“Policías de migración”: Las críticas al Gobierno por su propuesta para que entidades de salud y educativas reporten migrantes irregulares

“Algunos dicen ‘oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300 mil migrantes’. Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal el mensaje“. Eso dijo ayer el Presidente José Antonio Kast, desde un evento de la Cámara Chilena de la Construcción, al referirse a una de sus promesas de campaña —la de expulsar a los inmigrantes irregulares en su Gobierno—, frase que le valió de críticas en el mundo político por minimizar su compromiso adquirido en su camino a La Moneda.

Sin embargo, en la misma jornada en que Kast reducía las expectativas, en la comisión de Gobierno del Senado, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), daba a conocer de una primera norma legal para identificar a extranjeros que no se encuentren con su documentación regularizada para estar en el país.

En el Legislativo, al abordar un proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas, Pavez presentó una indicación en la que se obliga a las instituciones de salud, previsionales o de educación a que informen a las autoridades respectivas sobre los migrantes irregulares que realicen un trámite en tales entidades. La idea fue presentada junto al director de Migraciones, Frank Sauerbaum (RN).

“Es importante que el Estado sepa quienes ingresan. Y esta modificación cumple ese propósito”, sostuvo el subsecretario a La Segunda.

La norma señala que “todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, estarán obligados a entregar a la autoridad administrativa migratoria y contralora los antecedentes que éstas requieran, incluidos el domicilio, teléfono, correo electrónico y demás datos pertinentes, respecto de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación“.

La medida, prevén desde La Moneda, iría en la línea que establecía la promesa de campaña, y por la que Kast se abrió un flanco al denominarla como “metáfora“.

Críticas de la oposición al Gobierno: “Esto es contrario a las obligaciones del Estado en DD.HH.”

La noticia de la gestión de Pavez en el Senado con la enmienda respectiva provocó una rápida reacción en figuras del Frente Amplio.

La exministra de la Mujer Antonia Orellana, por ejemplo, salió rápidamente a cuestionar la jugada del Gobierno. A través de sus redes sociales, ironizó: “¿Cargándole a la trabajadora de admisión del CESFAM la responsabilidad de hacer cumplir su ‘metáfora’?“

No fue la única mujer de esa colectividad en cuestionar la medida. La diputada Lorena Fríes, jefa de bancada del Frente Amplio, señaló que lo ideado por La Moneda “es contrario a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos de las personas migrantes”.

Y afirmó: “Señores, no toda persona migrante irregular es delincuente“.

Por su parte, diputado Matías Fernández (Frente Amplio), integrante de la comisión de Salud, sostuvo que desde el Gobierno “no solo quieren transformar a funcionarios de educación y salud en policías de migración, sino también arriesgan la salud de la población con menos personas que irán a vacunarse, pero además condenando la niñez migrante a no tener escolarización”.

“Son un desastre de Gobierno“, remató el parlamentario.

Quien también se manifestó en contra fue el senador José Luis Castro (PS). El médico de profesión sostuvo a The Clinic que “tiene que haber un estándar para que la persecución del migrante irregular sea fuerte, respetando los principios básicos de los accesos a sus derechos esenciales en salud y educación”.