Diputados megafachos querían que el Instituto de DDHH no fiscalizara a los pacos, pero la Contraloría les hizo flor de tapa

El 21 de septiembre de 2012 la Contraloría autorizó a los funcionarios del Instituto de Derechos Humanos (INDH) para que pudieran ingresar tanto a las micros de Carabineros y sus respectivos cuarteles, para constatar si se estaba cumpliendo el respeto a las garantías constitucionales con los detenidos en las manifestaciones sociales.

El dictamen 58.070 fue en ese sentido toda una revelación, no sólo porque el organismo fiscalizador interpretó ampliamente las facultades del INDH, sino también porque los hombres de verde se allanaron calladitos y se coordinaron con los funcionarios del instituto.

Sin embargo, tres diputados megafachos -María Angélica Cristi (RN) y los UDI Cristián Letelier y Gustavo Hasbún- estimaron que los pacos no podían ser interrumpidos en la actividad represiva que les entrega la Carta Fundamental, como los poseedores del monopolio del uso de la fuerza y los mantenedores del orden público.

Por lo anterior recurrieron a la entidad dirigida por Ramiro Mendoza con el fin de que se revocara el criterio. Para ello expusieron argumentos que lindan en la ingenuidad. Por ejemplo que los funcionarios del INDH no tenían garantizada su seguridad en los vehículos policiales. Y además, que los detenidos al estar en condiciones de aislamiento, difícilmente podrían ser objeto de abuso policial.

No contentos con lo anterior, indicaron asimismo que los vehículos de Carabineros, llámese cuca, zorrillo o micro, como también las comisarían, eran recintos de carácter militar, por lo que el INDH no podía ingresar por ningún motivo, ya que el código de justicia que rige a los uniformados así lo señalaba expresamente.

Incluso arguyeron también que la ley que creó al INDH no le entregaba las facultades para entrar a los vehículos, porque ni los mismos parlamentarios al crear el cuerpo normativo le otorgaron esas atribuciones y que por tanto el dictamen de Contraloría –en suma- se pasaba por la raja el “principio de juridicidad”.

Estrategia fallida

La Contraloría le dio traslado a los pacos para que entregaran su versión de cómo ha sido la relación con el INDH y dijeron que coordinaciones más o menos, la cosa ha funcionado bastante bien, pero que estimaban que la Contraloría debía ser más específica para evitar duplicidad de funciones. En igual línea estuvo el Ministerio del Interior. En lo sustancial le respondió a la entidad de control que no debía interpretar de forma tan laxa las facultades del INDH, para evitar que los funcionarios ingresaran a los vehículos y determinar si se violaban los derechos humanos de los detenidos.

No hay como saberlo, pero del tono del dictamen que le dio respuesta a la petición de Cristi, Letelier y Hasbún, se puede colegir que la Contraloría se enchuchó. El dictamen firmado por Mendoza -se asegura que lo revisó personalmente- les recordó a los congresistas que la ley facultaba a los personeros del INDH “para ingresar a recintos públicos donde una persona esté o pueda estar privada de libertad”. En otras palabras les indicó, lean bien la ley antes de hacer una presentación.

“En estas condiciones no cabe entender (…) en el ámbito de la colaboración regulada en el inciso primero, ni se advierte de qué manera el uso de esta facultad necesariamente traería consigo la imposición a otras entidades públicas de obligaciones ajenas a sus disposiciones orgánicas, sin perjuicio de la coordinación que debe existir al respecto (…)”, señala el documento.

El dictamen también les indica a los parlamentarios oficialistas que la Contraloría malamente podría meterse en la raja el “principio de juridicidad”, ya que para adoptar la decisión que recurrieron, no sólo se basó en la Carta Fundamental, sino también en “instrumentos internacionales en materia de derechos humanos”

Y al final del rechazo a la presentación de Cristi, Hasbún y Letelier el documento constata que no cabe sino “desestimar la petición formulada por los parlamentarios ocurrentes y ratifica en todas sus partes ese pronunciamiento”. Toma.

Lea aquí el dictamen completo