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Una multimillonaria multa de unos 42 millones de dólares ($24.261.282.284), más intereses al fisco, deberán pagar los herederos de Luis Fernando Mackenna, uno de los ex controladores de Enersis, que resultó sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en el marco del Caso Chispas en 1997, tras la fallida primera venta de la eléctrica a Endesa España

Esto, luego de que la Tercera Sala de la Corte Suprema acogiera una demanda de “cobro de pesos” interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la sucesión del mencionado ejecutivo.

La Segunda recuerda que el 21 de noviembre de ese año (1997), la SVS multó al entonces presidente de la compañía, José Yuraszeck, junto a sus ex socios en Enersis Marcos Zylberberg, Luis Fernando Mackenna, Marcelo Brito, Arsenio Molina y Eduardo Gardella, por negociación incompatible, luego de que el grupo de controladores logró obtener un desmedido precio de sus acciones, en desmedro de los minoritarios.

Las multas totales alcanzaron los 75 millones de dólares, sanción que fue ratificada por la Suprema el 7 de julio del 2005.

La viuda y ocho hijos de Mackenna, entre ellos el poeta y conductor de televisión Pablo Mackenna, habían logrado evitar el pago de la multa hasta esta resolución.

“El acto administrativo que aplicó la multa al Sr. Mackenna produjo sus efectos de manera inmediata, esto es, en el acto de su notificación aquél pasó a ser deudor de la multa y tal obligación se incorporó a su patrimonio, de lo que se sigue que el cumplimiento de la obligación allí contenida podía -y aún puede- serle exigido a contar del día de su notificación, a menos que la ley disponga la suspensión de la exigibilidad de aquella”, dice el fallo que concluye que “resulta claro que los efectos del acto administrativo que impuso la multa al Sr. Mackenna se radicaron en su patrimonio al momento en que fue notificado de la misma, de modo que la cuestión jurídica de autos no pasa por estimar que la multa se extinguió con la muerte de aquel y que, en caso contrario, implicaría desconocer el carácter personalísimo de las penas y la intransmisibilidad de las mismas, sino que reside exclusivamente en un problema de mero endeudamiento, esto es, se traduce en una discusión en torno a la existencia y vigencia del crédito cuyo pago reclama el actor”.