El vergonzoso prontuario legislativo de la UDI: La cruzada contra la ley de divorcio

Hace sólo diez años atrás, el 7 de mayo del año 2004 el Presidente Ricardo Lagos promulgó la nueva ley de matrimonio civil que incorporó la figura del divorcio. Lo hizo luego de que el proyecto estuviera por nueve años en el Congreso, periodo en que la UDI se opuso tenazmente a esta regulación. “Es un paso gigantesco que fortalece a la familia, que da mayor protección a los hijos, que pone fin a la dura situación de muchos compatriotas que habiendo tenido la triste experiencia de un fracaso matrimonial se encontraban imposibilitados de rehacer su vida familiar”, dijo Lagos.

La iniciativa, que en distintas etapas de su discusión fue votada en contra por parlamentarios como la UDI Marcela Cubillos y el RN Andrés Allamand -que posteriormente se separaron de sus parejas de la época y hace unos años se casaron-, fue presentada por el Gobierno de Eduardo Frei que patrocinó un proyecto que buscaba regular las separaciones a través de una Ley de Divorcio. En el informe sobre la iniciativa se consignó que la iniciativa era presentada “bajo la firme convicción de estar contribuyendo a resolver una grave deficiencia de nuestra legislación, que ha originado complejas situaciones sociales (separaciones de hecho, concubinato, etc.) producto de la deficiente regulación de las rupturas matrimoniales”.

Además se insistía en que la opción existente hasta el momento, es decir, la nulidad del matrimonio, era ineficiente y insuficiente: “persistir en la actual prescindencia legislativa frente a estos hechos no hará más que agravar el presente estado de cosas, en perjuicio sobre todo de la mujer, que vive una situación más desfavorable en nuestra sociedad, y los hijos. Nosotros como legisladores hemos decidido asumir la responsabilidad que nos corresponde”.

Los efectos (del divorcio) recaen , principalmente, sobre los hijos de matrimonios separados y se relacionan con temas como la pobreza, drogadicción, criminalidad, inestabilidad emocional y tendencia en los jóvenes a no formar familias estables en el tiempo”. Informe de Libertad y Desarrollo.

Antes de que lograra modificarse la Ley de Matrimonio Civil, las parejas que quisieran disolver su matrimonio debían acudir a un tribunal e inventar alguna causal que estableciera que en realidad no hubo matrimonio. Es decir, señalar que el domicilio declarado por alguno de los contrayentes al momento de casarse no correspondía a la circunscripción del oficial del Registro Civil, por ejemplo.

El problema es que sólo quienes tenían acceso a pagar un abogado podían hacer el trámite, ya que la Corporación de Asistencia Judicial no hacía este proceso. Además, ni la pensión de alimentos ni la tuición de los hijos quedaban reglamentadas.

El proyecto

En su título V la Nueva Ley de Matrimonio Civil incluía el polémico divorcio vincular. Esto es, solicitado por una de las partes. En el artículo 54 se disponía que “será motivo de divorcio, hallarse uno de los cónyuges permanentemente en una situación o adquirir una conducta que contradiga gravemente los fines del matrimonio o lo inhabilite para alcanzarlos de una manera compatible con la naturaleza del vínculo”.

Entre las razones de incompatibilidad, el proyecto señalaba tres casos: “Si uno de los cónyuges hubiere sido condenado por atentar contra la vida o el honor del otro, sus ascendientes o descendientes. (2) Si uno de los cónyuges padeciere una enfermedad grave, incurable y contagiosa que pone al otro en la disyuntiva inevitable de evitar la cohabitación o padecer un grave peligro de contagio. (3) Si uno cualquiera de los cónyuges lleva a cabo conductas homosexuales.”

En nuestro país está ampliamente comprobada la mayor frecuencia de consumo de sustancias adictivas entre adolescentes de padres separados, como asimismo una serie de conductas vandálicas o que han sido víctimas de maltrato”. María Angélica Cristi, ex diputada de la UDI.

Además, en el Artículo 55 se incluía que “habrá lugar al divorcio si uno de los cónyuges acredita que el otro ha ejecutado actos o incurrido en omisiones que constituyen una violación grave y reiterada de los deberes matrimoniales que haga intolerable el mantenimiento de la vida en común.” Sin embargo, también mantenía el divorcio luego de transcurrido un “lapso continuo mayor de dos años, desde que se aceptó por parte de ambos cónyuges el cese de la convivencia.”

Aunque los parlamentarios que introdujeron la moción señalaron claramente que no se trataba de “promover el divorcio porque la ley lo permita, ni de admitir que el matrimonio es “desechable” o a “plazo””, los argumentos contra la ley fueron mayoritariamente en ese sentido.

Fue el Instituto de Libertad y Desarrollo el que introdujo las primeras argumentaciones contra la ley cuando fueron citados a la Comisión de Familia para exponer sus puntos de vista: “los efectos recaen, principalmente, sobre los hijos de matrimonios separados y se relacionan con temas como la pobreza, drogadicción, criminalidad, inestabilidad emocional y tendencia en los jóvenes a no formar familias estables en el tiempo”.

