Mientras la fiscalía federal acelera los preparativos para presentar ante el juez al único detenido por el atentado de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, todavía gravemente herido, el Gobierno de Barack Obama es objeto de fuertes presiones para que el sospechoso sea tratado como un “combatiente enemigo” y sometido a la justicia militar, incluso enviado a Guantánamo.

Al mismo tiempo, los responsables de la acusación tratan de juntar las piezas que les permitan solicitar una condena de pena de muerte, lo que exigiría, entre otras muchas demandas de carácter jurídico, trasladar el caso fuera de la circunscripción actual, puesto que en el estado de Massachusetts no es legal la pena de muerte.

Esa y otras limitaciones de la justicia civil ha llevado a algunos destacados miembros del Congreso a solicitar a Barack Obama que el juicio sea trasladado al ámbito castrense y que Tsarnaev sea procesados por una comisión militar similar a las que han juzgado en el pasado a los presos de Guantánamo.

Los senadores republicanos John McCain y Lindsay Graham han reclamado que no se conceda al detenido los derechos que le corresponde a cualquier acusado en EE UU y que sea tratado como los capturados tras los ataques del 11 de Septiembre. “Bajo la ley de la guerra, podemos retener a este sospechoso como un potencial combatiente enemigo, sin que haya que leerle sus derechos o nombrarle a un abogado. Nuestro objetivo en esta coyuntura crítica debería de ser el de recabar información para proteger a nuestra nación de futuros ataques”, han manifestado los dos congresistas en un comunicado.

El fiscal general, Eric Holder, no se ha pronunciado aún sobre esta polémica, pero sus movimientos indican que la voluntad del Gobierno es la de conducir el caso a través de la justicia ordinaria. Se espera en cualquier momento la comparecencia del detenido ante el juez para presentar formalmente los cargos en su contra, lo que ocurrirá, seguramente, en el hospital debido al estado en que se encuentra. Eso deberá de ir acompañado del nombramiento de un abogado y del establecimiento de los plazos para que, primero, se decida sobre la libertad provisional del sospechoso, que, por supuesto, está descartada, y de la creación del gran jurado –la primera instancia de un proceso criminal- que decida sobre su situación en, aproximadamente, 30 días.

Hasta ahora, sin embargo, el caso de Tsarnaev ha sido tratado con la excepcionalidad que la Administración otorga a las circunstancias específicas de terrorismo. No se le leyeron en el momento de su arresto lo que en este país se conoce como “derechos Miranda” –tiene derecho a guardar silencio y cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra- ni se le ha facilitado en las primeras horas la asistencia de un letrado.

 

Siga leyendo aquí