados por abuso sexual y a 29 condenados por violación, todos los delitos cometidos contra menores de edad.
Arenas trató de precisar que tales rebajas no fueron motivadas por el Ejecutivo. “Este es un procedimiento establecido en la ley, no es arbitrario por parte de la autoridad. Si las personas cumplen con los criterios establecidos por la ley y son aprobadas y la decisión se toma por parte de las comisiones de rebaja de la pena, el Ejecutivo no puede hacer mucho más que cursas esas solicitudes“, planteó el vocero para justificar que el Ministerio de Justicia cursara los decretos respectivos —como el medio citado señaló— aplicados contra los 56 involucrados.
El ministro Fernando Rabat, titular de la cartera vinculada con las rebajas de penas, se defendió desde el Congreso y apuntó a que su repartición utilizó una “doctrina” proveniente de la Corte Suprema.
“A partir del año 2022 se modificó la ley y se prohíben beneficios a quienes cometen esos delitos. Con anterioridad, la entrada en vigencia de esa ley se rechazaban esas solicitudes y la Excelentísima Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas. Y por lo tanto, lo que hizo el ministerio, incluso en las resoluciones respectivas se cita cada uno de esos fallos, fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos“, planteó Rabat, para cerrar con que “uno tiene que acatar las doctrinas de la Corte Suprema“.
Su respuesta no fue suficiente para detener la olla a presión que se avecinaba en el oficialismo.
Llamado de atención de la derecha a La Moneda
La indignación por aplicar beneficios a personas que vulneraron a menores fue amplia. Sobre todo entre los partidos que apoyan al Gobierno de Kast.
Esta mañana, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), señaló desde La Moneda que “lo primero que hay que hacer es dejar sin efecto esta excepción y beneficio“.
“He sido categórica para que quienes están condenados por delitos sexuales obviamente que no puedan tener ningún beneficio. Allí ingresamos un proyecto de manera transversal, que tuve la oportunidad de conversar con el vocero“, reveló la militante RN.
“Aquí se ha abierto la puerta para que de manera transversal, e incluso como colegisladores, podamos entender que así como se avanzó en su minuto en una imprescriptibilidad de los delitos sexuales (durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera), obviamente para los condenados no pueda haber ningún beneficio“, añadió la líder de la Cámara Alta, quien denominó el abuso y la violación como los “delitos más dolorosos y horrendos“, por lo que la legislación del país se tenía que “poner del lado de las víctimas”.
Fue anoche cuando el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, notificó que junto a los senadores Andrés Longton (RN), Pedro Araya (PPD) y Karim Bianchi— los mismos involucrados en la nueva reforma constitucional en seguridad—, “hemos decidido presentar un proyecto de ley para asegurar la efectiva aplicación de la exclusión del beneficio de reducción de la pena a condenados por delitos sexuales contra menores de edad”.
“La seguridad de los chilenos y la imperiosa necesidad de poner por delante a las víctimas, nos obliga a dejar de lado cualquier diferencia política y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para dar mayor protección a las personas“, planteó, a propósito de que el grupo que mencionó contempla a sectores del oficialismo y la oposición.
De hecho, llamó a que a la iniciativa “se puedan sumar a esta iniciativa más parlamentarios representantes de todos los sectores políticos“, una especie de llamado indirecto hacia el Frente Amplio y al Partido Comunista (PC), colectividades que desde La Moneda consideran que no han colaborado con el oficialismo.
Desde el Frente Amplio se refirieron a la situación institucionalmente. La directiva dirigida por la diputada Gael Yeomans difundió una gráfica con el rostro de Rabat, en la que se señala que el ministro “miente”.
“El ministerio de Justicia debe estar del lado de las víctimas y no de los criminales”, plantea la imagen compartida desde la colectividad, a la vez que ironizaron con la pregunta: “¿Los niños primero?“.
Lo propio hizo el PC, quienes difundieron una gráfica con un llamado a tener cuidado a las familias de Chile. “Quienes decían que ‘con los niños no’ y que a los niños se les protege, hoy permiten rebajas de penas a condenados por abusos sexuales y violaciones contra NNA“, cuestionaron desde el partido dirigido por Lautaro Carmona.
Exministras de Piñera contra Kast
Aunque desde el Congreso han sido propositivos, un tono más severo tomaron figuras de Chile Vamos y exintegrantes de los gobiernos de Sebastián Piñera.
Ese fue el caso de Evelyn Matthei, excandidata presidencial de la coalición de derecha en la última presidencial y exministra del Trabajo con Piñera. Esta mañana, en Radio ADN, señaló que “yo hubiese hecho todo, todo, todo lo posible. Recurrir a cuanto organismo hay para no firmar”, para evitar la reducción de penas.
Asimismo, cuestionó la defensa que hizo el Gobierno al acto y planteó con que decir que se trataba de una “doctrina” de la Corte Suprema “no basta”.
“Aquí hay un Gobierno que se había comprometido a algo, que ha dado a conocer su posición frente a la delincuencia, debió haber previsto que esto iba a ser un bombazo desde el punto de vista de la opinión pública. Y yo no habría firmado por nada“, selló.
Por su parte, Karla Rubilar, exministra vocera, planteó en Radio La Metro: “A mí me parece que el Gobierno debió haber mantenido una línea clara en esta materia, decir ‘no vamos a firmar ninguna rebaja de condena de un delito tan grave como la pedofilia'”.
“Eso es lo que yo habría esperado del Gobierno del presidente José Antonio Kast, por el cual yo voté. Entonces, aquí hay mucho que aclarar, hay mucho que explicar, porque yo no entiendo que nos digan que, porque hay jurisprudencia, yo estoy obligada a rebajar la condena. Yo creo que siempre puedo rechazarla, siempre puede el defensor de un condenado por este delito tremendo apelar“, selló.
