Rabat pierde respaldo: asoman primeros desmarques oficialistas ante posible AC y la UDI se convierte en el principal obstáculo de La Moneda

“He trabajado durante cinco años en esta Cámara con mucho compromiso por la infancia. Esto es ser consecuente con mis valores y principios“, declaró a The Clinic la diputada Marlene Pérez (ind.-UDI), quien sorprendió en la bancada del partido gremialista este martes al ser una de las primeras parlamentarias del grupo en sostener en público que el Gobierno debía dejar caer al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

La declaración la decía un día después de que el propio Presidente José Antonio Kast realizara una vocería desde La Moneda con Rabat a su derecha para señalar que mantendría al secretario de Estado en su puesto, tras la polémica generada por las rebajas de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

El mandatario señaló que el “camino” que contemplaba la remoción del ministro de Justicia del Gobierno no era el que tomaría, sino que preferiría ir por uno que corrigiera el “error” de la legislación chilena que permite a pederastas acceder a beneficios carcelarios, como la reducción de sus condenas. A esa tarea encomendó al Rabat, abogado independiente de 53 años.

No obstante, las revelaciones de los perfiles de quienes recibieron el beneficio dadas a conocer por la prensa, así como también el hecho de que el beneficio habría sido aplicado a miembros del Tren de Aragua, reactivaron la polémica cuando parecía que el ministro de Justicia había quedado cubierto por el Gobierno y abocado a la solución del problema.

En la izquierda y en sectores de derecha se produjo un desconcierto suficiente como para que desde la oposición se evaluara una acusación constitucional hacia el ministro, sujeta a la exposición que dé Rabat este miércoles a las 15:00 h, en una sesión especial de la Cámara de Diputados.

En el oficialismo, en tanto, la posibilidad de apoyarla la ofensiva contra un ministro del Gobierno de Kast no es vista con lejanía, pese a que se trate de una ofensiva contra un secretario de Estado del Gobierno que respaldan.

“La lealtad nuestra tiene que estar con los niños”, afirmó Pérez a este medio, quien si bien no manifestó si apoyaría una acusación contra Rabat, sí planteó que el Gobierno debía removerlo de sus funciones.

Quien sí fue más explícito en su llamado fue el diputado Houiti Teao, independiente integrante de la bancada UDI, quien postuló ayer por la tarde a T13 que si la ofensiva contra Rabat se realizara, “al día de hoy, yo la votaría a favor”.

Por su parte, la diputada Macarena Santelices (ind.-UDI) afirmó que la situación del ministro Rabat “es compleja” y que, aunque “admiraba” su trabajo como ministro, si se materializaba la acusación constitucional había un peligro latente de que su carrera profesional se viera “truncada”, aludiendo a que esta podría ser aprobada y con ello podría verse inhabilitado de ejercer cargos públicos por cinco años.

“El gobierno debe tomar una decisión hoy“, planteó este miércoles la exmilitante del Partido Republicano.

Tal escenario ha alertado a La Moneda, desde donde han comenzado a ver que el crédito con el que contaba Rabat comenzó a esfumarse rápidamente, pese a la intento del propio mandatario por protegerlo. Incluso en RN han existido “descuelgues”, provenientes de la diputada Claudia Mora y de Eduardo Durán.

Las razones detrás de la posición de la UDI para botar a Rabat

Las frases brindadas por los parlamentarios responden a una molestia generalizada que hay en la bancada con el Gobierno y con el Partido Republicano.

De acuerdo a integrantes del grupo, existe una valoración positiva que es transversal hacia Rabat justificada en su desempeño en el Congreso durante estos siete meses. El ministro de Justicia, de hecho, ha sido un actor clave en la agenda de seguridad que ha desplegado el Gobierno y es considerado como un actor dialogante que cuenta con logros en su haber en el Legislativo, como el aumento de las horas de flagrancia.

En la bancada UDI reconocen que la persona de Rabat no es el problema, sino la situación que los deja “atados de manos“, pues contemplan que si la izquierda presentara una acusación constitucional en su contra, sería difícil negarse a apoyarla. Lo anterior a raíz del cálculo comunicacional que hacen del caso, en donde advierten que si un parlamentario se negara a acusar a Rabat, estaría “validando” que pederastas hubiesen quedado en libertad.

En ese sentido, al interior del bloque existe molestia, además, con que el Gobierno haya trasladado al responsabilidad al Congreso para que nuevos casos no volvieran a ocurrir, cuestión que quedó expresada cuando el Presidente Kast señaló el lunes que esperaba que todas las fuerzas políticas respaldaran la propuesta legislativa que se diseñara para que esta viera la luz con la mayor rapidez posible.

Para algunos, el ministro habría quedado en una posición mucho más favorable si hubiera “reconocido” su error —desde el Gobierno defienden que administrativamente actuaron de la manera debida— y hubiera pedido disculpas públicas por la situación.

Dentro de la bancada prevén que de sus 19 integrantes, al menos ocho o nueve apoyarán la ofensiva contra Rabat, si es que se efectúa. “La bancada completa no tiene ninguna posibilidad de estar del lado de un ministro cuestionado de esa forma“, asegura uno de sus miembros. Por eso han existido voces que han solicitado al Gobierno que lo remueva con anticipación: para evitar que en el futuro se vea a un oficialismo dividido.

En el partido reconocen además que existe una tensión latente con los republicanos en la Cámara Baja, cuestión que sólo creció con el polémico tuit que el timonel Arturo Squella lanzó hacia el exministro Hernán Larraín.

En ese sentido, en la bancada de la UDI dicen estar “cansados” de ser los únicos defensores de la administración de Kast y que el partido ancla del Gobierno no responda por sus crisis.