Director del INIA acusado de fraude al Fisco y de entregar información confidencial

Querella criminal por fraude al Fisco. Ese es el delito que se le impugna a Guillermo Donoso Harris, director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), por una serie de irregularidades en la administración que asumió en julio pasado.

Al director de la institución encargada de regular el mercado de las semillas en Chile y que es nombrado en este caso por el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, lo acusan de aumentar sueldos a colaboradores de su confianza, del despido de 74 trabajadores, entre ellos varios investigadores altamente calificados, sin motivo aparente y de solicitar créditos sin autorización del consejo del instituto.

Pero la acusación más grave, según los trabajadores, -representados por el jurista Miguel Soto– y que significó una ampliación de la querella, es que Donoso habría entregado información confidencial del organismo a competidores privados de dicho mercado.

Por esos motivos, el fiscal a cargo de la investigación, Pablo Norambuena, solicitó nuevos  peritajes que hoy son parte de la indagatoria que lleva adelante la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.

La misión del INIA

El INIA, que depende del ministerio de Agricultura, para quienes no lo saben tiene una importante misión: Es el encargado de desarrollar mejores semillas de papas, lentejas, porotos, choclos, arroz y cuánto alimento sale de tierra chilena para hacerlos más resistentes a las nuevas plagas o bacterias.

Dentro de sus funciones, además, está ser el guardián de ese valioso catálogo, que es hoy el verdadero patrimonio agrícola chileno. Por ejemplo, en el caso de una hambruna o crisis alimentaria, las semillas guardadas en los bancos de germoplasma -instalaciones especialmente adaptadas para la conservación de material genético- del INIA nos salvarían para volver a preparar alimentos tan comunes como una cazuela.

Pero además, si el descalabro de esta corporación se concreta, como acusan sus trabajadores, traería otra consecuencia, ya que el instituto actúa como regulador del mercado de semillas en Chile, vendiendo sus productos a precios más baratos que el mercado y traspasando la tecnología de manera gratuita a pequeños y medianos agricultores.

Una labor estancada desde que ocurrió el despido de funcionarios y que en el caso de sucumbir como institución, el INIA dejaría el camino libre a los principales productores agrícolas privados, entre ellos, el negocio del padre de la ministra vocera de gobierno, Erik von Baer.

El negocio de los von Baer

Todas estas acusaciones hicieron eco en la Cámara de Diputados, donde incluso algunos parlamentarios de derecha ligados al mundo agrícola no se explican cómo Donoso sigue al mando de la institución, apoyado directamente por el ministro José Antonio Galilea. De hecho, poco después que ingresó la querella al Ministerio Público se abrió una comisión investigadora por estas denuncias.

Según el diputado DC Fuad Chahín, miembro de la comisión de agricultura, es evidente que tras las “desprolijidades” de la gestión de Donoso hay una intencionalidad política de desmantelar el INIA y así beneficiar a los actores privados de ese mercado.

La comisión, según el propio Chahín, sigue investigando a pesar de que el mismo Donoso lo desmintió al declarar en una publicación especializada en diciembre pasado que la comisión no encontró irregularidades en su gestión y que ya había cerrado el caso. De hecho, la publicación cayó tan mal en el Congreso que el director del INIA deberá presentarse para dar explicaciones por éste y otros motivos el próximo martes 22 de marzo frente a la comisión.

“Más allá del uso de recursos públicos y de las gravísimas denuncias que hacen los trabajadores, los que se beneficiarían directamente con el INIA en el suelo son Anasac y el mayor productor de semillas e insumos agrícolas, que es el papá de la ministra vocera de gobierno, Erik von Baer. De eso no hay duda alguna”, dice Chahín.

Al respecto, el ex director del INIA en tiempos de la Concertación, Leopoldo Sánchez, refuerza la idea y dice que el líder del clan von Baer “miraría con mucha simpatía que el INIA desapareciera, pues ellos tienen recursos para desarrollar nuevas semillas e investigaciones relacionadas a plaguicidas, por ejemplo, pues tienen los recursos que un pequeño agricultor no tendría”.

Respecto a este tema, el abogado querellante Miguel Soto, explica que todas estas prácticas, con la idea de desmantelar el INIA, favorecen directamente a sus competidores y son un argumento válido para acusar de fraude a Donoso, pues “permite a los privados hacer una competencia con información privilegiada del instituto, perjudicando la misión del mismo, en este caso en torno al mercado de semillas”.

¿Quién es Donoso?

