“¿Esto es modernización o ideologismo?”: Consejero del INDH cuestiona reforma al organismo y advierte riesgos ante intervenciones gubernamentales

Esta semana el Gobierno ingresó el proyecto de reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que incluye una serie de modificaciones principalmente en cuanto a las atribuciones y la constitución del organismo

Uno de los puntos que está en la mira, es que le quita al INDH la facultad de presentar querellas, una de las principales herramientas judiciales de la institución. Por otro lado, propone reducir de once a cinco los integrantes del Consejo, y modifica el sistema de nombramiento. Por un lado, le otorga al Ejecutivo el poder de proponer candidatos, y al Senado, la Cámara de Diputados y universidades la opción de elegirlos.

Al interior del organismo ya comenzaron los cuestionamientos a la iniciativa, previo a su debate legislativo. Esta mañana, el consejero Osvaldo Torres compartió una carta en El Mercurio alertando los riesgos de implican algunas propuesta del proyecto.

La misiva comienza remarcando que “el ministro Rabat afirmó, ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, que la reforma al INDH fortalece su autonomía. El texto del proyecto dice otra cosa“.

Las advertencias del consejero del INDH

Torres plantea que “los estatutos y toda la normativa interna no los dictara el Instituto, sino un consejo provisorio de cinco miembros propuestos por el Presidente de la República y aprobados en bloque por e Senado, por mayoría simple. Ese mismo Consejo nombrará al director ejecutivo sin concurso público. Hoy las organizaciones de derechos humanos eligen a cuatro de los once consejeros. Con el proyecto no elegirán a ninguno, y el Presidente podrá prescindir de su nómina si no llega a tiempo“.

Junto con esto, remarca que en el pasado ya se había advertido los riesgos de una intervención gubernamental en el funcionamiento del INDH.

“La Comisión Asesora Presidencial recomendó por unanimidad sacar al Ejecutivo de la designación de consejeros y fortalecer su mandato: uso de querellas por violación de DD.HH., litigio estratégico, presencia regional, transparencia, etcétera. El proyecto hizo lo contrario. Además, elimina la base legal de las 16 sedes regionales. ¿Esto es modernización o ideologismo?“, señala.

Finalmente, cuestiona la posibilidad de que la reforma sea planteada por el gobierno de turno sin mayor debate.

El consejero concluye: “Una institución autónoma cuya función es vigilar al Estado no puede nacer con reglas escritas por el gobierno de turno, requiere amplio acuerdo democrático. Quienes respaldan esta reforma deberían preguntarse si aceptarían el mismo diseño en manos de un gobierno de signo contrario. Si la respuesta es no, el problema no es de color político, sino de diseño institucional”.