La ciudad de los símbolos de invierno

¿Puede un Gobierno, por la sola voluntad de su ministro del Interior, prohibir a un puñado de ciudadanos juntarse y reunirse en la acera pública o en una calle en particular?

En absoluto. Eso es completamente ilegal. No existe ninguna norma que lo autorice, ni a él, ni a ninguna otra autoridad a restringir de ese modo tan intenso –en la práctica con su supresión- un derecho reconocido por la Constitución.

La Constitución garantiza a todos los ciudadanos:

“El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas”.

Si tal como lo leyó, “sin permiso previo”.

De este modo, lo que Hinzpeter hace y la cadena de autoridades que lo siguen, es un fraude perfecto a la Constitución: dicen protegerla, en especial, el orden público en ella contemplada, cuando en rigor, están vulnerándola y gravemente.

La ley chilena, a diferencia de la actitud de Hinzpeter, protege especialmente a los ciudadanos y su derecho a reunión frente a los abusos de poder –como los de estos días-, y considera como delito el hecho que un “empleado público que arbitrariamente: prohibiere o impidiere una reunión o manifestación pacífica y legal o la mandare disolver o suspender” (art. 158 del Código Penal).

De este modo, para que lo entienda, por ejemplo, la Intendenta de Santiago, es ella quien esta al margen de la Constitución y no los ciudadanos que se reúnen y protestan, y que sin mediar acto que pudiera considerarse constitutivo de falta o delito –como el bloqueo de calles-, proceden a ser disuelto por Carabiernos con la excusa de “no tener autorización” para marchar por la Alameda. Aunque dudo que la disciplinada Intendenta lo entienda, en ningún estado de derecho democrático del mundo se exige autorización previa a los ciudadanos para reunirse.

Ella y otros, como su jefe, creen tener un buen argumento. Dicen y repiten que todo lo justifica un decreto que regula las manifestaciones públicas, y exige la autorización previa (Decreto Supremo 1086 de 1983).

Menudo argumento.

Ese reglamento –el mismo que utilizaba Pinochet para reprimir las protestas por democracia- no puede –eso lo sabe cualquier primerizo en derecho- eliminar una garantía constitucional. Para decirlo en corto: permite regular el derecho de reunión, no suprimirlo.

Y ello, porque la Constitución exige que la regulación de un derecho fundamental, en este caso, el de reunión, debe siempre respetar su contenido esencial (art. 19 numero 26).

La pregunta es obvia:

¿Respeta Hinzpeter la Constitución que le ordena garantizar el derecho de reunión pacifica sin permiso previo, al prohibir a los ciudadanos simplemente caminar, reunirse o protestar por una calle determinada sin mayores justificaciones?

Ni un poco. Hace tabla raza.

¿Y el orden público?

El orden público no equivale a los duendes que habitan en la cabeza de Hinzpeter y sus seguidores. Para utilizarlo como justificación de algo tan grave como restringir el derecho constitucional de reunión, el Ministro tiene que dar muchas y mejores razones que “el tiempo de las marchas se acabo”. Y el Ministro, es obvio, carece completamente de ellas. Su motivación para suprimir a miles de chilenos su derecho a reunirse en la Alameda es simplemente política: no seguir viendo al Príncipe caer por el precipicio.

¿Y los daños provocados por algunos exaltados?

Nadie puede pretender que el sacrificio de esos daños lo soporten los miles de ciudadanos que ejercer su legítimo derecho de reunión y de protesta en forma pacifica. De hecho, al revés de lo que suele sostenerse, la existencia de esos daños es de responsabilidad directa del Ministro del Interior, quien debería estar en condiciones de prevenirlos y detenerlos (no era este, acaso, el gobierno de los mejores).

Es jurídicamente improcedente que los ciudadanos deban sacrificar uno de sus derechos fundamentales por la incompetencia del Ministro del Interior.

En todo caso, no creo que nada de esto le importe a Hinzpeter.

Sus motivaciones son puramente ideológicas –lo suyo es criminalizar la protesta social y política- y en estos días parece haber cumplido un viejo sueño.

Su esquizofrénica idea del orden público ha sido cierto por unos días: la Alameda ha quedado clausurada para los ciudadanos que, incluyendo a los inútiles subversivos, no tiene posibilidad de reunirse ni expresar su posición política en las decisiones que los afectan, en la calle, valga repetirlo, más simbólica de Chile.

Como diría el trovador, es el Santiago de los símbolos de invierno.