Cuando Guillermo Donoso Harris, ingeniero agrónomo, ex decano de la facultad de agronomía UC, llegó a reemplazar a Leopoldo Sánchez como director del INIA, en julio pasado, los trabajadores respiraron aliviados. Estaban angustiados por el futuro del instituto con el nuevo gobierno.

Sin embargo, el alivió les duró apenas unos meses. Luego de evaluar la situación financiera del INIA, con un déficit de más de 4 mil millones de pesos, Donoso decidió despedir a 74 funcionarios del instituto, entre ellos 12 investigadores con grado Master y 14 con doctorados en el extranjero, que tenían asignados proyectos con financiamiento del Conicyt, Innova y de la Fundación para Innovación Agraria.

Una decisión polémica, pues luego de despedir a tales funcionarios sus puestos no han sido ocupados por investigadores nuevos y las platas se mantienen congeladas a la espera de una definición sobre quién seguirá adelante con tales investigaciones.

Un ítem importante para el instituto, tomando en cuenta que cerca del 40% de su presupuesto se sustenta en los aportes de investigación, rol clave que juega esta corporación de derecho privado sin fines de lucro, al tener un rol estratégico para el avance agroalimentario del país.

Pero esa es sólo una de las prácticas que condenan los trabajadores del INIA y que los motivaron a buscar asesoría legal y finalmente presentar una querella por fraude al fisco en contra del nuevo director.

Según el documento, ingresado a la Fiscalía Oriente el 5 de octubre de 2010, Donoso contrató a algunas personas de su confianza y les subió el sueldo al cabo de unas semanas sin autorización del consejo del INIA, presidido por el ministro de Agricultura en ejercicio, en este caso, Galilea.

La querella señala que el nuevo secretario técnico de la dirección nacional del instituto, Hugo Contreras Gómez, comenzó a recibir una asignación de cargo por $488.854, más un leve reajuste a su sueldo correspondiente; al coordinador nacional de investigación y desarrollo, José Peralta Alba, una asignación de cargo por $1.788.000 cuando el anterior funcionario en ese puesto recibía por el mismo concepto $579.811. Por último, el gestor tecnológico de la dirección nacional del INIA, Gonzalo Cortes Donoso, una asignación de cargo por $1.222.000, mientras la persona que anteriormente se desempeñaba en ese puesto recibía $446.003.

Los argumentos de la querella

Todo esto, según consta la querella y la opinión de los demandantes, decisiones que anteriormente le costaron el cargo a otros funcionarios del mismos instituto. El año 2007, por ejemplo, el ex director del INIA, Jorge de la Fuente, dejó el cargo tras subirse el sueldo en un 32% y de contratar a una funcionaria sancionada mientras se desempeñaba en el INDAP.

“A De la Fuente lo echaron por subirse el sueldo en 500 mil pesos y este caballero ya está gastando unos cuantos millones más mensuales en sus colaboradores. Acá no se está midiendo con la misma vara”, dice Leopoldo Sánchez, ex director y quien entregó su puesto a Donoso en julio del año pasado.

El abogado querellante Miguel Soto dice que “al administrar el INIA, Donoso debería haber pensado antes que nada en el perjuicio o beneficio del mismo. En su lugar él administró el patrimonio en términos tales que perjudicaba las funciones del instituto y en eso consiste el núcleo de la querella. Vale decir, que él no administró en beneficio del instituto, como era su deber, sino que infringiendo ese deber, utilizó sus facultades para perjudicar al instituto”.

Según Soto, la querella no significa que Donoso se beneficie monetariamente, pues basta con perjudicar al organismo para decir que es un delito. “El delito no requiere lucro o ganancia por parte del empleado público. Basta con que éste perjudique el patrimonio administrado. O sea, aún cuando Donoso no haya obtenido ningún beneficio económico de su actividad, de todas formas subsiste el delito, que es lo que Donoso hizo al impedir que el INIA siguiera cumpliendo con sus funciones en la forma en que venía haciéndolo”, dice.

Con todos estos antecedentes, los sindicatos del INIA llegaron a un acuerdo con Donoso en diciembre pasado: no más despidos, no más prácticas para privatizar la institución. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, a poco andar los actos del director del instituto volvieron a surgir y alimentar el miedo entre los trabajadores.

“Poco después de llegar al acuerdo, él siguió con la campaña de jubilar a los investigadores, muchos de ellos con puestos claves porque tienen investigaciones asignadas y que sin ellos no se pueden realizar. Tratamos de conversar con él, pero nos dio dos requisitos: juntarnos por separado con él y retirar la querella”, dice Alfonso Valenzuela, presidente del sindicato de trabajadores de INIA.