Una de las diputadas que compartió esa visión fue María Angélica Cristi (UDI), quien en sesión señaló que el divorcio “facilita la irresponsabilidad matrimonial, transforma la crisis en rompimiento, impide a los padres educar juntos a sus hijos, aleja a la mujer del hogar y atenta contra su dignidad”. Además, sobre los hijos de padres divorciados, la parlamentaria agregó que éstos “presentan mayores problemas conductuales que los de familias intactas. La relación del niño con el nuevo cónyuge puede ser dramática y conflictiva. El divorcio expone a los niños a un mayor riesgo de maltrato y abuso. El divorcio de los padres estimula el de los hijos”.

No sólo eso, sino que aludió al estigma social del que son víctimas los hijos de padres separados como una de las razones para no aprobar la ley. También dijo en esa ocasión que “en nuestro país está ampliamente comprobada la mayor frecuencia de consumo de sustancias adictivas entre adolescentes de padres separados, como asimismo una serie de conductas vandálicas o que han sido víctimas de maltrato”.

El divorcio se interpone entre la mujer y sus legítimas aspiraciones de felicidad”. María Angélica Cristi, ex diputada UDI.

Sin embargo no terminó ahí su argumentación, ya que Cristi también aludió al rol de la mujer en un matrimonio y su derecho a la alegría: “ser madre de un hogar bien constituido y poder educar a sus hijos son principios esenciales de la realización de la mujer, especialmente de aquellas que optan por dedicarse de manera exclusiva a la familia. Son miles de dueñas de casa de nuestro país para quienes su familia es, literalmente, toda su vida. El divorcio se interpone entre la mujer y sus legítimas aspiraciones de felicidad”.

La opinión de Cristi fue compartida por algunos de sus compañeros de partido, entre ellos, el ex vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, quien se refirió a los “efectos nocivos en los hijos” y en la sociedad, así como el aumento de la desigualdad: “la propensión al abandono escolar es más del doble en el hijo que proviene de un matrimonio destruido. Por lo tanto, no sólo trae consigo mayor pobreza a la sociedad, sino que menores oportunidades y mayores problemas emocionales y conductuales”, dijo en su intervención.

Y ahondó en ello refiriéndose a los supuestos problemas emocionales de los hijos de padres separados: “se generan problemas conductuales, psicológicos y delictuales; se rompe por completo uno de nuestros anhelos más importantes para el orden social, cual es la igualdad de oportunidades para valerse en la vida. Aquel que proviene de una familia destruida, lamentablemente -así se indica-, tiene menos oportunidades para valerse en la vida que el perteneciente a una familia bien constituida”. Para sus aseveraciones, Chadwick señaló basarse en el estudio del psiquiatra de la Universidad Católica Ramón Florenzano, el cual “señala que la propensión al consumo de marihuana del joven de hogar destruido es 16 por ciento superior a la de aquel que tiene un hogar bien constituido que alcanza al 11 por ciento. En drogas más fuertes es el 8 por ciento versus el 3 por ciento”, declaró el parlamentario.

La propensión al consumo de marihuana del joven de hogar destruido es 16 por ciento superior a la de aquel que tiene un hogar bien constituido que alcanza al 11 por ciento. En drogas más fuertes es el 8 por ciento versus el 3 por ciento”. Andrés Chadwick, ex diputado y ex senador de la UDI.

Por su parte, las preocupaciones del entonces diputado Alejandro García Huidobro (UDI), tenían que ver con el carácter temporal y “desechable” que la aprobación de esta ley le impondría al matrimonio: “dígase lo que se diga, el divorcio convierte la unión del hombre y de la mujer en algo provisorio”, señalaba en la sesión del jueves 23 de enero de 1997. Su intervención, sin embargo, la comenzaría de forma mucho más dramática al citar la visita del Papa Juan Pablo II a Valparaíso: “No os dejéis invadir por el contagioso cáncer del divorcio que destroza la familia, esteriliza el amor y destruye la acción educativa de los padres”, recordó el diputado asegurando que este proyecto podría “traer consecuencias nefastas para nuestra sociedad”.

Muchos otros, destacaron también el Artículo 1º de la Constitución, que establece a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad: “entonces, corresponde al legislador y a la comunidad nacional discernir qué norma o realidad la vulnera”, señaló Patricio Melero (UDI). Y si bien el parlamentario se declaró “absolutamente contrario al divorcio con disolución de vínculo”, también agregó: “puedo admitir la necesidad de debatir -de hecho hoy lo hago- sobre este principio básico, porque si no está aclarada, la discusión carece, a mi juicio, de un elemento común del cual partir”.

Se ha agraviado a la Iglesia a la cual pertenecemos. Esos agravios contribuyen, de una manera muy grande, a fortalecer todavía mucho más nuestra fe y nuestra filial adhesión -en nuestro caso- a la Santa Madre Iglesia Católica”. Carlos Bombal, ex senador UDI.

