délano

“Se hueviaron a los auditores de Deloitte que pidieron las carpetas de importación para ver las mercaderías en tránsito y les pasaron otras… y los huevones chequearon”, comentó Hugo Bravo a Carlos Eugenio Lavín, el 7 de septiembre del año pasado, en un audio que el ex Gerente General de empresas Penta entregó posteriormente a la fiscalía.

La afirmación de Bravo había pasado colada hasta la semana pasada cuando su abogada, Catherine Lathrop, solicitó nuevas diligencias que fueron acogidas por la Fiscalía Oriente.

La idea de Bravo es desmarcarse de las acusaciones de sus ex patrones que, en sus declaraciones, califican como un “error” que el directivo haya tenido el control absoluto de la chequera de la empresa. Algo así como, en lenguaje coloquial, haberse arrancado con los tarros.

La estrategia busca que la empresa Deloitte, auditora por más de dos décadas del holding, entregue antecedentes sobre las revisiones que realizó a la empresa y donde, acusa Bravo, habrían sido engañados por los dueños Penta.

Lathrop, además, habría solicitado al fiscal Gajardo que cite a declarar al contralor de la empresa, Rodrigo Muñoz Fontaine quien, según Bravo, habría sido despedido por “los Carlos” luego de descubrir algunas irregularidades en diversas áreas del holding. La pelota quedó dando botes y el fiscal Gajardo fue el primero en tomarla. Las diligencias se realizarán en los próximos días.

Echeverría

No está claro con exactitud cuándo comenzó la relación laboral entre Penta y Deloitte, pero sí que para 1995 la auditora ya había comenzado a revisar los números del grupo económico. Ese año, Délano y Lavín -que ya eran dueños del 50% de Isapre Vida Tres, de la totalidad de Cuprum, y de un porcentaje no menor de las acciones del Banco de Chile-, decidieron consolidar sus inversiones bajo una estructura que daría vida a lo que hoy es el grupo Penta: fusionaron la empresa Administraciones e inversiones Penta Limitada –matriz de todos sus negocios- con una compañía llamada Columbo S.A., empresa que no tenía trabajadores y cuyo único atractivo era una abultada pérdida que alcanzaba los 15 mil millones de pesos. Antes de materializar la reestructuración, la operación fue revisada por Juan Echeverría González, perito y socio de Deloitte.

Echeverría entregó su informe el 29 de abril de 1996. Su análisis fue clave para materializar una fusión que, de la noche a la mañana, transformó a Penta en una empresa con pérdidas, para así evitar el pago de impuestos. Según otro informe que Echeverría entregó en diciembre de 1996, Penta no solo se había ahorrado millones de pesos en impuestos, sino que también obtuvo más de 1700 millones de pesos del SII por una devolución del crédito de primera categoría.

Echeverría se convirtió en auditor externo de Penta, con cuyos informes se confeccionaban los balances anuales del holding. A comienzos de diciembre del año 2000, Deloitte nuevamente asesoró a Délano y Lavín en otra nueva fusión. Esta vez, Empresas Penta se fusionó con Inversiones Río Teno, sociedad relacionada del quebrado Banco Español-Chile que había acumulado 20 mil millones de pérdidas. El informe que Echeverría elaboró sobre Río Teno nuevamente fue clave para que los dueños del grupo dieran luz verde al negocio. El 8 de diciembre de 2000, Penta se había transformado nuevamente en una empresa con pérdida tributaria. Siete días después, dicha contabilidad absorbió más de cien millones de dólares que el grupo obtuvo por la venta de las acciones del Banco de Chile que le hicieron a la familia Luksic.

En el 2004, sin embargo, el SII objetó la fusión por considerarlas irreales. El asunto se zanjó con el pago de 4.800 millones de pesos, que Délano y Lavín cancelaron al fisco, por los impuestos que habían dejado de pagar.

En los años siguientes, Echeverría siguió auditando a Penta. No está claro, sin embargo, en qué momento dejó de hacerlo. Pero en junio de 2012 dejó su cargo en Deloitte y un mes después se integró al directorio de SMU, holding del retail del empresario Álvaro Saieh, y a quien Deloitte también auditaba. El cambio de trabajo de Echeverría generó múltiples dudas, pues el año pasado la auditora quedó en una compleja posición luego que se descubriera que no detectó los errores en la contabilidad de contratos de arrendamientos que detonaron la crisis de la empresa de Saieh.

El requerimiento de los abogados de Hugo Bravo busca, entre otras cosas, que Deloitte explique el trabajo que sus auditores realizaban para Penta. La ofensiva judicial podría dar luces de un panorama que hace rato se viene discutiendo: si las prácticas de la empresa, con miras a evitar el pago de impuestos, formaban parte de una estructura organizacional.

Comisión investigadora

La tesis planteada por la defensa del ex Gerente General de Penta ha estado presente en algunas aristas jurídicas, como la del abogado querellante del PS, Enrique Aldunate, quien ha sostenido que la empresa ha faltado a sus deberes de dirección, previsto en la ley sobre responsabilidad penal de la persona jurídica. Situación que podría refrendarse con las declaraciones de Bravo respecto a las carpetas que la empresa entregó a Deloitte.

-En el caso de ser efectivas estas denuncias uno podría confirmar que son expresivas de un defecto al interior de la organización, cometidas por los dueños, en actuaciones que se traducen en el propio provecho de la entidad- argumenta Aldunate.

El periodista Hugo Traslaviña, autor del libro “Llegar y llevar” sobre la estafa de la multitienda La Polar, comparte la visión de que cuando existe defraudación, operan inevitablemente estructuras. “Sea para ocultar una maquinaria fraudulenta o para generar más recursos. No cabe duda que en el caso Penta esto se venía haciendo por años. Obviamente que la gente que estaba adentro sabía el mecanismo. De hecho, quien pasó el dato para defraudar al fisco por vía del FUT fue un externo que le propuso a Penta hacer esta defraudación y se coludió con la empresa”, asegura.

Estas eventuales prácticas, sin ir más lejos, ya están en la mira del presidente de la Comisión Investigadora del caso Penta en la Cámara de diputados, el diputado Fidel Espinoza.
¿Cree que estamos en presencia de una estructura delictiva?

Lo que ha venido ocurriendo no son hechos aislados, es un modus operandi para defraudar al Estado y, con esos recursos, quedar bien con los políticos que luego eran presionados por las empresas para que les protejan sus intereses.

De ahí que Espinoza no descarte invitar a la comisión a los responsables de las auditorías a Penta. “Al ser entes privados no tienen la obligatoriedad de asistir, pero nosotros tenemos que abocarnos a tratar de buscar su comparecencia. Creo que pueden entregar antecedentes importantes”.

Intentamos obtener una declaración de Deloitte pero la empresa dijo que no “realizaría ningún tipo de comentarios”.