Información privilegiada

Al despido de destacados investigadores agrónomos e ingenieros y la petición de créditos a la banca privada sin autorización del consejo del instituto, precisamente para pagar los finiquitos e indemnizaciones a los investigadores despedidos o obligados a jubilar de forma anticipada -situación avalada por el Minagri– (ver descargos del ministerio más abajo), los trabajadores acusan a Donoso de que habría entregado información privilegiada a uno de las empresas privadas que participa en la venta de semillas. Hecho que motivó a la ampliación de la querella que interpusieron.

Según los trabajadores, se trata de un catálogo del total de semillas ingresadas a nombre del INIA desde que fue creado en 1964, el que habría sido entregado a Anasac, empresa controlada por la familia Num, tercera en importancia en términos agropecuarios en Chile después de von Baer y el propio INIA.

Un traspaso de información estratégica celosamente cuidado durante años por el organismo dependiente del Estado, tomando en cuenta que la patente de esas semillas es el gran patrimonio de la institución, incalculable en términos mercantiles.

En la querella (ver documento adjunto al final de la nota) los trabajadores explican que Donoso inició una negociación con Anasac para entregar a esta empresa los derechos de comercialización de las variedades que tiene INIA a su nombre. En ese marco, habría ordenado al entonces jefe del área de insumos tecnológicos, Belfor Portilla Rodríguez, a entregar información sobre los costos de producción de las variedades y otros datos relevantes a los representantes de Anasac, según dice la ampliación de la querella. Posterior a eso, Anasac desestimó el negocio y Donoso, a nombre de la dirección de INIA, envió invitaciones a otras empresas a participar como accionistas de una nueva empresa llamada Seed Innovation S.A., con la cual no ha establecido qué tipo de relación tiene.

“Las semillas generan un valor que no es estimable. Nosotros somos los registradores de semillas por ley en Chile. Tenemos bancos de germoplasma donde están guardadas todas las semillas que se encuentran en el país. Eso es estratégico y el INIA, como organismo del Estado, es el dueño de todo ese material genético. Es un tesoro. Imagínate eso en manos de privados”, dice Víctor Kramm, uno de los representantes de los cuatro sindicatos que tiene el instituto.

Los descargos de Agricultura

Sin embargo, desde el ministerio de Agricultura rechazan las acusaciones y argumentan uno a uno los puntos que denuncian en la querella. Mediante una declaración enviada a The Clinic Online, el Minagri argumenta que el actual gobierno heredó la institución con un déficit mayor a 4 mil millones de pesos, por lo cual determinó que gran parte de ese déficit se debía a la sobredotación del personal (duplicación de funciones) y a la realización de actividades distintas a la investigación y a la transferencia tecnológica.

Por este motivo, se desvinculó a 72 personas (en la querella se asegura que son 74) de un total de 1.084 funcionarios (10 administrativos, 20 técnicos, 30 investigadores, 8 profesionales y 4 operarios), cada uno con su indemnización respectiva. Su despido tuvo un costo superior a los 2.300 millones de pesos, el que será cubierto por un crédito tomado por el INIA y los ahorros que significan “una menor dotación”.

Además, dicen que los despidos se remitieron a una evaluación interna “ya que el análisis a la fecha de las desvinculaciones y hasta la actualidad comprobó la duplicación de funciones al interior de la Institución”.

Anteriormente, los querellantes y fuentes citadas en el reportaje explicaron a The Clinic Online que la mayoría de las investigaciones son hechas a nombre de los investigadores y no en todos los casos se puede transferir a otro trabajador del instituto. De no hacerse, los fondos provenientes de organismo como Conicyt, Innova y FIA se devuelven, disminuyendo el total del presupuesto anual de la institución.

Si bien la declaración del Minagri dice que en los despidos “no hay ninguna consideración de orden político”, pues se ejecutaron después de una evaluación, los trabajadores señalan que uno de los ítemes con mayor puntaje en la evaluación interna era un punto llamado “compromiso con la institución”, el cual fue sometido a puntaje por sus superiores bajo aspectos desconocidos por los empleados.

Por último y respecto a la entrega de información privilegiada a Anasac, el ministerio de Agricultura no respondió las consultas. Así como tampoco lo hizo el acusado, Guillermo Víctor Donoso Harris, a quien The Clinic Online intentó ubicar, pero no respondió los llamados.

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