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Ya está dicho. Sergio Bustos, el hombre que con su denuncia laboral permitió que se destapara el Caso Caval, se está convirtiendo en una suerte de Hugo Bravo chico, luego que a medida que va soltando las papas -que según él hay en torno al negocio que armó la nuera de Bachelet- van apareciendo nuevos antecedentes que dan cuenta de la trama que hubo detrás.

Si ayer Bustos aseguró que habían tratado de comprar su silencio por 160 millones de pesos, este miércoles, en el marco de la demanda laboral que lo enfrenta con la pyme de Natalia Compagnon, dio luces sobre otro dato del meganegocio.

El asunto se trataría de un correo, que estaría en poder del fiscal Luis Toledo, que indaga eventual tráfico de influencia y uso de información privilegiada, en cuyo contenido se nombraría a una o más personas relacionadas con el Gobierno, como recoge la edición de este miércoles de La Segunda.

A la salida de la fallida audiencia de conciliación, el abogado de Bustos, Rodrigo Lillo, dijo que se trataría un correo de dudosa legitimidad, que no se entregará en el juicio laboral, pero que sí estaría en la documentación que tiene la Fiscalía de O’Higgins.

“Sí”, dijo escuetamente Bustos al ser consultado a la salida de la audiencia acerca de que si el correo había sido derivado al fiscal Toledo.

Este miércoles, Bustos y Caval no llegaron a acuerdo por los supuestos 14 meses de sueldo que asegura que adeudan, por lo que asunto será zanjado en un juicio el próximo 6 de abril.

En paralelo, hoy además un equipo de la Fiscalía, en compañía del OS-9 de Carabineros, incautó documentación en la Municipalidad de Machalí, donde entres otras cosas están los planos de los terrenos que compró la nuera de Bachelet.