Por otra parte, quienes estaban a favor de la ley, es decir los “divorcistas” -así le llamaron sus opositores-, señalaban que la religión o los dogmas católicos no tenían cabida en la discusión. Esta fue la postura del UDI, Iván Moreira -hoy evangélico-: “no puedo entender que en la Cámara, donde debemos legislar en forma libre, algunos colegas demuestren un grado de fanatismo religioso jamás visto, utilizando, incluso, algunas partes de la Biblia para fundamentar sus argumentos contrarios a una ley de divorcio, en circunstancias de que esta misma Corporación -esto es lo más delicado- aprobó hace algún tiempo la ley de libertad de culto”.

El parlamentario se declaró abiertamente a favor del proyecto y además insistió en que los credos religiosos no tenían cabida en la discusión: “tenemos que mirar al país y decirle que somos capaces de aceptar que las personas decidan la forma en que quieren construir su vida. Ahora es el momento de aceptar con tolerancia y con respeto que los dogmas de algunos no se pueden sostener sobre la espalda de los demás”. Además señaló la hipocresía de las autoridades eclesiásticas que a través de los medios de comunicación enviaban mensajes a los parlamentarios señalando que eran malos católicos quienes votaban a favor de la ley de divorcio: “¡No obstante, cuando los hijos de padres separados desean ingresar a un colegio católico, se les niega el acceso a ellos por tener esa condición! Me pregunto, ¿es eso ser buen católico? Aquí hay demasiadas incongruencias y poca consecuencia”.

Me cuesta comprender que, a partir de esta realidad, de esa minoría que tiene problemas con sus matrimonios, se pretenda debilitar una institución que todos consideramos de carácter fundamental”. Jaime Orpis, senador UDI.

Sin embargo, la interpelación hacia el argumento religioso no fue bien recibido por todos los legisladores. Entre ellos, el UDI Carlos Bombal -contrario al proyecto-, finalizó su intervención diciendo: “aquellos que profesamos una fe hemos recibido esta mañana agravios; incluso, se ha agraviado a la Iglesia a la cual pertenecemos. Esos agravios contribuyen, de una manera muy grande, a fortalecer todavía mucho más nuestra fe y nuestra filial adhesión -en nuestro caso- a la Santa Madre Iglesia Católica”.

Jorge Ulloa fue otro de los que defendió el uso de referencias bíblicas para aportar al debate, señalando que la Biblia no sólo es parte de los católicos, sino que también en ella “está impresa la historia del mundo y de Chile”. De la misma forma interpeló a los católicos que desoían las instrucciones papales y refutó a quienes señalaban que la mayor parte del país estaba de acuerdo con legislar sobre el divorcio: “y si acaso creen que siempre la mayoría tiene la razón, entonces, ¿cómo explican que Cristo haya sido crucificado por una mayoría?”

Lo que sí resultó mayoritario entre quienes se opusieron a este proyecto fue la argumentación de que el divorcio deterioraba la familia y no cooperaba en fortalecerla.

Una concepción individualista comienza por aceptar el divorcio; sigue por aminorar el valor de los hijos y termina por aceptar el aborto. Todo ello, como consecuencia lógica del principio de que somos dueños de disponer absolutamente de nuestras relaciones de familia”. Claudio Alvarado, ex diputado UDI.

Así lo planteó el UDI Claudio Alvarado: “a mi juicio, el divorcio debilita la institución del matrimonio y, por ende, también a la familia, por razones muy claras. En el momento en que el matrimonio pasa a ser una unión cuya mantención depende de la sola voluntad de los cónyuges, de uno o de ambos, su naturaleza cambia a la de un simple contrato civil, de características precarias, cuya duración es incierta y, por lo mismo, su grado de compromiso y entrega pasa a ser menor que frente al matrimonio indisoluble”. Alvarado además agregó que “una concepción individualista comienza por aceptar el divorcio; sigue por aminorar el valor de los hijos y termina por aceptar el aborto. Todo ello, como consecuencia lógica del principio de que somos dueños de disponer absolutamente de nuestras relaciones de familia”. También agregó que era contradictorio pretender defender a la familia y a la vez dar facilidades para que las parejas establecieran nuevas relaciones matrimoniales luego de quebrada la anterior.

Por su parte, Jaime Orpis se refirió a una mayoría de matrimonios “bien constituidos. Me cuesta comprender que, a partir de esta realidad, de esa minoría que tiene problemas con sus matrimonios, se pretenda debilitar una institución que todos consideramos de carácter fundamental”.

Sin embargo fue el RN, Alberto Cardemil, quien pareció ahondar en esa idea, señalando que “al legislador no le corresponde ir a la zaga de la sociedad, solucionando problemas como asistente social o recogiendo, muchas veces, como decía don Jorge Alessandri, sus detritus, sino plantear principios, precisamente el deber ser, lo que queremos para la sociedad del mañana, el país que debemos construir para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos”. También vaticinó la catástrofe que perseguiría al país de aprobarse el proyecto, el cual daría un “golpe mortal a una acción civilizadora de siglos”. “De aprobar la Cámara el divorcio se estará dando un paso decisivo en la descristianización del país, que es lo mismo que su desculturización”, finalizó.